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De las Kelifinder a la generación expulsada: 20 años de la gran promesa incumplida a los jóvenes

El Gobierno lanzó unas zapatillas en 2006 para que los jóvenes «patearan las calles» para encontrar vivienda; hoy esa generación ha sido expulsada del mercado y sube al 67% el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres.

«Obviamente no podemos conseguirte casa, pero de momento te ayudamos a buscarla». María Antonia Trujillo, la primera ministra de Vivienda de España, presentó exultante esa mañana de 2006, hace ahora 20 años, una de las campañas más recordadas -y discutidas- de la historia inmobiliaria de nuestro país. Se trataba de las Kelifinder, unas zapatillas deportivas para que los jóvenes, que decían no encontrar casa a precios asequibles, «se patearan las calles» para lograrlo.

La iniciativa apadrinada por el Consejo de la Juventud, pero financiada íntegramente por el Ministerio, recogía la estela de otras políticas enfocadas a la facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda de Trujillo, como las «soluciones habitacionales» y la construcción de los ya célebres «minipisos».

El Gobierno decidió regalar 10.000 pares de zapatillas Kelifinder y lanzó una gran campaña publicitaria en televisiones, radios y periódicos para dar a conocer un portal informativo enfocado a los jóvenes. Su tesis era simple: las ayudas estaban ahí, sólo había que patear las calles y encontrar la vivienda perfecta. El 90% de los jóvenes que conseguían emanciparse, dijo Trujillo, durante la presentación de las Kelifinder, lo hacían gracias a ayudas de su plan de vivienda, sólo había que «encaminarlos».

Vivía la ministra aquellos días de 2006 (y todo el país, por ser justos) de espaldas a la gran hecatombe inmobiliaria que dos años después cambiaría el horizonte para siempre. Eran otros tiempos. España se encontraba en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Se construía más vivienda que en Alemania, Francia e Italia juntos, y el mercado giraba casi exclusivamente en torno a la compraventa, especialmente de obra nueva. El alquiler era residual: apenas representaba un tercio de las búsquedas en los portales inmobiliarios y no era la opción preferida, pese a ser sensiblemente más barato.

La situación de los jóvenes ya era delicada entonces, aunque aún no se vislumbraba su actual expulsión del mercado. En 2004, un 48,5% de los españoles de entre 25 y 29 años vivía con sus padres. Hoy esa cifra se ha disparado hasta el 66,6%, según el último dato de Eurostat, que sitúa ese porcentaje en la UE estable en torno al 41% en los últimos 15 años. España ha pasado de ser el decimoquinto país con más jóvenes sin emancipar en la UE a ocupar el séptimo puesto, consolidando una brecha de cuatro años respecto a la media europea, donde los jóvenes se marchan de casa a los 26 mientras aquí lo hacen ya pasados los 30 años.

Santiago Calvo, doctor en economía por la Universidad de Santiago y profesor en la Universidad de las Hespérides es tajante al respecto: «No es que los jóvenes españoles quieran quedarse en casa de sus padres. Es que el mercado no les deja elegir». Calvo señala una «razón aritmética» demoledora: el indicador de accesibilidad de Banco de España (los años de renta bruta necesarios para comprar una casa tipo) casi duplica hoy los niveles de los años 90. «Comprar una vivienda cuesta hoy casi el doble que en los 90… Llevamos más de dos décadas por encima de lo que históricamente se consideraba normal», advierte.

El cambio de paradigma es total. En 2004, casi la mitad de los jóvenes (47,7%) vivía en propiedad; hoy, esa relación se ha invertido y el 49,8% debe recurrir al alquiler. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, recuerda que en la época de las Kelifinder el alquiler era una opción minoritaria y mucho más asequible: «En aquel momento todo el foco del mercado, de las administraciones y de los medios, estaba puesto en el mercado de compraventa… Alquilar una vivienda en Madrid en marzo de 2006 era un 40% más barato que comprarla».

Sin embargo, ese refugio se ha vuelto ahora el principal foco de tensión. Según Iñareta, «arrendar una vivienda en España resulta hoy un 62% más caro que en el primer trimestre de 2006». En capitales como Madrid o Barcelona los precios del alquiler se han incrementado un 49% y un 42%, respectivamente, muy por encima de lo que se ha encarecido la compraventa, con precios un 30% de media en el país por encima ya de los que había cuando se lanzaron las Kelifinder.

De alquiler sabe mucho Helena Beunza, presidenta de Asval, la asociación que aglutina a los propietarios de viviendas en alquiler, y quien fuera directora general de Vivienda en la primera legislatura de Pedro Sánchez. «En las últimas dos décadas, el modelo de vivienda en España ha vivido una transformación profunda. Hemos pasado de un sistema centrado casi exclusivamente en la propiedad a otro en el que el acceso a la vivienda -especialmente a través del alquiler- y las nuevas fórmulas habitacionales han ganado un protagonismo incuestionable», apunta. Para Beunza, este cambio no es casual y responde a una realidad social y económica distinta, marcada por una menor capacidad de compra, una mayor movilidad laboral y la necesidad, «cada vez más evidente, de una colaboración público-privada eficaz para generar oferta suficiente».

