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Laura Fernández (ASVAL): “Si no somos capaces de atraer a inversores en vivienda asequible, lo vamos a tener muy difícil”

El futuro de las socimis y de los vehículos cotizados de inversión inmobiliaria estuvo en el centro del debate en la feria The District en Barcelona. En la mesa redonda “Socimis y bienes raíces cotizados: ¿Reinicio o reinvención?”, en la que participaron Santiago Navarro, CEO de Portfolio Stock Exchange, Ana de Luis, directora de incorporaciones de Abbaco Markets y la directora general de ASVAL, Laura Fernández, se lanzó una advertencia clara: sin capacidad para atraer a los grandes fondos hacia la vivienda asequible, España lo tendrá muy complicado para dar respuesta a las necesidades residenciales del país.

Fernández advirtió de que existe una preocupación generalizada por la regulación en España. “Nuestros socios también tienen reglas en otros mercados y lo asumen. Lo malo es que la regulación en España es cambiante e insegura”, señaló, subrayando que esta inseguridad normativa actúa como freno para el capital internacional.

Además, lamentó que las socimis se hayan convertido en un chivo expiatorio del problema habitacional: “Por alguna razón las socimis o los vehículos de inversión están muy penalizados por la crisis de vivienda que vivimos. Creo que debemos educar para entender las socimis”.

La directora general de ASVAL recordó que el gran problema del país es de escala. “El número de casas que necesitamos es grande, y en España no tenemos suficientes vehículos que puedan hacer frente a estas necesidades. Necesitamos vehículos disponibles, que estén regulados, sean transparentes y que tengan beneficios, claro”, explicó.

En Europa, apuntó, ya se están viendo movimientos para redirigir inversión hacia la vivienda asequible, un modelo que España debería aprovechar: “Hay un movimiento muy importante en Europa ahora, un objetivo para canalizar mucha inversión a la vivienda asequible, y se está consiguiendo. En España, si no somos capaces de atraer a este tipo de inversores, lo vamos a tener muy difícil”.

Laura Fernández también denunció la falta de respaldo por parte de algunas instituciones: “Tenemos falta de apoyo de algunas instituciones y está impactando”. Y alertó de que las modificaciones continuas en el régimen socimi minan la confianza de los inversores: “Muchas modificaciones en el régimen socimi, y esto impacta de manera negativa en el capital que quiere invertir en España a través de estos vehículos”.

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Asval presenta Inspire-US sobre rehabilitación energética de vivienda de alquiler asequible

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España (Asval), ha presentado este miércoles el proyecto Life Inspire-US que, junto con Testa Homes, Fundació EuroPace, Almond Real Estate, Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI), Urbhe y la Universidad de Alicante, tiene como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler asequible en España.

La presentación del proyecto, que tiene una duración de 36 meses y finalizará en 2028, ha tenido lugar en la feria inmobiliaria The District, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El proyecto se enmarca en el programa Life-Clean Energy Transition de la Comisión Europea, y busca ofrecer soluciones integrales para mejorar la eficiencia energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad en viviendas en alquiler, contribuyendo así a la descarbonización del sector residencial.

HELENA BEUNZA

«La rehabilitación en España se ha incrementado en un año un 47% en España, pero estamos a un nivel muy inferior al que deberíamos, pues se calcula que unos 8 millones de viviendas en España deberían ser rehabilitadas de aquí a 2030», ha explicado la presidenta de Asval, Helena Beunza, durante la presentación.

Ha añadido que los edificios constituyen el 40% del consumo energético de la UE y el 36% de las emisiones de CO2, y la UE pretende duplicar la tasa anual de renovación energética para 2030, por lo que el objetivo del proyecto de Asval es «apoyar al propietario de las viviendas de alquiler, que es el impulsor de la rehabilitación».

LAURA FERNÁNDEZ

Por su parte, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha asegurado que, actualmente, «no hay ningún proyecto de rehabilitación que vaya a este segmento de vivienda de alquiler asequible» y ha detallado que el proyecto consta de tres fases.

La primera aborda el análisis y la investigación de la situación de la vivienda, la segunda corresponde a la implementación para testear a través de los proyectos piloto si ese análisis teórico es real, y la tercera es la apertura de una ventanilla única en la que Asval «se convierte en punto de referencia para los propietarios».

Esta ventanilla única no es una oficina técnica, ha precisado Fernández, sino que pone la experiencia de Asval al servicio de los propietarios de viviendas en materia de servicios financieros, técnicos, jurídicos o de sensibilización, respondiendo al principal reto que, según Asval, tiene el sector: el ‘split incentive dilemma’, la falta de incentivos para invertir en mejoras de la eficiencia energética.

Entre los objetivos del proyecto destacan mejorar la eficiencia energética de viviendas privadas en alquiler, facilitar la toma de decisiones entre copropietarios y fomentar la participación de los inquilinos, crear asociaciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del servicio, reducir cargas financieras, logísticas y legales en los procesos de rehabilitación, y promover la rehabilitación energética en barrios vulnerables.

CONSEJO ASESOR

Inspire-US cuenta con un Consejo Asesor integrado por seis expertos entre los que se encuentran: el catedrático de Derecho Administrativo, Julio Cesar Tejedor; el ceo de Green Building Council España, Bruno Sauer; la especialista en sostenibilidad y ciudades inteligentes, Ines Leal; el arquitecto y experto en planificación urbanística y regeneración José Antonio Granero; el Assistant Professor Maastricht University School of Business and Economics, Juan Palacios, y el presidente de AVS Euskadi, Luiskar Delgado.

El proyecto se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid en diferentes tipos de propiedades: edificios multifamiliares de propietarios institucionales (130 viviendas, 580 habitantes); viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales (5 viviendas, 22 habitantes), y viviendas unifamiliares de pequeños propietarios (5 viviendas, 22 habitantes).

El co-ceo de Almond, Miguel Morales, cuya empresa se encarga del proyecto piloto en viviendas individuales en Madrid, ha destacado la labor de Inspire-US en barrios vulnerables.

TESTEO

Los pilotos permitirán validar un modelo escalable a nivel español, con el objetivo de mejorar la calificación energética de los inmuebles desde la clase E a la clase B, además de testear esquemas innovadores de financiación.

Cada piloto incluirá diagnósticos energéticos, implementación de mejoras (aislamiento térmico, sistemas renovables), monitoreo y evaluación, así como la recopilación de los datos conseguidos para implementar los roadmaps.

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La Comisión Europea elige a Asval para impulsar la rehabilitación de pisos en alquiler

La Comisión Europea ha elegido a Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) para impulsar un proyecto pionero que incentive la rehabilitación energética de viviendas en alquiler. Se trata del proyecto LIFE INSPIRE-US, una iniciativa apoyada por la UE que busca promover la rehabilitación energética como palanca para generar viviendas más asequibles, sostenibles y seguras.

El programa, que se desarrollará hasta 2028 en el marco de LIFE-Clean Energy Transition, se llevará a cabo en alianza con Testa Home, EuroPace, Almond Real Estate, la Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI), la consultora URBHE y la Universidad de Alicante, y aspira a convertirse en referencia a nivel europeo.

«Queremos desbloquear el enorme potencial de rehabilitación del parque de vivienda en alquiler en España. El objetivo es poner a disposición de propietarios e inquilinos un servicio innovador, ágil y accesible que facilite el acceso a financiación, asesoramiento técnico y acompañamiento integral durante todo el proceso«, explica Helena Beunza, presidenta de ASVAL, a elEconomista.es.

El proyecto, que aspira alcanzar un volumen de 1.000 viviendas rehabilitadas, trabajará para eliminar uno de los principales retos de este sector, el denominado split incentive dilemma. «El principal problema es animar al propietario a realizar una inversión en una vivienda en la que va a ser otra persona- el inquilino- la que va a recoger los beneficios de esa actuación registrando ahorro en sus facturas», explica Beunza, que destaca que por este motivo «las viviendas en alquiler presentan de media peores calificaciones energéticas que el parque general». «También tenemos que lograr que el capital invertido en estas reformas no termine transformándose en incrementos de rentas», apunta.

