Arrendadores, agentes de la propiedad inmobiliaria y cámaras de propiedad urbana ven excesivamente «intervencionista» los registros de grandes tenedores y de pisos vacíos y ocupados.
El sector inmobiliario está muy preocupado ante las nuevas medidas en materia de vivienda que ha anunciado la Generalitat. Entre ellas, el registro de grandes tenedores, cuyo decreto para regularlo prevé aprobar el Govern antes de que concluya este mes. En este punto, entidades del sector advierten del daño que podría comportar la difusión de «listas negras» si no se hacen anónimos los datos que se harán públicos.
Así lo dicen en las diferentes alegaciones que han presentado entidades como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API)de Barcelona y el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.
El decreto que ultima la Generalitat regulará el registro de grandes tenedores y ampliará el alcance del de pisos vacíos y ocupados. Asval, que aglutina a 6.000 caseros de toda España que, en su conjunto, poseen más de 100.000 viviendas, reclama que datos como la información de carácter económico, el estado de ocupación, los litigios, las cláusulas hipotecarias o la referencia catastral que deberán aportar los propietarios «solo estén disponibles para autoridades competentes en un entorno seguro, y que el acceso público se limite a datos agregados y anonimizados». «El proyecto reglamentario presenta un enfoque intervencionista que impone cargas excesivas a los arrendadores y vulnera principios básicos de proporcionalidad», asegura Asval.
La entidad también asegura que hay información que deberán facilitar que es muy difícil conocerla con precisión, como la fecha exacta en la que un inmueble ha sido ocupado, así como su diferenciación entre una acción «pacífica consentida» u otra «irregular no consentida». Todas estas nuevas cargas administrativas y la posibilidad de que parte de estos datos sean públicos va a «desincentivar la participación de los propietarios en políticas de colaboración», concluye.
En este punto, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya no sólo ve «excesivos» los datos que los dueños deberán aportar. Asegura que va a ser muy fácil su «identificación indirecta» y que las «listas negras» vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.
Por esta razón, los API de Barcelona avisan de que «la intensidad de la intervención propuesta podría comportar efectos no deseados», como que los pisos que están vacíos no se acaben poniendo en el mercado de alquiler y que se opte por la venta ante la complejidad burocrática.
Otra queja de los API de Barcelona hace referencia al concepto de vivienda vacía, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La última definición incluye también viviendas en construcción que estén ejecutadas en más de un 80%, según indica otra de sus alegaciones al borrador del nuevo decreto.