La moratoria que suspende los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sigue en vigor en España hasta el 31 de diciembre de este año y desde Podemos han pedido al Gobierno prorrogar esta medida y hacerla permanente. Desde ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) advierte de que prolongar la moratoria una vez más supondría profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho de propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses.
La asociación, que representa a más de 6.000 asociados, tanto institucionales como particulares, destaca que lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha mantenido en España de forma casi estructural, a diferencia de la mayoría de países europeos, que la retiraron gradualmente a medida que la situación sanitaria y económica se normalizaba.
Asval destaca que a finales de 2024 un 12% de los procedimientos judiciales en España se habían suspendido, una cifra muy alejada de los más de 58.000 lanzamientos evitados que estima el Observatorio Desca para el periodo 2020-2024.
El informe de ASVAL recuerda que la desaparición de la moratoria no supone una desprotección total para el inquilino, dado que la Ley por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde 2023, ya contempla mecanismos de suspensión temporal del lanzamiento para personas en situación acreditada de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Aun así, la organización insiste en que el principal problema no es normativo, sino de ejecución. «El 99% de las derivaciones a Servicios Sociales no recibe respuesta, ya sea por falta de emisión del informe o por ausencia de medidas disponibles para los afectados», apuntan. Este dato, según ASVAL, evidencia la incapacidad del sistema para «ofrecer soluciones reales y la sobrecarga que recae sobre los propietarios, a quienes se les traslada la responsabilidad de sostener situaciones de vulnerabilidad que deberían ser asumidas por la administración».
Okupación ilegal
Además de los casos de impago o vulnerabilidad sobrevenida, la moratoria también suspendía lanzamientos de ocupantes ilegales sin título habilitante, siempre que la entrada se hubiera producido antes de una fecha determinada. «En la práctica, este paraguas normativo amparó numerosas ocupaciones y dificultó la recuperación de inmuebles, generando situaciones especialmente graves para pequeños propietarios que no podían disponer de su vivienda durante años», explican.
ASVAL advierte de que mantener la suspensión alimenta un «efecto llamada», fomentando nuevas ocupaciones y penalizando a quienes ejercen su derecho legítimo a recuperar su propiedad.
En un momento de fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, con precios tensionados y mínimos históricos de vivienda disponible, ASVAL asegura que reinstaurar la moratoria agravaría los problemas estructurales del alquiler.
«La inseguridad jurídica desincentiva a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, reduciendo aún más la oferta y generando presiones adicionales sobre los precios», apunta. Buena parte de los caseros, especialmente los pequeños, ya están optando por recuperar sus viviendas mediante compensaciones económicas, un mecanismo que, según ASVAL, no es sostenible en el tiempo y que refleja la falta de confianza en un sistema judicial que no garantiza plazos razonables.
El informe cita estudios del Banco de España que vinculan de manera directa la baja seguridad jurídica con mercados de alquiler poco desarrollados. La evidencia internacional demuestra que «la efectividad de las regulaciones depende de la existencia de procedimientos legales ágiles» y que la falta de mecanismos eficientes para asegurar la recuperación del inmueble ante impagos desalienta la participación de propietarios.
¿Qué propone ASVAL?
Desde la asociación ofrecen un paquete de medidas que permitiría abordar la vulnerabilidad habitacional sin paralizar el funcionamiento del mercado. Así, creen necesario que haya un diagnóstico nacional completo de las situaciones de vulnerabilidad, con un censo actualizado que permita distinguir casos estructurales de situaciones sobrevenidas.
Por otro lado, proponen programas de regularización que combinen ayudas al alquiler, acompañamiento sociolaboral y, cuando proceda, adquisición o cesión de uso de la vivienda por parte de la Administración. Asimismo, ven necesario implantar protocolos homogéneos de actuación de Servicios Sociales, con métricas objetivas y KPIs que evalúen tiempos de respuesta y efectividad de las soluciones.
También creen interesante una revisión de los recursos materiales y humanos destinados a estos servicios para identificar carencias y necesidades presupuestarias.
La organización concluye que mantener la moratoria supondría «perpetuar un sistema ineficaz» y trasladar al propietario una obligación (garantizar el acceso a la vivienda) que corresponde constitucionalmente a los poderes públicos. Con más de 58.000 casos de vulnerabilidad identificados por el Observatorio Desca y la práctica totalidad de Servicios Sociales desbordados, ASVAL considera imprescindible un enfoque estructural basado en datos, recursos y mecanismos de evaluación. Solo así, advierte, podrá restablecerse el equilibrio entre derechos y deberes en el mercado del alquiler y evitar que más propietarios retiren sus viviendas del mercado, agravando aún más la crisis de oferta que atraviesa España.