LIFE I INSPIRE-US se centra precisamente en superar esas barreras mediante modelos innovadores de financiación, simplificación de trámites y un sistema de ventanilla única que proporcionará servicios financieros, técnicos, jurídicos y de sensibilización tanto a propietarios como a inquilinos. Además, con este proyecto «buscamos que el propietario sea un catalizador de la rehabilitación en el siguiente nivel, que no se quede solo en su vivienda, y pueda llevar a la reforma del resto del edificio, por ejemplo», detalla la presidenta de Asval.

Para validar este modelo, el consorcio pondrá en marcha tres proyectos piloto en Madrid, que abarcarán diferentes tipologías. Por un lado, un edificio multifamiliar propiedad de un inversor institucional que cuenta con 130 viviendas y 580 habitante y por otro, cinco viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales, además de cinco viviendas de pequeños propietarios particulares. El objetivo es mejorar la calificación energética de los inmuebles, testando además fórmulas de financiación replicables a nivel nacional.

El proyecto contará con un Consejo Asesor de expertos, entre ellos Julio César Tejedor Bielsa (catedrático de Derecho Administrativo), Bruno Sauer (CEO del Green Building Council España), Inés Leal (especialista en sostenibilidad), José Antonio Granero (arquitecto), Juan Palacios (profesor en la Universidad de Maastricht) y Luiskar Delgado (presidente de AVS Euskadi).

La rehabilitación energética se perfila como una de las grandes asignaturas pendientes del mercado residencial en España. Según Beunza, el impulso a este tipo de actuaciones es clave no solo para reducir emisiones y cumplir con los compromisos climáticos europeos, sino también para aumentar la oferta de alquiler asequible y profesionalizar el sector.

«El propietario de vivienda en alquiler no es parte del problema, sino de la solución. Con LIFE INSPIRE-US queremos demostrar que la rehabilitación energética puede ser una oportunidad para todos: propietarios, inquilinos y administraciones públicas», destaca Beunza.

El proyecto se convierte así en un laboratorio europeo que busca situar a España a la vanguardia en rehabilitación energética aplicada al mercado del alquiler, con un modelo escalable y con potencial de extenderse a otros países.

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Entra en vigor el ITP del 20% para grandes tenedores en Cataluña, la estocada final a la vivienda asequible

Hoy entra en vigor un importante cambio fiscal en Cataluña que afecta a las compraventas de viviendas de más de 600.000 euros, a los grandes tenedores que lleven a cabo operaciones inmobiliarias y a la adquisición de edificios completos de viviendas, sin distinguir en este caso entre grandes o pequeños propietarios. Todos ellos se enfrentan a una subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Los cambios vienen recogidos en el Decreto ley 5/2025, que salió publicado en el Diario Oficial autonómico el 26 de marzo y que entró en vigor al día siguiente, pero que establecía un plazo de tres meses para la puesta en marcha de algunas medidas. El texto fue convalidado por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 7 de mayo.

Así, mientras el fin de la bonificación del 70% del ITP para las empresas inmobiliarias que revenden los inmuebles en un plazo de hasta tres años lleva activo desde entonces (lo que se conoce como ‘flipping’ en el mundo inmobiliario), este 27 de junio se hacen efectivos tanto la subida del gravamen para las transacciones de inmuebles de más de 600.000 euros como la imposición de un tipo de hasta el 20% para los grandes propietarios inmobiliarios, considerando como tales a aquellas personas físicas o jurídicas con más de 10 inmuebles de uso residencial o con una superficie construida superior a 1.500 m2 de uso residencial en Cataluña. O bien, al menos cinco inmuebles si estos se encuentran en una zona que haya sido declarada como mercado residencial tensionado. Actualmente, esta comunidad autónoma cuenta con 271 municipios catalogados oficialmente como zonas tensionadas.

Los cambios en el ITP en Cataluña

Como recuerdan desde la consultora Grant Thornton, “hasta ahora, existían dos tramos en función del valor del inmueble: un 10% para inmuebles con un valor inferior a 1 millón de euros y un 11% para valores superiores”, pero, “con la entrada en vigor de esta nueva normativa, se establece una tarifa progresiva que incrementa la tributación de manera proporcional al valor del inmueble. En consecuencia, las transmisiones tributarán al tipo medio resultante de aplicar esta tarifa, lo que supone un incremento relevante en los costes fiscales de aquellas operaciones cuyo valor supere los 600.000 euros”.

Así quedan los nuevos tipos del ITP en Cataluña a partir de este 27 de junio, recogidos en el artículo 5.1 del DL5/2025, que modifica el artículo 641-1 del Libro sexto del Código Tributario de Cataluña:

2025 | Nuevos tramos de ITP en Cataluña

Tramos aprobados por la Generalitat de Cataluña y convalidados por el Parlament

Tabla con 4 columnas y 4 filas. Ordenado de forma ascendente
0 0 600.000 10%
600.000 60.000 300.000 11%
900.000 93.000 600.000 12%
1.500.000 165.000 En adelante 13%

Por otro lado, el tipo impositivo aplicable escala al 20% a las transmisiones de bienes inmuebles de uso residencial cuando el comprador sea un gran tenedor, salvo en determinados supuestos excepcionales: cuando el adquirente sea un promotor social o una entidad sin ánimo de lucro o cuando el inmueble se destine a una finalidad social.

En el caso de operaciones basadas en la compra de un edificio residencial completo, el tipo aplicable también es un 20%, independientemente de que el adquiriente sea o no un gran tenedor, salvo para promotores sociales, entidades sin ánimo de lucro o adquisiciones con destino social. O bien, si se trata de personas físicas que adquieran un edificio con un máximo de 4 viviendas, siempre que las destinen a su vivienda habitual o la de sus familiares.

Además de estas subidas fiscales, el decreto incluye una modificación de la edad de los jóvenes que hasta ahora disfrutaban del tipo reducido del 5% en la adquisición de vivienda habitual, pasando de 32 a 35 años. A ello se añade la puesta en marcha de un tipo reducido del 5% en la adquisición de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista.

Desincentivo a la inversión y freno al desarrollo de oferta

Diferentes actores del sector inmobiliario, desde consultoras hasta despachos de abogados y asociaciones de propietarios, llevan meses alertando del impacto que puede tener este incremento fiscal para la inversión en el mercado residencial catalán, así como del peligro de que impida crear más oferta residencial, sobre todo asequible; y ello acabe presionando todavía más los precios de la vivienda en Cataluña.

“Nuestra valoración es clara: desde 2020, ASVAL lleva apostando por medidas incentivadoras que generen confianza y que permitan mantener los niveles de rentabilidad adecuada para propietarios. Esta rentabilidad, según los datos del propio MIVAU, ha caído casi un punto porcentual desde 2018 y sitúa al alquiler residencial de larga estancia como uno de los segmentos menos rentables dentro de los distintos ‘asset class’ inmobiliarios. En este entorno, la introducción de medidas altamente penalizadoras y complejas en su aplicación generan un impacto negativo en el propietario, agravando una situación preocupante de desaparición de la oferta existente”, explica a idealista/news Laura Fernández, general manager de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).

Por otro lado, Marta Martín, abogada de AM2 Legal, reconoce que “está todavía por ver qué pasará exactamente a partir de hoy”, aunque afirma que en los últimos meses se han cancelado varias operaciones inmobiliarias de gran envergadura en las que su despacho estaba trabajando.

“Esta medida es recaudatoria y confiscatoria, con escaso efecto real positivo en el mercado de la vivienda”, afirma la letrada, en alusión a las razones que esgrimió el Govern catalán cuando anunció los cambios normativos incluidos en el Decreto ley 5/2025. Según el equipo de gobierno regional, el objetivo es establecer una “fiscalidad más justa y más progresiva” para “corregir los desequilibrios que muchas veces genera el mercado», así como dar respuesta «a los retos sociales que tenemos delante», como atender la emergencia habitacional.

Para la abogada, sin embargo, la subida del ITP en Cataluña no solo es una medida con afán recaudatorio, sino que su planteamiento “ataca al que puede poner vivienda en alquiler en el mercado, en lugar de verle como la solución al problema. Cortedad de miras o populismo, podemos llamarlo como queramos”.