El futuro pasa, según la presidenta de Asval, «por la progresiva europeización de las políticas de vivienda en España». «Avanzamos hacia un modelo en el que el alquiler asequible y la rehabilitación del parque construido serán los pilares fundamentales, alineándonos con las mejores prácticas europeas. La clave estará en garantizar la financiación de estas dos líneas de actuación, imprescindible para consolidar un sistema más equilibrado, sostenible y verdaderamente accesible», apunta.

Aunque este arranque de 2026 hemos empezado a ver cierta fatiga en el ritmo de subida de los precios de la vivienda y en el volumen de compraventas, lo cierto es que la escalada se ha acelerado en los últimos meses. Para María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, se ha creado una «dualidad» insostenible en el mercado. «Estamos ante un hito histórico… observamos cómo el mercado ha completado un ciclo de 20 años para situarse en un nuevo escenario de máximos». Y para Matos, el dato más alarmante es la velocidad a la que lo ha hecho en el último año: «Un salto del 26% en el precio nacional en apenas 12 meses, un ritmo de aceleración que no habíamos visto en toda la serie histórica».

Para el catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y de digitalización de Funcas, Francisco Rodríguez, el cambio ha ido mucho más allá de una cuestión cuantitativa. «Hace veinte años se popularizó la idea de las Kelifinder, como si el acceso a la vivienda dependiera esencialmente del esfuerzo individual: buscar más, caminar más, insistir más. Aquella imagen, que entonces ya resultaba discutible, tenía algo revelador: desplazaba un problema estructural hacia el comportamiento del individuo».

Dos décadas después, a ojos de Rodríguez, «hemos sustituido las zapatillas por algoritmos», ya que se han reducido casi a cero los costes de búsqueda y se ha multiplicado la información disponible para el ciudadano. Sin embargo, el diagnóstico de fondo sigue siendo el mismo para este economista: «No es un fallo de búsqueda, sino de mercado y la brecha entre oferta y demanda persiste, y en muchos casos se ha intensificado».

«Lo que ha cambiado no es la naturaleza del problema, sino la forma de experimentarlo. Antes el coste era físico; hoy es cognitivo y competitivo. Podemos ver más viviendas que nunca, comparar en tiempo real y reaccionar con rapidez, pero acceder a ellas sigue siendo extraordinariamente difícil. La fricción no ha desaparecido: simplemente se ha trasladado, de los pies a las expectativas», concluye Rodríguez.

Pese a que la España de 2006, aquella de las Kelifinder y los minipisos de Trujillo, y la de hoy se parecen poco, todavía se perciben ciertos paralelismos. «Una de las similitudes entre ambos momentos es la ceguera y la negativa de las administraciones para reconocer el fracaso de sus políticas», acota el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta. «En 2006, como ahora, desde las administraciones públicas también se trataba de menospreciar y se acusaba de agoreros a quienes denunciamos, ya a finales de 2004 mediante la edición del libro La burbuja inmobiliaria, que el sector se acercaba peligrosamente a una burbuja. En aquel momento la polarización también estaba presente, enfrentando a ‘burbujistas‘ y ‘nuncabajistas‘. El tiempo, claro, dio la razón a los primeros».

Los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España afloran una dinámica perversa que se ha ido haciendo más grande generación tras generación. Y es que las cohortes de población nacidas antes de 1965 llegaron a tasas de propiedad de una vivienda superiores al 80% en la etapa central de su vida y las mantuvieron estables. La nacida entre 1966 y 1975 fue la primera que no consolidó ese patrón, aunque llegó al 79% en torno a los 40 años, sin seguir subiendo. Los nacidos entre 1976 y 1985 partieron ya de posiciones más bajas, alcanzando el 62% a los 30 años y se estabilizaron en torno al 67-71%.

La gran brecha llego con los nacidos entre 1986 y 1995, los que hoy tienen entre 31 y 40 años. A los 26 años, solo el 32% era propietario, diez puntos menos que la cohorte anterior a esa misma edad. Con 36 años llegan el 45%. Si esta tendencia se mantiene, esta generación alcanzará a los 45 años con una tasa de propiedad entre 20 y 25 puntos por debajo de lo que tenían sus padres a la misma edad.

Desde aquellas Kelifinder, España lleva 20 años construyendo menos vivienda de la que necesita. «El control de alquileres, lejos de abaratar el acceso, ha expulsado oferta del mercado en las zonas donde se ha aplicado», advierte Santiago Calvo. «Lo que hace falta, más construcción, menos burocracia, más seguridad jurídica para los arrendadores, no tiene el atractivo político de una medida visible a corto plazo. Pero es lo único que ha funcionado históricamente en los países donde los jóvenes pueden emanciparse a los 22 años y pagar un alquiler razonable. No hay secreto ni modelo exótico: hay suelo, hay permisos y hay viviendas», advierte.

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Fondo Soberano: el primer paso para convertir la vivienda asequible en una política económica de Estado

En España, el debate sobre la vivienda ha estado durante demasiado tiempo atrapado entre el corto plazo y la fragmentación. Sin embargo, la magnitud del problema exige un cambio de enfoque: dejar de tratar la vivienda como una cuestión coyuntural y empezar a abordarla como un reto estructural con profundas implicaciones económicas, sociales y de competitividad.

