Cuestionan la subida de impuestos y los nuevos requisitos a quien tenga más de cinco pisos
Los acuerdos en materia de vivienda suscritos entre el Govern y los comunes han causado malestar y preocupación entre empresarios y sector inmobiliario.
Tanto, que la imagen de ejecutivo business friendly con la que saludaron la investidura de Salvador Illa empieza a ser cuestionada. Así lo deslizaron ayer el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Libré, y el de la asociación de promotores y constructores (APCE), Xavier Vilajoana, en una comparecencia en la que cargaron con dureza contra algunas delas políticas residenciales que impulsa la Generalitat.
El motivo del enfado ha sido la batería legislativa que aprobó el martes pasado el Consell Executiu, en la que se incluye un decreto ley que, entre otras cuestiones,
prevé la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores (aquellos que tengan cinco o más pisos), sanciones a quien oculte información y la ampliación del derecho de compra preferente (tanteo y retracto) dela administración. También, el aumento del impuesto a grandes tenedores,
con el incremento del de transmisiones patrimoniales, para el que se crean nuevos tramos impositivos, tal y como presentó la consellera de Economía, Alicia Romero, el jueves pasado junto a la líder delos comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. Según el decreto que explicaron, se duplicará el tope máximo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP)del 10% al20%.
“Van en la dirección contraria de lo que pretenden”, insistieron Sánchez Llibre y Vilajoana durante su intervención desde la sede de Foment. Consideran que la nueva legislación, de aprobarse tal y como está prevista, “encarecerá” la vivienda en un momento en que los precios ya están subiendo debido a la falta de oferta y una demanda al alza.
“Queremos que la Generalitat escuche a los profesionales del sector y evitar que este decreto ley se apruebe” en las condiciones que se ha redactado, añadió el presidente de la patronal de las grandes empresas catalanas. Si no hay cambios, la medida se con validará en el Parlament e nel periodo de un mes. Por su parte, Vilajoana, visiblemente enojado, tachó estas iniciativas de la Generalitat de “ignorancia suprema” y lamentó que se demonice al sector. “Están trasladando su responsabilidad al sector privado”, insistió el presidente de APCE, al considerar que las diferentes administraciones no han invertido lo suficiente en vivienda pública en los últimos años.
Los empresarios lamentan que, tal y como están elaboradas estas medidas, se considerará gran tenedor también a un promotor de vivienda, y no solo al que adquiera los inmuebles en propiedad. De esta manera, sostienen, se aumentará la carga impositiva sobre la construcción y, por tanto, el precio final de los pisos. “El 25% de los costes de construcción son impuestos”, precisó Vilajoana. Desde que se dio a conocer este punto, afirmó, se ha disparado la preocupación y el desconcierto en el sector, con promotores que están frenando actividad al no saber seguro si a ellos se les considerará grandes tenedores también.
El presidente de Foment y el de los promotores piden que no solo se escuche a los comunes y ERC
Al empresariado le ha sorprendido asimismo que el Govern de Salvador Illa esté aumentando impuestos, cuando, recuerdan, el president se comprometió a no subirlos. Y observan cómo los socios de investidura le están marcando el paso en políticas de gran peso como la vivienda. “ERC y los comunes le han dado la investidura a Salvador Illa, pero a la hora de diseñar las políticas de futuro, pedimos que también escuchen al sector privado y a los especialistas para implementar una palanca económica”, reflexionó el presidente de Foment.
También en el lado de los propietarios de pisos ha saltado la alarma. Desde Asval, la asociación que agrupa 6.000 propietarios de vivienda en alquiler, de loscualesel95%sonparticulares y el resto empresas, consideran que aumentar el IPT “no contribuye a solucionar el déficit de vivienda existente”. Por ello, exigen que esta medida no se aplique a las viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo o a la mejora energética. Por su parte, la Asociacio de Propietaris de Catalunya recuerda que la comunidad ya tiene “el ITP más caro del Estado”. “La Generalitat no tiene política de vivienda propia, la que están aplicando es la de ERC y los comunes”, concluye su presidente, Sergi Llagostera.