La visión de Carolina Pérez, directora de la oficina de Barcelona en Colliers, va en esa misma línea. “Desde nuestra experiencia como consultora especializada, podemos confirmar que la nueva medida ya ha tenido un impacto directo en el mercado, incluso antes de su entrada en vigor”. Y cita como ejemplo a las operaciones de compraventa de edificios completos, en las que han “cómo algunos potenciales compradores han optado por retirarse sin plantear siquiera una propuesta a la baja que compense este incremento, mientras que en otros casos se han intentado negociar ajustes en precio que no han sido aceptados por la parte vendedora o bien abren camino a una negociación con el fin de llegar a acuerdos, que perjudican a ambas partes”.

Con este escenario sobre la mesa, Pérez se muestra contundente: “Se trata de una medida estructural que introduce una alteración significativa en un mercado ya tensionado, y con claras señales de desaceleración. Es un nuevo escenario que ya se está materializando, dificultando aún más la viabilidad de las transacciones y elevando la percepción de riesgo entre los inversores”.

Desde la consultora CBRE, por su parte, ya alertaron hace semanas de que el nuevo panorama “desincentiva la compra de viviendas para rehabilitar y/o para destinarlas al mercado del alquiler”, lo que impedirá generar más oferta en un mercado que ya arrastra un elevado desequilibrio por la escasez de viviendas disponibles arrendar para satisfacer a la fuerte demanda actual.

Por su parte, Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, cree que la subida fiscal “no va a llevar a que el mercado de alquiler se incremente, si ese es el objetivo. Y, evidentemente, no fomenta la inversión, sino todo lo contrario”.

Cambios en la normativa a la vista y la petición del sector

A pesar de que el sector anticipa un impacto negativo para la inversión y la generación de nueva oferta de vivienda asequible, confía en que haya cambios a corto plazo que logren revertir la situación.

Actualmente se está tramitando un proyecto de ley en el Parlamento de Cataluña, que se espera que entre en fase de enmiendas de manera inminente, para corregir algunos aspectos del texto inicial.

Con la actualización “se pretenden aclarar algunas cuestiones que no han quedado claras de la norma, y que pueden aliviar un poco la situación, ya que ahora mismo hay hasta tres posibles interpretaciones distintas para la definición de gran tenedor según la norma (fiscal, retractos y controles de renta)”, afirma la general manager de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), quien considera que “es una buena noticia” que se esté intentando “corregir algunas de las cuestiones confusas de la norma”.

El proyecto de ley que se está tramitando también abre la posibilidad de introducir mejoras que vayan alineadas con el objetivo de la medida, que es fomentar la vivienda en alquiler.

Desde ASVAL están proponiendo ideas a los diferentes grupos políticos en este sentido y defienden ir un paso más allá. “Es fundamental que se incorporen incentivos específicos para fomentar el alquiler de larga duración, con reducciones de ITP para las transmisiones de viviendas que posteriormente vayan a destinarse al alquiler residencial (buy-to-let). Este tipo de bonificaciones ya existen en otras comunidades autónomas como Asturias. Por otro lado, tenemos uno de los parques de viviendas más envejecidos de Europa, con una tasa de renovaciones del 0,2% (muy lejos del 2-3% requerido por la Unión Europea) y con más de 9.4 millones de hogares con necesidades urgentes de rehabilitación. Por tanto, desde Asval hemos pedido recuperar la reducción del 70% del ITP en las compras de viviendas para su posterior reventa, siempre y cuando se realicen actuaciones de mejora energética. Estas medidas permitirían seguir movilizando vivienda vacía o en desuso, contribuyendo con ello a mejorar, en cantidad y en calidad, el número de viviendas disponibles en el mercado”, concluye Laura Fernández.

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Helena Beunza (Asval): “Hay que parar ya el discurso contra la propiedad y la inversión en vivienda”

La presidenta de Asval vaticina más subidas de precios, descarta un Pacto de Estado en vivienda y alerta de la inseguridad e incertidumbre en el sector. Y pide unos ayuntamientos fuertes y ágiles para implementar las políticas públicas en esta materia.

 

Helena Beunza (1973) lleva poco más de un año al frente de Asval, una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que nació en 2020 al calor del desarrollo del mercado del arrendamiento en España y cuyo objetivo es conseguir un sector profesional y transparente.

Valenciana de nacimiento y licenciada en Derecho, en la especialidad de Derecho Público, Beunza ha desempeñado diferentes cargos públicos relacionados con el mercado de la vivienda a lo largo de su trayectoria profesional. Fue directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana, vicepresidenta de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y también secretaria general de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020cuando se produjo su cese.

En esta entrevista con idealista/news, la presidenta de Asval alerta de la inseguridad e incertidumbre jurídica que se ha instalado en el mercado del alquiler y de que la tendencia es que los precios sigan subiendo. En su opinión, es necesario contar con los propietarios particulares y profesionales para que haya más oferta y evitar una ruptura del mercado a corto plazo. También pide acabar con lo que califica como «el discurso punitivo» contra la propiedad y la inversión en vivienda, y terminar con la búsqueda de un culpable a la actual crisis habitacional que arrastra España. Beunza descarta que haya un Pacto de Estado en vivienda como reclama el sector y cree que sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles no se podrán implementar las políticas públicas de vivienda.

¿Qué hace exactamente Asval?

Asval es una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que trabaja y defiende la existencia de un sector de alquiler profesional, transparente y claramente determinado y fijado en el interés tanto de los inquilinos como de los propios propietarios. Trabajamos porque este mercado de alquiler funcione adecuadamente y vaya creciendo desde un punto de vista profesional, que es lo que necesita este país.

¿Cómo y cuándo surgió Asval?

Asval nació en el año 2020, cuando realmente se empezó ya a notar el desarrollo de la vivienda en alquiler en España. Como bien sabéis, el alquiler es un régimen de tenencia que, si bien tuvo una importancia fundamental en los años 40 del siglo pasado, debido a las políticas del régimen franquista fue perdiendo fuerza y posteriormente empezó a recuperar su papel durante los años 2010-2011, cuando los planes estatales de vivienda giraron y empezaron a fomentar la vivienda en alquiler y la rehabilitación. Fue el gran punto de inflexión en nuestro país, porque en ese momento eran los planes de vivienda los que marcaban las líneas de actuación.

Cuando esto empieza a cristalizar en un incremento del porcentaje de españoles que vivimos en alquiler, obviamente empiezan a aparecer las asociaciones tanto de propietarios como por supuesto también las asociaciones de inquilinos. Vinieron las dos de la mano del desarrollo del mercado de alquiler en España.

Recientemente has cumplido un año al frente de Asval. ¿Cómo ha sido este este periodo?

Pues ha sido un año apasionante porque, además, ha coincidido con importantísimos cambios en materia de vivienda. Y, por lo tanto, ha sido una actividad constante que además se ha incrementado en nuestro caso con el trabajo interno de la asociación. La asociación estaba constituida y tenía una base importante de asociados, pero es cierto que hemos trabajado mucho la democratización interna de la asociación y un nuevo modelo de gobernanza en el que haya más participación de todos los asociados. Como consecuencia, hemos creado grupos de trabajo y hemos establecido nuevas propuestas de valor tanto para nuestros asociados particulares como para nuestros asociados institucionales. Esto ha supuesto un trabajo muy intenso, pero muy satisfactorio.

¿En qué consisten estos grupos de trabajo?

Hemos creado seis grupos de trabajo en las principales áreas donde hay algo que decir en este momento. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo de ‘build to rent’, tenemos otro grupo de trabajo de temas regulatorios y también tenemos otro grupo de trabajo de rehabilitación, porque Asval también ha iniciado una línea de trabajo muy importante en rehabilitación.

Lo que nos permiten los grupos de trabajo es que nuestros asociados pueden formar parte de ellos y que se intercambien información y criterios. También se trabajan los documentos que luego presentamos ante las Administraciones, lo cual nos asegura que son documentos bien trabajados y que, además, han sido generados desde un punto de vista participativo de toda la asociación.

¿Cuántos asociados tiene Asval? ¿Cuál es su perfil? 

Aproximadamente tenemos unos 6.000 asociados, de los cuales el 95% son personas físicas; es decir, propietarios particulares.

¿Cómo ves actualmente el mercado de la vivienda en España? En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas?