En este contexto, el lanzamiento del pliego del fondo soberano «España Crece» representa una iniciativa relevante. No solo por el volumen de recursos movilizados, sino por lo que implica en términos de política económica: la entrada decidida del Estado como catalizador de la inversión privada a gran escala en vivienda en alquiler asequible.

El diseño del fondo apunta a movilizar millones de euros y a impulsar la construcción de hasta 15.000 viviendas anuales. Más allá de las cifras, lo verdaderamente significativo es el cambio de lógica: pasar de medidas regulatorias aisladas a instrumentos financieros capaces de incidir sobre la oferta.

Porque si algo ha demostrado la evolución reciente del mercado es que el principal desequilibrio no está en la demanda, sino en la escasez estructural de vivienda disponible.

Vivienda: un problema económico, no solo social

La falta de vivienda asequible ya no es únicamente un desafío social. Es también un factor que impacta directamente en la economía: limita la movilidad laboral, reduce la capacidad de atracción de talento, presiona los salarios y afecta a la competitividad de las ciudades.

España produce actualmente muchas menos viviendas de las que necesita, mientras que su parque de vivienda social sigue siendo significativamente inferior al de los principales países europeos. El resultado es un mercado tensionado, con precios al alza y una creciente dificultad de acceso, especialmente en los grandes núcleos urbanos.

Este diagnóstico es compartido a nivel europeo. El reciente informe aprobado por el Parlamento Europeo sitúa la vivienda como una prioridad estratégica, alertando de que la escasez de oferta y el incremento sostenido de precios están afectando ya a amplias capas de la población, incluida la clase media.

La respuesta europea es clara: aumentar la oferta mediante inversión, facilitar la colaboración público-privada y mejorar la eficiencia regulatoria. En definitiva, tratar la vivienda como una infraestructura económica básica.

El fondo España crece introduce un elemento que hasta ahora había sido insuficiente en España: la utilización de instrumentos financieros para hacer viable la promoción de vivienda asequible.

El principal reto del sector no es técnico, sino económico. En muchos casos, los costes de construcción, financiación y suelo no son compatibles con los niveles de renta del alquiler asequible. Esto genera un gap que el mercado, por sí solo, no puede cubrir. Aquí es donde el fondo puede jugar un papel decisivo. A través de préstamos a largo plazo, esquemas de coinversión o mecanismos de reducción de riesgo, es posible hacer viables proyectos que hoy no lo son.

Este tipo de instrumentos no son nuevos. Se utilizan desde hace años en otros países europeos para movilizar capital institucional hacia la vivienda asequible, un segmento que, bien estructurado, ofrece rentabilidades estables y predecibles a largo plazo.

La colaboración público-privada como condición necesaria

Uno de los aciertos del planteamiento es su vocación de colaboración público-privada. La dimensión del déficit de vivienda en España hace inviable una solución exclusivamente pública. Según el Banco de España, tenemos un déficit acumulado de 800.000 viviendas.

El capital privado —incluyendo inversores institucionales, entidades financieras y promotores— es imprescindible para escalar la producción de vivienda. Pero para que ese capital fluya, es necesario un entorno adecuado.

Esto implica, en primer lugar, estabilidad regulatoria. La inversión a largo plazo requiere marcos previsibles, donde los riesgos sean gestionables y las reglas del juego no cambien de forma abrupta.

En segundo lugar, seguridad jurídica. La protección equilibrada de propietarios e inquilinos es esencial para fomentar la oferta.

Y, en tercer lugar, rentabilidad ajustada al riesgo. La vivienda asequible no es un activo especulativo, pero debe ofrecer retornos razonables para atraer inversión sostenida.

Los cuellos de botella pendientes

El éxito del fondo del ICO no dependerá únicamente de su diseño financiero. Existen cuellos de botella estructurales que pueden limitar su impacto si no se abordan de forma paralela.

El primero es la burocracia. Los plazos de desarrollo urbanístico y concesión de licencias siguen siendo excesivos, lo que retrasa la puesta en marcha de proyectos y encarece los costes.

El segundo es la disponibilidad de suelo finalista. Sin una política activa de movilización de suelo, la capacidad de aumentar la oferta será limitada.

El tercero es la fragmentación competencial. La coordinación entre administraciones es imprescindible para evitar duplicidades, retrasos y falta de coherencia en las políticas.

Y el cuarto, no menos importante, es la continuidad. La vivienda requiere políticas sostenidas en el tiempo. Los instrumentos financieros deben tener vocación de permanencia para generar confianza en el mercado.

De la oportunidad a la ejecución

El fondo del ICO es, en definitiva, una buena noticia. Representa un cambio de enfoque necesario, pero su éxito no está garantizado. Dependerá de su ejecución, de su capacidad para atraer inversión y de las reformas que lo acompañen.

España necesita aumentar de forma significativa su parque de vivienda asequible. Y para ello, es imprescindible combinar inversión, seguridad jurídica y eficiencia administrativa.

Si conseguimos como país articular estos elementos, estaremos ante un instrumento transformador. Si no, corremos el riesgo de que se quede en una iniciativa ambiciosa, pero insuficiente.

Europa ya ha marcado el camino. Ahora nos toca a nosotros recorrerlo.