En Asval estamos preocupados por la situación actual del mercado de la vivienda en España y fundamentalmente por la situación del mercado del alquiler. Existe una tensión muy importante entre la oferta y la demanda que va acrecentándose. Y no estamos siendo capaces de revertir esta situación.

Y, además, las cifras y las proyecciones demográficas que nos da tanto el INE como otros estudios solo nos llevan hacia una conclusión y es que esta tensión va a seguir acrecentándose, sobre todo en el segmento del alquiler asequible. Y es este segmento del alquiler asequible el que el que hay que conseguir impulsar en nuestro país y, desde luego, a través de la adopción de medidas diferentes a las que se están adoptando hasta ahora.

De las medidas que se están adoptando actualmente, ¿cuáles crees que van mejor encaminadas? 

Hay medidas positivas que se están adoptando en el momento y son todas aquellas que van destinadas al incremento de la oferta y a la atracción de la inversión necesaria para incrementar esa oferta.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha tenido iniciativas muy interesantes y que además han sido exitosas. Creo que se está haciendo un trabajo muy importante en el Instituto de Crédito Oficial y hay que reconocerlo.

También son importantes las medidas de movilización del suelo público, los concursos de derechos de superficie o concesiones. Es cierto que todavía queda mucho que trabajar en estos concursos porque sabemos que algunos de ellos están quedando desiertos, pero esta también es una línea de trabajo de Asval.

Como asociación, nos estamos reuniendo con las diferentes asociaciones del sector público para ir trabajando y para ir consiguiendo pliegos que satisfagan el interés general, por supuesto, pero que también sean pliegos que no se queden desiertos. Piensa que cada pliego desierto, para aquellos que conocemos la Administración, sabemos que es un año de trabajo de muchísimos funcionarios, que además es un bien escaso hoy en día en la administración y una frustración para los políticos que tuvieron la voluntad y la valentía de desarrollar este proceso. No nos lo podemos permitir. Hay que trabajar este campo y eso no nos debe hacer abandonar la voluntad de crecer en el alquiler asequible a través del suelo público. Debemos de seguir trabajando en ello, pero estas iniciativas también son muy positivas.

¿Cuáles no son positivas? 

Las que no son tan positivas son aquellas en las que se están estableciendo índices de precios de alquiler que no responden a la realidad, que no son índices de mercado; y las limitaciones o malos usos de la figura del control de precios, cuyas consecuencias se están viendo ya y solo van a acrecentar la situación de falta de vivienda en alquiler existente.

Un ejemplo lo tenemos en Cataluña, donde recientemente hemos conocido el balance del primer año de los topes de precios. El Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se han congratulado de que hay más contratos y están cayendo los precios, pero el sentir general del mercado es el contrario. ¿Cómo lo valoráis en Asval?

La valoración que hacemos en Asval del primer año de vigencia del control de precios en Cataluña no es positiva. Pero, antes de hablar de ello, déjame que te traslade mi máxima preocupación por lo que se está llamando ya la guerra de cifras. Estamos entrando en una situación que no ayuda nada a la tranquilidad del sector ni ayuda nada a la despolarización. Esta guerra de cifras solo está consiguiendo polarizarnos todavía más.

«Me preocupa la guerra de cifras. Estamos entrando en una situación que no ayuda nada a la tranquilidad del sector»

Yo entiendo que en algunos casos uno necesita cifras para legitimar su relato, pero lo que no se puede es torcer las cifras. Realmente creo que ahí hay una línea roja que hemos cruzado y hay que explicarlo. Hay que decirlo.

En España tenemos un problema de transparencia con las cifras en el sector inmobiliario y esto lo vengo diciendo desde 2018. No hemos conseguido generar mayor transparencia en el sector inmobiliario. Desde 2018 ya podríamos haber conseguido algo, pero es que el paso siguiente ha sido torcer determinadas cifras y eso no puede ser.

Un ejemplo es el porcentaje de personas que viven en alquiler por debajo del precio de mercado. Todos sabemos que en España esa cifra no es la que se refiere a personas que viven en un alquiler asequible porque las políticas públicas han desarrollado ese mercado de alquiler asequible. Básicamente porque en estos años no se ha hecho vivienda pública y no se ha puesto vivienda de alquiler privada en el mercado por parte de los inversores institucionales.

«En España tenemos un problema de transparencia con las cifras en el sector inmobiliario»

Toda la vivienda en alquiler que se ha puesto en el mercado durante los últimos años ha sido gracias a los propietarios particulares. Y esto no lo digo yo, no lo dice Asval, esto lo dice el Banco de España y hay que reconocer al propietario particular, el importante papel que está teniendo para poder dar solución habitacional a muchas personas que están buscando un alquiler.

¿Hay que ayudar más a los pequeños propietarios?

Hay que apoyar a este propietario particular porque toda oferta que venga de nueva construcción va a tardar años y, por lo tanto, mientras conseguimos alcanzar ese nuevo incremento de viviendas, necesitamos contar con el propietario particular y necesitamos que mantengan sus viviendas en alquiler. Y necesitamos a aquellos que retiraron sus viviendas en determinado momento por esta crisis que hay de creencia en las instituciones públicas. Tenemos que recuperar su confianza y esto va a ser fundamental para que a corto plazo no haya una ruptura absoluta del mercado del alquiler.

Volvamos al caso de Cataluña…

Respecto a Cataluña, es cierto que la oferta ha descendido y también es cierto que se habla de que existen más viviendas en alquiler que hace un año, pero hay que contextualizar todas las cifras. El problema en España es que el mercado en alquiler está en vías de desarrollo y, por lo tanto, cada año existe un incremento muy importante de las personas que viven en alquiler. Pero estamos reduciendo la oferta y necesitamos que esa oferta de viviendas en alquiler crezca mucho más rápido de lo que está creciendo. Y este dato sí que es incontestable.

A esto se añade la sensación que nos trasladan nuestros asociados que están en Cataluña. En Asval no solo tenemos propietarios, sino que tenemos también asociados que participan a lo largo de todo el proceso de la generación de una vivienda en alquiler. Gente que gestiona suelo, entidades que hacen ‘build to rent’, patrimonialistas y por supuesto gestores del alquiler. Y, cuando hablas con estos gestores del alquiler, te trasladan su preocupación por el hecho de que cuando se pone una vivienda en alquiler, el número de llamadas y de solicitantes que hay por esas viviendas ha incrementado exponencialmente. Creo que ya estamos en alrededor de 280.

¿Qué sucede? Sucede que si tú tienes 280 personas que quieren alquilar tu vivienda, no hay ninguna manera de asegurar que esa vivienda la alquile el que tiene mayor necesidad. Seguramente no será el que tiene la mayor necesidad, sino que será el que le dé mayor seguridad al propietario dentro de un escenario en el que el propietario sabe que si esa persona deja de pagar le va a costar un año y medio recuperar su vivienda. Es en este escenario en el que es fundamental incrementar la oferta de viviendas en alquiler y que haya un impulso por el sector público, pero que además se fomente que el particular mantenga sus viviendas en el mercado de alquiler.

¿Qué medidas habría que tomar para que haya más viviendas de alquiler y más inversión? 

Hay una primera que es fundamental y es el parar ya el discurso punitivo contra la propiedad y contra la inversión en materia de vivienda. Esto es tirarse piedras contra su propio tejado.

Tan solo lo puedo entender en un escenario en el que uno necesita que haya un malvado en la película. Y primero fueron los mal llamados fondos buitre, luego fueron las socimis, pero es que ahora ya son los rentistas. Esta búsqueda continua de encontrar el malo de la película de manera además equivocada y de generar confrontación que solo la puedo entender desde el punto de vista de buscar un rédito político, porque no existe ninguna otra razón para ello. Es lo que se tiene que cortar de raíz.

«Esta búsqueda continua de encontrar el malo de la película se tiene que cortar de raíz»

Y entiendo que hay determinados partidos que esto está dentro de su ADN, pero hay otros partidos que están en el Gobierno que no deberían de asumir este discurso ni deberían de asumir ya por la propia responsabilidad política que tienen, ni deberían de asumir esta confrontación entre propietario y arrendatario. Todo lo que sea continuar polarizando nuestra sociedad ya sabemos dónde acaba y es un sitio muy peligroso que a nadie le gusta. Y creo que todos deberíamos de tener un poquito de responsabilidad frente a estos discursos.

¿Crees que realmente hay inseguridad e incertidumbre jurídica en España? 

Sí, existe falta de seguridad jurídica y existe incertidumbre en nuestro país para todos, incluso para el inversor extranjero, al que ya se le ha dicho además que no quieren que venga. Yo no iría a un país en el que se me dice que no se me quiere.

Hace falta seguridad jurídica porque se han complicado tanto y se han enfangado tanto los temas legales de alquiler que hoy en día un particular es absolutamente incapaz de poner por sus propios medios una vivienda en alquiler y gestionarla, que era algo que había pasado siempre en nuestro país. Necesitas un asesoramiento porque los contratos se han complicado muchísimo y las incidencias que te pueden pasar también se han complicado muchísimo.

Por otro lado, la sensación de inseguridad jurídica es algo que nos trasladan continuamente nuestros asociados. Nosotros hacemos una encuesta anual sobre cuáles son los principales problemas que tienen y sus inquietudes. Y el primer problema y la primera inquietud de nuestros asociados es la inseguridad jurídica y el riesgo de falta de pago y de inquiokupación. Nos lo han dicho nuestros asociados de una manera clara y directa.

«Existe falta de seguridad jurídica y existe incertidumbre en nuestro país»

Al hilo de lo que comentas, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios a colectivos vulnerables. ¿Cómo valoráis esta nueva ampliación del plazo?

La prórroga de los desahucios la valoramos desde el punto de vista objetivo, como no puede ser valorada de otra manera. Esto es una situación que se creó dentro de un marco de excepcionalidad. La excepcionalidad ya no existe, así que por pura lógica deberían decaer esas medidas que tuvieron su sentido en un momento determinado, al igual que los límites a los incrementos interanuales de los alquileres del 2% y el 3%. Y aquí quiero poner en valor la reacción y la actitud de los propietarios en este país.

Los propietarios han asumido sin ningún tipo de problema esas limitaciones al incremento, porque se entendió que estábamos en una situación compleja para la sociedad, mientras que no están funcionando los mecanismos legales en caso de falta de pago y no están funcionando los mecanismos públicos que deberían de ponerse en marcha cuando se detecta esta situación.

¿Qué tipo de mecanismos en concreto son los que crees que están fallando?

Los mecanismos que yo considero que están fallando es la previsión que se hizo de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento para desarrollar las medidas para detectar a las familias vulnerables.

Siempre que se establece una medida que implica mayor trabajo en la Administración y, no viene acompañada de recursos públicos, esa medida está abocada al fracaso. Y esto es lo que ha pasado con la intervención de los servicios sociales, que es el primer paso. Los servicios sociales no están diciendo si esa familia es vulnerable y, por lo tanto, el tema se va alargando, alargando y alargando.

Pero luego, en caso de que consigas una declaración de vulnerabilidad, la Administración no está activando sus mecanismos. Quien está obligado a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para proveer de vivienda a las familias vulnerables es la Administración pública, no lo olvidemos. No es el sector privado.

Y aquí entra en juego otra cifra que es la de la inversión pública en vivienda, que es una cifra del Ministerio de Vivienda.

La inversión pública en España está en 34 euros por habitante, mientras que la inversión pública de la media europea está en 160 euros por habitante y en países como Irlanda, que son países que aplicaron el control de precios y se están planteando ya dejar de aplicarlo porque han visto las consecuencias negativas, cuentan con más de 300 euros de inversión por habitante.

Es decir, en un país en el que la inversión pública en vivienda es 34 euros por habitante, lo primero que hay que solucionar es esa cifra. Y lo segundo que hay que solucionar es el hecho de que el parque público de viviendas en España es el 1,7% de las viviendas del país. Otra cifra también dada por el Ministerio.

El parque público es 1,7% y en países como por ejemplo Francia o Alemania están en una media muy diferente a la nuestra. De manera que creo que uno tiene que ser humilde y reconocer lo que lo diferencia los países de su entorno e intentar en primer lugar solucionar esos temas. Porque además en España sí que tuvimos mayor inversión pública en vivienda. En el año 2011-2012 se consiguió incrementar considerablemente la partida de gasto en vivienda, pero luego fue descendiendo y nunca ya se ha recuperado. Eso es para mí un dato fundamental, junto con el del porcentaje de vivienda pública de 1,7%.

En los últimos años se está hablando de una inversión récord en vivienda, pero es gracias a los fondos europeos Next Generation…

Claro, son los fondos Next Generation. Cuando hablamos de los fondos europeos y están los fondos FEDER, que son estructurales y luego hay fondos coyunturales como los Next Generation. Y a nadie se le ocurre cuando habla de su gasto público en una partida meter partidas que son completamente coyunturales y que responden a un momento concreto. Es muy poco serio.

¿Qué es más importante, topar los precios de los alquileres o aumentar la oferta?

Desde luego, aumentar la oferta. Puedo entender que en algún momento puntual en el tiempo y en el espacio sea necesario hacer alguna actuación que sea restrictiva. Lo puedo entender perfectamente porque siempre lo he dicho, el mercado de la vivienda es un mercado regulado desde su inicio. No podemos pretender ir a un mercado completamente liberalizado porque nunca ha sido así, ni en nuestro país ni en los países de nuestro entorno. Y, además, es cierto que la vivienda es fundamental para que las personas puedan desarrollar su modo de vida. Eso no lo podemos olvidar, pero incrementar la oferta es absolutamente necesario. Y no ya solo y no ya en nuestro país, sino en el resto de países europeos.

Recientemente, el comisario de vivienda Dan Jørgensen hablaba en su comparecencia ante el Parlamento Europeo de cuestiones muy claras. Cuestiones como la necesidad de impulsar la inversión extranjera, la necesidad de contar con las asociaciones de propietarios para la definición de las políticas, la necesidad de contar con la administración municipal y de reforzar la administración municipal para que intervenga directamente en la provisión de vivienda…

«No podemos pretender ir a un mercado completamente liberalizado, pero incrementar la oferta es absolutamente necesario»

Todas esas medidas yo las entiendo perfectamente y las respaldo y creo que debemos de ir hacia allí. Debemos de ir hacia las medidas que se están planteando a nivel de Unión Europea, porque además si viene el famoso Plan de Vivienda europeo nos tendremos que adaptar a líneas de actuación que marquen desde la Comisión Europea y creo que ese es el camino. Y ahí podremos debatir también un tema que es esencial, que es el de la fiscalidad de la vivienda en alquiler.

¿En qué incidirías concretamente?

Incidiría en muchísimas cosas, pero sobre todo incidiría en el IVA, que además es una cuestión a tratar a nivel europeo. Pero si conseguimos modular ese IVA a lo largo de todo el proceso de producción de la vivienda en alquiler, nos encontraremos con una situación muchísimo más positiva para la generación de ese parque de vivienda de alquiler asequible, aunque por supuesto tiene que venir acompañado de otras medidas, como por ejemplo la flexibilización de los trámites burocráticos, el impulso definitivo para la generación de suelo y para la promoción de vivienda en alquiler, etcétera, etcétera.

El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de avales para para propietarios e inquilinos. Aunque todavía tienen que desarrollarse los detalles, ¿puede ser una medida positiva?

Es difícil pronunciarse sobre una medida cuando no se conocen los datos. En principio me parece positiva. La idea es positiva. Sin embargo, si se articula a través de mecanismos que no reflejan la realidad del mercado, nunca va a ser implementada. Y me explico.

Si se establece alrededor del índice de referencia de precios de alquiler, va a ser muy difícil que se implemente. ¿Por qué? Porque no es un índice de mercado, como lo dice también el Banco de España. Es un índice que si quieres lo puedes llamar un índice de asequibilidad, pero no es en ningún caso un índice de mercado.

Siempre que quieres fomentar determinada actuación de los particulares puedes exigir una cierta reducción de precios. Pero respecto del índice de mercado, no puedes actuar sobre valores que no son los que hoy en día se están dando.