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Intervenir el alquiler en tiempos de crisis: una estrategia equivocada

Helena Beunza

La respuesta a la crisis energética no puede pasar por reducir la oferta de vivienda ni por alejarse del enfoque europeo basado en estabilidad y aumento del parque de alquiler

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha reactivado las tensiones energéticas y la presión inflacionaria en Europa, obligando a los gobiernos a actuar con rapidez para proteger a los hogares más vulnerables. En este contexto, España ha optado por intervenir directamente el mercado del alquiler mediante un real decreto-ley que limita la actualización de rentas y establece prórrogas obligatorias de contratos.

La urgencia de la respuesta no debe impedir un análisis riguroso de su contenido y de sus efectos previsibles.

La experiencia demuestra que este tipo de intervenciones, lejos de mejorar el acceso a la vivienda, terminan reduciendo la oferta disponible y excluyendo a los hogares más vulnerables. Ante mayores restricciones e inseguridad jurídica, muchos propietarios optan por retirar viviendas del mercado o no incorporarlas. El resultado es un mercado más pequeño, menos accesible y más excluyente.

Las medidas adoptadas son, además, de gran alcance. La limitación de la actualización de rentas al 2% hasta finales de 2027 y la introducción de prórrogas obligatorias de contratos de hasta dos años suponen una intervención directa tanto en los precios como en la duración contractual del alquiler, alterando de forma sustancial su funcionamiento.

Este enfoque presenta, además, un rasgo relevante: no se articula a través de instrumentos focalizados en los hogares en situación de vulnerabilidad, sino mediante medidas de carácter general que afectan al conjunto del mercado, con independencia de la situación económica de arrendadores y arrendatarios. Ello refuerza su impacto sobre la oferta disponible y limita su eficacia desde el punto de vista distributivo.

A ello se añade un elemento que no debería pasarse por alto. Incluso si este real decreto-ley no llegara a ser convalidado, su mera aprobación ya genera efectos relevantes. La introducción de medidas de esta naturaleza incrementa la percepción de riesgo regulatorio, introduce ruido y retrasa decisiones de inversión. En un mercado especialmente sensible a la seguridad jurídica, esto tiene un impacto inmediato: menor disposición a poner vivienda en alquiler y mayor cautela por parte de los propietarios. Es decir, efectos contractivos sobre la oferta incluso antes de su aplicación efectiva.

Frente a esta intervención, los países de nuestro entorno están adoptando una estrategia distinta. La respuesta europea se está centrando en el origen del problema -el shock energético- mediante el apoyo a los sectores más afectados.

En materia de vivienda, la línea es clara: mantener la estabilidad regulatoria y evitar medidas que puedan deteriorar la oferta. Incluso en aquellos países con sistemas de control más desarrollados, no se están introduciendo nuevas capas de intervención que agraven la escasez existente. De hecho, países como Irlanda, que han aplicado controles de rentas en los últimos años, están introduciendo mecanismos de flexibilidad para corregir su impacto sobre la oferta, evitando así una mayor contracción del mercado, eliminando las zonas de mercado tensionado y permitiendo que los nuevos contratos se realicen a precios de mercado.

Este enfoque responde a una orientación estratégica que también se consolida a nivel comunitario. La agenda europea de vivienda se basa en aumentar la oferta, movilizar inversión, reforzar la colaboración público-privada y garantizar seguridad jurídica. El objetivo es ampliar el mercado de vivienda asequible, no restringirlo.

En este contexto, las medidas adoptadas en España no solo resultan ineficaces desde el punto de vista económico, sino que nos sitúan en una posición de divergencia respecto al marco europeo. Una divergencia que debilita nuestra capacidad para atraer inversión y dar respuesta a un problema estructural.

La vivienda es un pilar esencial de la cohesión social y del desarrollo económico. Precisamente por ello, no puede convertirse en el terreno de políticas que, lejos de resolver el problema, lo agravan.

Hoy más que nunca, España necesita alinearse con la estrategia europea: proteger a las personas sin erosionar el mercado, garantizar estabilidad regulatoria y apostar por un crecimiento sostenido de la oferta de vivienda asequible.

No es momento de tomar atajos que reducen el mercado. Es momento de reforzarlo.

Porque cuando el mercado se reduce, la exclusión aumenta.

Helena Beunza es presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).

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El propietario ya no acude a la justicia ante una ocupación, busca acuerdos directos, y es muy preocupante

La presidenta de la asociación de propietarios del alquiler y ex secretaria general de Vivienda del Gobierno pide volcarse en construir vivienda en alquiler asequible y alerta de la indefensión del pequeño propietario.