Y luego la otra cuestión es analizar cómo va a funcionar ese aval, si va a funcionar automáticamente en el primer momento de impago o si realmente vas a tener que esperar un año/un año y pico para que funcione. Y en ese caso tampoco va a funcionar, porque, como ya sabemos, la gran mayoría de propietarios que tienen viviendas en alquiler son pequeños propietarios con una o dos viviendas que no se pueden permitir el lujo de esperar un año o un año y pico para cobrar el aval en caso de impago del inquilino. Las grandes corporaciones sí, ellas seguramente se lo podrán permitir, pero el pequeño propietario no.

«La gran mayoría de propietarios no se puede permitir el lujo de esperar un año para cobrar el aval»

En los foros de vivienda se habla mucho de la necesidad de llegar a un Pacto de Estado en vivienda. ¿Lo ves factible?

Ya en 2018 hablaba yo de un pacto de Estado y estamos en 2025 y creo que debemos de ser realistas. No va a haber un Pacto de Estado en vivienda porque alguien ha decidido que sea el ‘pimpampum’ político de los próximos años. Y cuando los votos de determinada formación política dependen de que, de que siga existiendo este problema, no va a haber ninguna voluntad de acercamiento. No tengo ninguna duda.

«Debemos de ser realistas. No va a haber un Pacto de Estado en vivienda»

En varios puntos de la entrevista has mencionado 2018, año en el que eras secretaria general de Vivienda del Gobierno. ¿Tuviste entonces algún tipo de acercamiento con la oposición o fue algo que se quedó en el aire?

Yo hablaba con todo el mundo. Las conversaciones se tenían con todos. Era un momento completamente diferente en el que la situación no estaba ni tan crítica como ahora, ni el debate tan polarizado. En algún momento pensé que sería posible llegar a un acuerdo, pero rápidamente vi que no. Me di cuenta de que esto iba a ser utilizado por determinadas fuerzas políticas para su interés particular y no para defender el interés general.

¿De qué medidas estás más orgullosa durante tu etapa en el Ministerio? 

De la medida que más orgullosa estoy es de la movilización del suelo público del Estado para conseguir el alquiler asequible. Fue en ese momento cuando empezamos a trabajar con SEPES para analizar qué suelo residencial tenían en su cartera y para dotar a SEPES de los medios necesarios para su urbanización y puesta en el mercado. Es un camino que ha continuado y que además han empezado a desarrollar municipios y comunidades autónomas. Por tanto, estoy muy orgullosa de esa línea de trabajo.

¿Qué aplicas en tu día a día de aquella época?

En mi día a día aplico cosas que vienen de mis diferentes experiencias en mi trayectoria. He estado en el sector público y en el sector privado en numerosas ocasiones.

Soy funcionaria de carrera y en el sector público he estado a nivel municipal durante muchos años. A nivel autonómico fui la directora general del EVHA, que es la empresa pública de la Generalitat Valenciana de Gestión de Vivienda y Suelo. En esa época fui también la vicepresidenta de AVS, que es la Asociación Española de Empresas Públicas de Vivienda y Suelo, y luego ya estuve en el Ministerio, de manera que mi trayectoria viene marcada por el acumulativo de todas esas experiencias en el sector público.

En España es fundamental saber cómo funcionan tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Obviamente es fundamental en materia de vivienda, porque además los fondos públicos vienen de la Administración central, pero al final quienes los gestionan y quienes implementan las políticas son las comunidades autónomas y las entidades locales. Por lo tanto, hay que conocer profundamente estas administraciones también para saber si una medida u otra es factible o se va a quedar en el cajón.

Precisamente muchas voces del sector inmobiliario ponen el foco en los ayuntamientos y en su lentitud, porque al final son quienes dan el visto bueno para movilizar suelos. ¿Estás de acuerdo? 

Los ayuntamientos son fundamentales. Yo soy muy municipalista y además creo que están llenos de grandes profesionales y grandes políticos que se preocupan muchísimo por sus ciudadanos.

Creo que la administración local ha sido la gran vapuleada en este país desde el año 2013 y que necesitamos recuperarla, necesitamos dotarla de financiación adecuada y necesitamos dotarla de recursos humanos para la implementación de estas políticas. Hemos de ser conscientes de que sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles nunca podremos implementar las políticas de vivienda. Esta reivindicación de la administración municipal creo que en España es una asignatura pendiente.

«Sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles nunca podremos implementar las políticas de vivienda»

¿Seguiremos viendo subidas de precios de la vivienda y el alquiler? 

Nos abocamos a un escenario de precios al alza y, lo que más me preocupa, nos abocamos a un escenario de personas viviendo en condiciones que no son las adecuadas.

Vosotros mismos en idealista lo habéis detectado también. Hay un incremento del alquiler de habitaciones y una familia no debe de vivir en una habitación. En España vamos a recibir en los próximos años a un alto número de inmigrantes, que además son necesarios en nuestro país para mantener el crecimiento económico que tenemos, y debemos ser capaces de encontrar una solución habitacional no solo para nuestros jóvenes, que son muy importantes, sino también para todas esas personas que van a venir a nuestro país y que tenemos la obligación de acogerlos con dignidad. Y ese es un tema que me preocupa mucho. No pueden vivir en habitaciones ni pueden vivir en condiciones de salubridad que no son las adecuadas. Déjame que me remita otra vez al comisario Jørgensen, que ha dicho que es necesario conseguir viviendas no solo asequibles, sino también dignas. Y también lo dice nuestra Constitución.

«Nos abocamos a un escenario de precios al alza y de personas viviendo en condiciones que no son adecuadas»

Otra de las consecuencias del control de precios, que además está plenamente estudiado y se han visto las consecuencias claras, es la falta de incentivación a la rehabilitación de los inmuebles. En nuestro país tenemos un gran reto. Por un lado, está el reto de la asequibilidad, pero por otro lado está el reto de la rehabilitación y estas medidas desde luego no ayudan a que sigamos rehabilitando nuestro parque de viviendas.

«En nuestro país tenemos el reto de la asequibilidad y de la rehabilitación»

Sobre la rehabilitación de viviendas y edificios, se habla mucho de que no terminan de despegar los fondos europeos. No sé vuestros asociados también tienen esa percepción…

Respecto al tema de rehabilitación, es cierto que no estamos alcanzando los objetivos que nos habíamos propuesto y que tenemos que dar un nuevo pensamiento a estas cuestiones. Esto viene acompañado también de otra reclamación clásica del sector que es la agilización de los trámites burocráticos, que han impedido que funcionen con la agilidad necesaria las ayudas a la rehabilitación.

Por otro lado, reivindicamos la existencia de medidas específicas para la rehabilitación de las viviendas en alquiler. Y esto también es un tema que está estudiando la Comisión Europea. Los propietarios de vivienda en alquiler necesitan tener el fomento necesario para poder impulsar esa rehabilitación de sus viviendas, sin por ello subir el precio del alquiler, que es la situación deseable. Y esta es una línea que no se ha trabajado lo suficientemente y que esperamos entablar en breve una conversación fluida con el Ministerio.

¿Qué medidas serían las primeras que tomarías si volvieras a tener un cargo en el Ministerio de Vivienda?

Bueno, cuando una es secretaria general de Vivienda de lo primero que se da cuenta es de que de lo que pensaba que podía hacer va a poder hacer un 40%, porque lo demás depende de otros ministerios, como Hacienda.

De manera que, si tuviese la facultad de que otros ministerios actuaran según mis indicaciones, lo primero que haría sería reformar el régimen fiscal. No tendría ninguna duda. Lo cual también necesitaría, por cierto, un pacto en el Congreso que hoy en día sería imposible. Así que, si hablo de medidas posibles con el escenario actual, me centraría en trabajar en un Plan Estatal de Vivienda serio y que fomentara realmente el alquiler y la rehabilitación. Y no tendría ninguna duda en trabajar internamente dentro del Gobierno para conseguir el incremento presupuestario que se merece un Ministerio de Vivienda.

«Lo primero que haría sería reformar el régimen fiscal y trabajar en un Plan de Vivienda serio»

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El sector inmobiliario y Foment creen que regular el alquiler temporal distorsiona el marco jurídico

Rechazan el coto de la Generalitat a los arrendamientos que no superen los 12 meses por “afectar negativamente a un sector esencial para la movilidad”

Entidades del sector inmobiliario y Foment del Treball han rechazado la regulación del alquiler de temporada acordado por Govern, PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, porque “supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Catalunya”, han afirmado este miércoles en una declaración conjunta. Los firmantes son Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI), Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Foment.

En el texto, las entidades aseguran que los arrendamientos temporales —generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda— responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional.

“Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta”, afirman, tras precisar que el artículo 17 de la LAU establece que las limitaciones al precio de alquiler solo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual.

“Aplicarles el mismo tratamiento legal no solo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña”, indican en el escrito. Los firmantes critican que los acuerdos alcanzados entre la Generalitat y grupos parlamentarios en los últimos meses sobre vivienda “solo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler”.

Los representantes del sector critican la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña, y reclaman que se deje de legislar “de espaldas al sector”.

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El grave impacto que tendría aplicar controles de precio a los alquileres temporales en Cataluña

Las principales organizaciones del sector inmobiliario y Foment alertan sobre el grave impacto que tendría aplicar controles de precio a los alquileres temporales en Cataluña

  • La medida supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Cataluña

Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona expresan su preocupación ante el anuncio de extender el control de rentas a los contratos de alquiler de corta y media estancia. Esta medida, de llevarse a cabo, supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Cataluña.

Los arrendamientos temporales -generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda- responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional. Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta.

Extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social. En el artículo 17 de la LAU se establece claramente que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual. Aplicarles el mismo tratamiento legal no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña.

Las entidades firmantes de este comunicado cargan duramente contra los acuerdos tomados entre el Gobierno de la Generalitat y grupos parlamentarios en los últimos meses (DL 2/2025 que se tramitará como proyecto de ley, el DL 5/2025 que incrementa el ITP y el AJD), ya que sólo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler.

Los representantes del sector denuncian la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña y reclaman que se deje de legislar «de espaldas al sector» y adopten políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita.

 

Entidades firmantes

  • Foment del Treball
  • Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)
  • Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL)
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC)
  • Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL)
  • Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI)
  • Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona
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Empresarios y sector inmobiliario rechazan las medidas de vivienda de Illa

Cuestionan la subida de impuestos y los nuevos requisitos a quien tenga más de cinco pisos

Los acuerdos en materia de vivienda suscritos entre el Govern y los comunes han causado malestar y preocupación entre empresarios y sector inmobiliario.
Tanto, que la imagen de ejecutivo business friendly con la que saludaron la investidura de Salvador Illa empieza a ser cuestionada. Así lo deslizaron ayer el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Libré, y el de la asociación de promotores y constructores (APCE), Xavier Vilajoana, en una comparecencia en la que cargaron con dureza contra algunas delas políticas residenciales que  impulsa la Generalitat.

El motivo del enfado ha sido la batería legislativa que aprobó el martes pasado el Consell Executiu, en la que se incluye un decreto ley que, entre otras cuestiones,
prevé la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores (aquellos que tengan cinco o más pisos), sanciones a quien oculte información y la ampliación del derecho de compra preferente (tanteo y retracto) dela administración. También, el aumento del impuesto a grandes tenedores,
con el incremento del de transmisiones patrimoniales, para el que se crean nuevos tramos impositivos, tal y como presentó la consellera de Economía, Alicia Romero, el jueves pasado junto a la líder delos comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. Según el decreto que explicaron, se duplicará el tope máximo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP)del 10% al20%.

“Van en la dirección contraria de lo que pretenden”, insistieron Sánchez Llibre y Vilajoana durante su intervención desde la sede de Foment. Consideran que la nueva legislación, de aprobarse tal y como está prevista, “encarecerá” la vivienda en un momento en que los precios ya están subiendo debido a la falta de oferta y una demanda al alza.

“Queremos que la Generalitat escuche a los profesionales del sector y evitar que este decreto ley se apruebe” en las condiciones que se ha redactado, añadió el presidente de la patronal de las grandes empresas catalanas. Si no hay cambios, la medida se con validará en el Parlament e nel periodo de un mes. Por su parte, Vilajoana, visiblemente enojado, tachó estas iniciativas de la Generalitat de “ignorancia suprema” y lamentó que se demonice al sector. “Están trasladando su responsabilidad al sector privado”, insistió el presidente de APCE, al considerar que las diferentes administraciones no han invertido lo suficiente en vivienda pública en los últimos años.

Los empresarios lamentan que, tal y como están elaboradas estas medidas, se considerará gran tenedor también a un promotor de vivienda, y no solo al que adquiera los inmuebles en propiedad. De esta manera, sostienen, se aumentará la carga impositiva sobre la construcción y, por tanto, el precio final de los pisos. “El 25% de los costes de construcción son impuestos”, precisó Vilajoana. Desde que se dio a conocer este punto, afirmó, se ha disparado la preocupación y el desconcierto en el sector, con promotores que están frenando actividad al no saber seguro si a ellos se les considerará grandes tenedores también.

El presidente de Foment y el de los promotores piden que no solo se escuche a los comunes y ERC

Al empresariado le ha sorprendido asimismo que el Govern de Salvador Illa esté aumentando impuestos, cuando, recuerdan, el president se comprometió a no subirlos. Y observan cómo los socios de investidura le están marcando el paso en políticas de gran peso como la vivienda. “ERC y los comunes le han dado la investidura a Salvador Illa, pero a la hora de diseñar las políticas de futuro, pedimos que también escuchen al sector privado y a los especialistas para implementar una palanca económica”, reflexionó el presidente de Foment.

También en el lado de los propietarios de pisos ha saltado la alarma. Desde Asval, la asociación que agrupa 6.000 propietarios de vivienda en alquiler, de loscualesel95%sonparticulares y el resto empresas, consideran que aumentar el IPT “no contribuye a solucionar el déficit de vivienda existente”. Por ello, exigen que esta medida no se aplique a las viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo o a la mejora energética. Por su parte, la Asociacio de Propietaris de Catalunya recuerda que la comunidad ya tiene “el ITP más caro del Estado”. “La Generalitat no tiene política de vivienda propia, la que están aplicando es la de ERC y los comunes”, concluye su presidente, Sergi Llagostera.

Noticia

Asval pide excluir del aumento del ITP viviendas para alquiler a largo plazo o mejora energética

La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha pedido este viernes que el aumento del tope máximo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), del 10% al 20%, en la compra de vivienda por grandes tenedores, anunciada por la Generalitat, no se aplique en casos en los que las viviendas vayan a dedicarse al arrendamiento a largo plazo o a la mejora energética.

«En un momento de grave desequilibrio entre oferta y demanda, consideramos que es esencial que se aprueben medidas que incentiven a todos aquellos propietarios que destinen las viviendas al alquiler de larga duración, así como a aquellos que, tras la compra hagan inversiones en las mismas para rehabilitarlas y mejorarlas energéticamente», indica Asval en un comunicado.

Consideran que el incremento de la oferta es especialmente importante en un entorno como Catalunya, «donde la aplicación de los controles de rentas en las zonas de mercado tensionado ya ha dado lugar a consecuencias indeseadas: una reducción de la oferta interanual del 17%», según un reciente informe de la Cámara de la Propiedad Urbana.

Asval, que actualmente cuenta con 6.000 asociados, de los cuales el 95% son propietarios particulares y el resto empresas del sector,  ve «con enorme preocupación el déficit estructural de 500.000 viviendas, que se verá ampliamente incrementado en los próximos años debido a los flujos migratorios que se esperan» en España.

Este déficit «no se podrá cubrir sin contar con inversión institucional y con un modelo de consolidación del sector del alquiler» por lo que la asociación insta a establecer políticas que incentiven la rehabilitación del parque de viviendas, que cuenta con una antigüedad media de 40-50 años, siendo actualmente el parque más envejecido de la UE, afirman.

ELP

Urge un giro de modelo que responda a los objetivos del sector y a las necesidades de la sociedad

La vivienda se ha convertido en un debate permanente. La descorrelación entre oferta y demanda y la imparable subida de los precios, que amenaza con convertirse en estructural, han generado una situación sin precedentes. Además, existen otros factores que alimentan la problemática, como la falta de inversión y financiación, los costes y la regulación dispar entre las comunidades.

Para profundizar sobre el tema, Cinco Días organi­zó un desayuno en colaboración con PwC donde los ponentes abordaron la coyuntura actual y los retos de futuro de la vivienda. La conclusión principal del encuentro fue que hace falta definir el modelo de producción y desarrollo de vivienda para corregir la situación actual y que responda a la tendencia del futuro.

Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España, arrancó la jornada con algunos datos: “El Banco de España cifra en 600.000 el déficit de viviendas, y es algo que arrastramos desde hace una década”. “En 2024 hemos producido menos de 100.000 viviendas, frente a los 245.000 hogares que se han creado. Ese crecimiento demográfico, según las proyecciones del INE, va a continuar en los próximos años; tendríamos que triplicar la actual producción”.

La construcción está aparejada con la rentabilidad, y este es otro de los desafíos para el sector inmobiliario. Miren Telleria, responsable del sector real estate de PwC, manifestó que “el capital busca una rentabilidad, y la realidad es que si la inversión no es a largo y no hay una forma de patrimonializar o convertir esto en algo que sistemáticamente tenga una rentabilidad, no puede haber inversión ni adecuación del parque”. Por otro lado, la experta recordó que “el existente en manos de los particulares está muy deteriorado, de los que más de Europa. ¿Por qué? Las pequeñas familias no tienen esa capacidad de continuar invirtiendo y mantenerlo en un estado correcto. Tenemos que perder ese complejo de decir claramente que necesitamos capital institucional, que además no hay vehículos, ni estructuras… Necesitamos estructuras que sean comparables con otros países; es fundamental para que se siga viendo a España como un país atractivo”.

La prioridad “es concretar qué tipo de vivienda y qué dinero necesitamos y el horizonte; nadie está hablando de estos tres puntos”, dijo Alejandra Mora, socia directora de Alas Social Impact Capital. Mora opinó que “con la configuración de un marco normativo policéntrico, como muchos países de Europa lo tienen, probablemente podríamos funcionar mejor. Debería incluir producción, fiscalidad, financiación y una política social”, añadió.

«La regulación debe ser lo más homogénea posible entre las comunidades. Hay que dar una vuelta a la inversión y la fiscalidad”

Laura Fernández, directora general de Asval, coincidió en señalar que “una de las claves es saber qué modelo de país queremos”. Bajo su percepción, “es obvio que para cubrir ese déficit que tenemos acumulado, y el que viene, necesitamos capital y recursos económicos que no existen hoy ni en el sector público ni en el tradicional de promotores o empresarios españoles. Es poco rea­lista pensar que vamos a ser capaces de asumir ese déficit sin la inversión institucional extranjera. No podemos seguir demonizando a los propietarios o amenazando con golpes fiscales a estructuras de inversión que funcionan en otros países como las socimis, que canalizan este tipo de inversiones”.

 

Presupuesto

Sobre la rentabilidad, Fernández invitó a hacer una reflexión. “Hay dinero que va a venir de la UE, pero necesitamos proyectos agregadores. El Banco Europeo de Inversiones ha dicho en multitud de ocasiones que los proyectos que no lleguen a un determinado importe, como 50 millones, ni los miran. En España, o somos capaces de hacer esa agregación y trabajar en escala con la inversión institucional, o va a ser muy complicado”.

En este sentido, Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, afirmo que “sin ayudas esto no es rentable, y sin rentabilidad hay concursos desiertos”. “El sector público muchas veces piensa que el privado está obligado a hacer vivienda a precio asequible. La vivienda social está claro que la tienen que hacer las Administraciones con los presupuestos, para llegar a las capas más desfavorecidas. Esta actividad hoy en día no es rentable en según qué zonas, y tiene que ir acompañada de ayudas de Europa, de los Gobiernos estatales, comunidades… Es un mercado con una densidad muy distinta, y eso hay que entenderlo”, agregó. Respecto a la tendencia alcista del alquiler, Campos subrayó que “existen dos grandes pensamientos: si la gente va a alquiler porque no puede comprar o porque hay un cambio en la sociedad hacia esa línea; yo creo que es una mezcla de ambos”.

“Todos los fondos europeos que van a venir necesitan visualizar fondos o vehículos grandes donde invertir, no van a buscar proyecto por proyecto”

Con respecto al papel de la Administración, Alejandra Mora recordó que el peso del PIB que dedican los presupuestos a la vivienda es del 0,15%. Y puso de manifiesto “una debilidad histórica que ha tenido España, que es la de generar vivienda a venta, que ha servido en ciertos periodos, pero no hemos creado un parque estable y conservador a largo plazo”. En su opinión, uno de los principales problemas es que “no somos capaces de generar una trazabilidad del fondo público para la vivienda; es decir, no sé dónde va a acabar la vivienda asequible, no sé el tipo de tenedores que van a ser, si va a haber ocho cambios de un inversor a otro… Esto es distinto en otros países europeos. Aquí no conocemos quién va a ser tenedor a largo plazo”.

De forma paralela, Miren Telleria habló de la poca inversión en el sector. “Puede haber fondos muy grandes, pero los paquetes son todavía pequeños porque también el tamaño medio del promotor, aunque pensemos que son los grandes, el volumen que hacen en todo el parque es pequeño.

«Es poco realista pensar que vamos a ser capaces de asumir ese déficit que tenemos en el mercado sin la inversión extranjera institucional»Laura Fernández Directora general de Asval

Tenemos un tipo de capital que está haciendo parque para un corto plazo; necesitamos patrimonialistas de muy largo plazo, y para eso tenemos que tener un entorno relevante y comparable. En promotores no han venido ni la mitad de los que necesitamos, y los que están no son capaces de cubrir el gap existente. Tienen que venir nombres y capital nuevos, y estructuras diferentes”.

Regulación

El marco normativo es otra de las asignaturas pendientes. Beatriz Toribio comentó que “la regulación debe ser lo más homogénea posible entre comunidades. Aunque hay mucho por hacer, España tiene unos fundamentales, un crecimiento demográfico, un interés turístico, un clima… que sigue siendo muy atractivo para los inversores”.

 

Por otra parte, Alejandra Mora argumentó que “todos los fondos europeos que van a venir necesitan visualizar fondos o vehículos grandes donde invertir. No van a ir buscando proyecto por proyecto. Y cuando lo hagan en vivienda asequible también van a buscar vehículos reconocibles. Hay que desarrollar un marco de financiación que toque la fase promoción y operativa”.

Toribio estuvo de acuerdo en que “hay que dar la vuelta a gran parte del modelo de producción y desarrollo de vivienda desde el punto de vista de la inversión y fiscalidad, aunque la financiación del suelo es un tema muy importante”.

Sobre este asunto, Roberto Campos apuntó que “si no fuera por el ICO que está financiando hoy, no hay grandes bancos que estén haciéndolo, salvo en casos muy contados, como tener un buen comprador final, y eso es complicado de origen”. A juicio de Toribio “el ICO ha creado un modelo que ha despertado mucho interés”. “Es sentarse y ver qué interesa a las diferentes partes para que esa financiación se canalice para el suelo, para vivienda asequible, para vivienda social…”.

Asimismo, Laura Fernández, habló de la importancia reputacional. “Los fondos institucionales no quieren en ningún caso verse envueltos en escándalos, ni noticias ni cuestiones que puedan alarmar a su capital de base que son los pensionistas, los ahorradores… y los que en un momento dado pueden cambiar su decisión de inversión”, concluyó.

Eliminar prejuicios para solventar la tesitura

Miren Telleria sostuvo que en el tema de la vivienda “estamos en un momento de mucho ruido”. Y para despejar este panorama “realmente hay que escuchar lo que dice el capital, buscar los mecanismos de financiación para cada proceso y facilitar un entorno que lo permita”. También vio relevante “ayudar a la sociedad a que entienda que esto es algo complejo y a nivel del sector permitamos más suelo, más financiación, más acompañamiento… Hay muchas cosas que puede hacer la Administración, pero el sector tendrá que activarse, escuchar también y profesionalizarse para que ese capital llegue, porque es preciso dar respuestas”.

Beatriz Toribio coincidió en que “hay que explicar lo que está pasando; que no se desarrolle más vivienda no es porque no se quiera, es porque no se puede, y que la gente entienda que el capital extranjero no es malo, y que quienes hacen esas viviendas tienen que tener, evidentemente, unos beneficios”. “La vivienda es un problema a nivel internacional, y ahora está en el centro del debate social, político y de Europa, y esto hay que aprovecharlo”.