¿Cómo de grave es el problema de la vivienda en nuestro país?
Es grave. No estamos ante un problema coyuntural de precios, estamos ante un problema estructural de falta de vivienda y esto se soluciona solamente con medidas estructurales de largo plazo y medidas que cuesta su implementación. Es necesario centrarse en el incremento de la oferta de vivienda asequible. Y esto lo dicen la OCDE y los expertos de la Comisión Europea: hay que generar masivamente vivienda asequible.
Eso necesita una gran inversión.
Para eso necesitamos el capital privado, tanto el que tiene lucro limitado como el sin ánimo de lucro. Piensa que hay una previsión ya demográfica de que seremos 53 millones en el 2030 y después, hasta el 2039, se sumarán otros 3,7 millones más. De manera que ya no es que partamos del déficit ya establecido en 700.000 viviendas, sino que ese déficit cada año va subiendo y no estamos creciendo, obviamente, al ritmo necesario en generación de vivienda.
Usted estuvo en la sala de máquinas del Gobierno: fue secretaria general de Vivienda entre 2018 y 2020, ¿ve la crisis hoy peor que al llegar?
Hoy es más grave porque ese déficit de vivienda se va acumulando y además porque las previsiones demográficas también han cambiado mucho. España es un país que va a recibir mucha gente en los próximos años. Nuestra economía necesita de esta inmigración, pero tenemos que ser capaces de darles una solución habitacional. La necesitan tanto los jóvenes españoles como las personas que están viniendo al país. Y no lo estamos consiguiendo.
Se han puesto ya algunas medidas, como límites a los precios. ¿Cómo diría que están funcionando?
Empezamos a poder hacer un balance porque ya hay datos de varios trimestres acumulados. Es cierto que ha habido un descenso en los precios, un descenso que cada vez va siendo más limitado, pero que viene fundamentalmente causado porque el stock que se está poniendo en alquiler cada vez es de menor tamaño y de peor calidad. Estos controles de precios, tal y como se han definido, lo que están generando es una reducción del stock de vivienda en alquiler y que la que se está poniendo en alquiler sea más pequeña y peor.
Dice «tal y como se han definido», ¿podían haberse diseñado límites de una manera más adecuada?
Otros países que han establecido medidas de control de precios lo han hecho siempre como algo muy definido tanto en el tiempo como en el espacio y lo han acompañado, además, de una dotación presupuestaria muy amplia para impulsar la oferta y contrarrestar efectos perniciosos. Aquí, de momento, no hemos visto medidas que hayan conseguido incrementar la oferta.
¿Y dotación presupuestaria?
Creo que hay una voluntad palpable de incrementar la consignación presupuestaria de vivienda, pero partimos de una situación muy lejana a la del resto de países que sí que tienen este control de precios. Es decir, el gasto medio en vivienda por habitante en nuestro país, según los datos del Ministerio, está en 34 euros por vivienda. En Irlanda, por ejemplo, que también ha tenido medidas de control, hay un gasto medio de alrededor de 360 euros. Estamos, por tanto, todavía muy lejos.
El escaso parque público no es contrafuerte, ¿no?
Efectivamente, también afecta el escaso parque público que tenemos. Estamos legislando como si tuviésemos un gran parque de vivienda, pero realmente estamos ejecutando las políticas con un parque muy lejano al de los países de nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que al final los propietarios se han convertido en el escudo social. Se les están imponiendo una serie de cargas para solucionar una situación que debería de ser responsabilidad del Estado.

 

Las medidas de control de precios se están aplicando en unas CCAA, con Cataluña a la cabeza, pero no en otras. ¿Se ha generado otra brecha social, dos Españas, en vivienda?
Desde luego se está generando una situación muy diferente respecto a la inversión y la generación de vivienda en alquiler asequible en función de esta situación. ¿Por qué? Porque para generarla necesitamos inversión privada. Con solo inversión pública no se va a conseguir y la privada tiene una retracción en aquellas zonas donde se está aplicando el control de precios. Cualquiera que tenga un amigo o un familiar que ha buscado piso de alquiler en Barcelona sabe perfectamente cuál es esta situación. Ya no es lo que digan los portales, es lo que están viviendo las familias y los jóvenes en sus propias carnes. Es una situación muy compleja porque, a la vez que se están estableciendo estas dos realidades, también estamos viendo otro movimiento, la centralización.
¿A qué se refiere?
Estamos acudiendo a una situación de centralización de las políticas de vivienda, en la gestión y la ejecución. Creo que esto merece una reflexión cuando hay voces alertando de que es necesario que mantengamos la Europa de las regiones, el municipalismo, etcétera, etcétera. Es cierto que es necesario que exista una normativa común a nivel nacional, pero también es cierto que estamos en un país descentralizado en el que las políticas de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas.
¿Percibe un deterioro en la sensación de seguridad jurídica a ojos de los inversores?
Se está generando una situación de inseguridad, no solo ya respecto a los inversores, sino también respecto del pequeño propietario. Este es esencial para generar oferta de una manera rápida y para que ponga su vivienda en alquiler, necesitamos que tenga esa sensación de seguridad y de estabilidad, sensación de protección del derecho de propiedad. Y respecto del inversor institucional, noticias como, por ejemplo, la falta de protección de la vivienda en los casos de ocupación o la lentitud de nuestros procesos, no ayudan. La necesidad que tenemos de flexibilizar y de agilizar todos los procedimientos administrativos está actuando como una losa sobre nuestra competitividad y capacidad de innovación.
Esta semana el Ejecutivo ha planteado una medida para cubrir posibles impagos de jóvenes o familias vulnerables. ¿No es positiva?
Esta es una iniciativa que ya se anunció a principios de año. Toda iniciativa que parta de la protección del propietario para nosotros es positiva, pero es necesario que vaya bien acompañada de una clara consignación presupuestaria y de un mecanismo que realmente cumpla la finalidad para la que ha sido creado.
¿Por qué no les convence el índice al que se referencian los precios?
El Serpavi, que es el sistema del índice de precios que va a ser necesario, no es un índice de mercado, esto ya se ha reconocido por el Banco de España y numerosos estudios técnicos. Es un índice, en su caso, de asequibilidad y por lo tanto, políticamente, no se puede utilizar diciendo que el que alquile por debajo del Serpavi estará protegido, porque eso no significa que alquile por debajo del mercado. Es un índice de asequibilidad con datos de hace dos años y que tampoco es transparente.
Casa 47 ya opera. ¿Era necesaria una empresa pública estatal?
Yo siempre he sido defensora del sector público. Fui vicepresidenta de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y fui directora general de la entidad pública empresarial en la Comunidad Valenciana. Conozco perfectamente cómo funciona el sector público. Lo realmente necesario es que tengamos un sistema jurídico por el que estas empresas puedan gestionar los parques públicos y generarlos de una manera ágil.
¿Qué hace falta para eso?
Hay cuatro o cinco puntos de dolor, que son fundamentales, como determinadas modificaciones en la ley de subvenciones o en la ley de contratos, que de verdad facilitarían que todas las empresas públicas que hay en España, que son muchísimas, y que llevan prestando y promoviendo vivienda desde hace muchísimo tiempo, pudieran de verdad poner toda su maquinaria en funcionamiento. Lo que hace falta es que todos municipios y CCAA pongan la maquinaria a trabajar y para eso es necesario escucharlos y dotarlos de los mecanismos necesarios para que la colaboración público privada de estas empresas sea ágil y una realidad. Es decir, que el sector público actúe, por un lado, pero también que actúe como impulsor de la inversión privada. El capital público debe conseguir movilizar inversión privada y acompañarla.
¿Qué podemos esperar de los precios en 2026? ¿Seguirán subiendo?
Como la situación en la que estamos es un desajuste entre la oferta y la demanda, lo natural es que siga un incremento de los precios hasta que seamos capaces de generar esta oferta de vivienda en alquiler asequible o incluso de vivienda en propiedad asequible. Lo cierto es que la capacidad de los españoles está llegando a un límite que va más allá de lo razonable. Y esto no es beneficioso para nadie, ni para el sector público, ni para el privado, ni para los propietarios, ni para los inquilinos. Va a seguir creciendo el precio, pero de una manera más comedida.
Las cifras de ocupación oscilan mucho según a quien se pregunta…
Cuando se miran los datos de fuerzas y cuerpos de seguridad, puede parecer que ya no hay tanta ocupación, pero lo que está ocurriendo es que si se acude a la institución jurídica que debería solucionar los problemas de ocupación, nos encontramos con procedimientos que pueden tardar 18 o 24 meses. ¿Por qué? Porque se basa todo en la existencia de un informe de servicios sociales sobre la vulnerabilidad de la familia.
¿Y no lo ve necesario?
Obviamente, es necesario discernir quién es vulnerable y quién no. Y al que es vulnerable, darle la protección que se merece. Pero los servicios sociales no están preparados para emitir todos estos informes y el sistema no está funcionando. Por lo tanto, los particulares, y eso se ve claramente en la encuesta anual que hacemos, no acuden al sistema judicial para defender su propiedad, sino que llegan a acuerdos con los okupas o intentan soluciones ajenas a las instituciones jurídicas. Y eso, desde luego, es muy preocupante.
Con esta necesidad que tenemos, ¿cómo se puede explicar al ciudadano el bloqueo de la ley del suelo?
Es el fiel reflejo de la polarización política en la que nos encontramos. Es un texto con unas medidas consensuadas con el que, además, el sector privado no solo está de acuerdo, sino que ha impulsado que se apruebe. Y no conseguimos sacarlo hacia adelante. Esto merece una importante reflexión por parte de todos.
¿Qué medidas fiscales echa de menos para estimular la oferta?
La recaudación de los impuestos sobre vivienda y patrimonio llega en España a un 12 o un 14% cuando el gasto público está en un nivel tan bajo. Es decir, tenemos un sistema fiscal que grava la vivienda en lugar de impulsar la generación de la vivienda asequible. Hay una batería de medidas sobre las que también existe unanimidad, como es trabajar con el IVA, avanzar en la deducción del IRPF y en los impuestos societarios. Hay que conseguir que ese capital se destine a generar alquiler asequible.
¿Qué espera del plan de Vivienda que la Comisión Europea presentará este martes?
Lo veo muy interesante. Creo que realmente vamos a un cambio de paradigma.
¿En qué sentido?
La vivienda se va a ver como infraestructura social necesaria de los países, al igual que la energía u otras cuestiones fundamentales.
¿Y qué implica?
Parece algo muy técnico, pero es algo muy importante porque al definir vivienda como un servicio económico de interés general, podamos ir a ese sistema coste/renta en la fijación de las rentas y que no se consideren ayudas de Estado o que no haya que comunicarlo como tal. Esto facilita considerablemente la inversión privada y va a tener un impacto importante. El plan europeo se basa fundamentalmente en la inversión privada para generar ese grueso de ese parque de vivienda en alquiler asequible
(Foto de ARCHIVO) Mossos d'Esquadra en las inmediaciones de los edificios de la Ruïna y el Kubo, en la plaza Bonanova, a 30 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han conseguido entrar en el interior del Kubo y la Ruïna con el fin de desalojar a sus ocupantes, a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona. El desalojo se ha iniciado sobre las 6 horas y los ‘okupas’ han tirado líquido inflamable y objetos contundentes a los agentes que intentaban acceder. Lorena Sopêna / Europa Press 30 NOVIEMBRE 2023;M;OKUPAS;BARCELONA;LA RUINA;EL KUBO 30/11/2023
Persiste la impunidad de los ‘okupas’ en autonomías como Cataluña, Andalucía y Valencia. EP

El ‘peligro’ de prolongar la moratoria de desahucios en plena crisis del alquiler

La moratoria que suspende los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sigue en vigor en España hasta el 31 de diciembre de este año y desde Podemos han pedido al Gobierno prorrogar esta medida y hacerla permanente. Desde ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) advierte de que prolongar la moratoria una vez más supondría profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho de propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses.

La asociación, que representa a más de 6.000 asociados, tanto institucionales como particulares, destaca que lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha mantenido en España de forma casi estructural, a diferencia de la mayoría de países europeos, que la retiraron gradualmente a medida que la situación sanitaria y económica se normalizaba.

Asval destaca que a finales de 2024 un 12% de los procedimientos judiciales en España se habían suspendido, una cifra muy alejada de los más de 58.000 lanzamientos evitados que estima el Observatorio Desca para el periodo 2020-2024.

El informe de ASVAL recuerda que la desaparición de la moratoria no supone una desprotección total para el inquilino, dado que la Ley por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde 2023, ya contempla mecanismos de suspensión temporal del lanzamiento para personas en situación acreditada de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Aun así, la organización insiste en que el principal problema no es normativo, sino de ejecución. «El 99% de las derivaciones a Servicios Sociales no recibe respuesta, ya sea por falta de emisión del informe o por ausencia de medidas disponibles para los afectados», apuntan. Este dato, según ASVAL, evidencia la incapacidad del sistema para «ofrecer soluciones reales y la sobrecarga que recae sobre los propietarios, a quienes se les traslada la responsabilidad de sostener situaciones de vulnerabilidad que deberían ser asumidas por la administración».

Okupación ilegal

Además de los casos de impago o vulnerabilidad sobrevenida, la moratoria también suspendía lanzamientos de ocupantes ilegales sin título habilitante, siempre que la entrada se hubiera producido antes de una fecha determinada. «En la práctica, este paraguas normativo amparó numerosas ocupaciones y dificultó la recuperación de inmuebles, generando situaciones especialmente graves para pequeños propietarios que no podían disponer de su vivienda durante años», explican.

ASVAL advierte de que mantener la suspensión alimenta un «efecto llamada», fomentando nuevas ocupaciones y penalizando a quienes ejercen su derecho legítimo a recuperar su propiedad.

En un momento de fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, con precios tensionados y mínimos históricos de vivienda disponible, ASVAL asegura que reinstaurar la moratoria agravaría los problemas estructurales del alquiler.

«La inseguridad jurídica desincentiva a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, reduciendo aún más la oferta y generando presiones adicionales sobre los precios», apunta. Buena parte de los caseros, especialmente los pequeños, ya están optando por recuperar sus viviendas mediante compensaciones económicas, un mecanismo que, según ASVAL, no es sostenible en el tiempo y que refleja la falta de confianza en un sistema judicial que no garantiza plazos razonables.

El informe cita estudios del Banco de España que vinculan de manera directa la baja seguridad jurídica con mercados de alquiler poco desarrollados. La evidencia internacional demuestra que «la efectividad de las regulaciones depende de la existencia de procedimientos legales ágiles» y que la falta de mecanismos eficientes para asegurar la recuperación del inmueble ante impagos desalienta la participación de propietarios.

¿Qué propone ASVAL?

Desde la asociación ofrecen un paquete de medidas que permitiría abordar la vulnerabilidad habitacional sin paralizar el funcionamiento del mercado. Así, creen necesario que haya un diagnóstico nacional completo de las situaciones de vulnerabilidad, con un censo actualizado que permita distinguir casos estructurales de situaciones sobrevenidas.

Por otro lado, proponen programas de regularización que combinen ayudas al alquiler, acompañamiento sociolaboral y, cuando proceda, adquisición o cesión de uso de la vivienda por parte de la Administración. Asimismo, ven necesario implantar protocolos homogéneos de actuación de Servicios Sociales, con métricas objetivas y KPIs que evalúen tiempos de respuesta y efectividad de las soluciones.

También creen interesante una revisión de los recursos materiales y humanos destinados a estos servicios para identificar carencias y necesidades presupuestarias.

La organización concluye que mantener la moratoria supondría «perpetuar un sistema ineficaz» y trasladar al propietario una obligación (garantizar el acceso a la vivienda) que corresponde constitucionalmente a los poderes públicos. Con más de 58.000 casos de vulnerabilidad identificados por el Observatorio Desca y la práctica totalidad de Servicios Sociales desbordados, ASVAL considera imprescindible un enfoque estructural basado en datos, recursos y mecanismos de evaluación. Solo así, advierte, podrá restablecerse el equilibrio entre derechos y deberes en el mercado del alquiler y evitar que más propietarios retiren sus viviendas del mercado, agravando aún más la crisis de oferta que atraviesa España.

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Helena Beunza (ASVAL): «Los ayuntamientos tienen 38.000 millones depositados en los bancos que no se pueden gastar en políticas de vivienda»

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) asegura que el bajo esfuerzo presupuestario de la administración es el culpable de tener un parque público de viviendas deficiente

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Helena Beunza, durante el Foro España 360, organizado Prensa Ibérica, ha alertado de un retroceso del mercado del alquiler en España y reclamado un giro profundo en las políticas públicas de vivienda y en el marco regulatorio, especialmente en la parte presupuestaria, ya que el país invierte muchos menos que otros países de la Unión Europea.

«El déficit en el esfuerzo presupuestario ha llevado a tener un parque público de viviendas deficiente, muy alejado de los estándares europeos», aseguró de forma tajante la exsecretaria general de Vivienda durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. Para ello, Beunza reclama que «es fundamental que los ayuntamientos realmente tengan la capacidad y el presupuesto para abordar el problema». «Los ayuntamientos españoles tienen 38.000 millones de euros depositados en los bancos que no se pueden gastar y muchos alcaldes estarían encantados en destinarlos a políticas de vivienda», añade.

La presidenta de la patronal de los pequeños y grandes caseros urgió a la clase política a reformar la fiscalidad de la vivienda, que a su criterio «no favorece la puesta de inmuebles en el mercado». «La OCDE señala que el 14% del PIB proviene de impuestos vinculados con la producción de vivienda y el gasto es del 5,8%. Esto no es un gasto público, que es solo el 0,2%, sino privado, el 5,6%«, agregó Beunza.

El papel de los pisos turísticos y la vivienda vacía

Preguntada por la potencial influencia de los pisos turísticos, la presidenta de ASVAL explicó que el «no tienen tanto peso» sobre el parque como se cree, además de que «las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya han tomado medidas» en esta materia. Sobre la vivienda vacía, Helena Beunza señaló: «No están donde se necesitan. Las que sí lo están hay que facilitar que el propietario las ponga en el mercado con un régimen fiscal favorable y una regulación que le proteja».

Sobre los casos de okupación ilegal, la que fue representante de España en materia de vivienda en la ONU, apuntó: «Los propietarios ya no resuelven el problema de a través de los tribunales, sino que negocian con el okupa o inquilino porque desconfían de que la justicia vaya a defender sus derechos. El propietario tiene que sentir la seguridad jurídica, pero el discurso que está imperando es de castigo a la inversión privada y esto supone tirarnos piedras contra nuestro tejado. Si no generamos una situación favorable para que venga la inversión y el propietario ponga sus viviendas en el mercado, no habrá solución al problema».

 

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Asval: “No hay visos de que se vaya a levantar la moratoria antidesahucios”

La asociación que engloba a grandes y pequeños propietarios da por hecho que el Gobierno ampliará la prohibición de desahuciar a los inquilinos vulnerables a 2026

Los propietarios temen que se prolongue un año más la prórroga de los desahucios por impago del alquiler de familias vulnerables. Una medida que ya lleva cinco años en vigor y que el Gobierno podría ampliar en 2026.

«No hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar», ha afirmado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha pedido «mejorar la protección de la propiedad privada» para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler.

La directiva de la asociación asegura que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar. «Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler», ha recalcado Fernández.

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y
expira el próximo 31 de diciembre, aunque cabe la posibilidad de que el Gobierno vuelva a ampliar su vigencia.

Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas).

Los propietarios de momento tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.

Podemos quiere hacer la moratoria permanente

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado esta semana que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha detallado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria y que se incluyan en ella a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) pide la derogación urgente de la moratoria, a la que considera la “causante de la protección legal de los inquiokupas, que ante la inacción y dejadez de las responsabilidades de las administraciones públicas se aprovechan de la tesitura de considerarse personas vulnerables, aunque no sea cierto en muchos casos, y se perpetúan en viviendas que no son de su propiedad”. Dichas viviendas, añade la plataforma en un comunicado, “pertenecen en un 93% de los casos a familias trabajadoras y pensionistas que las tienen en alquiler como apoyo a su economía familiar y que necesitan dichos ingresos para su subsistencia”.

Según la PAO, “la legislación actual y las administraciones públicas derivan la responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a los propietarios o afectados por la ocupación e inquiocupación, quienes deben soportar la presencia de personas que, ya sea por necesidad, por fraude o por pertenecer a mafias que aprovechan la lentitud de los procesos, se niegan a abandonar las viviendas. Injusticias que provoca la propia vía judicial al tratarse de procesos largos, caros y sin consecuencias materiales para los okupas.

Y concluye que son las Administraciones Públicas las que deben responder y dotar de “alternativa habitacional a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no disponen de vivienda. En caso de no ser posible, por falta de vivienda pública disponible, las AAPP deberán buscar otras soluciones que aseguren el acceso a una vivienda digna a través de seguridad jurídica para los propietarios y recursos para las familias vulnerables, eliminando de esta ecuación a los miles de inquiocupas que se aprovechan de la legislación actual para vivir a costa de familias trabajadoras y pensionistas”.

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¿Vamos hacia un país de inquilinos? El alquiler pesa un 20% sobre el total

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, sobre todo los jóvenes · La capacidad de acceso a un hogar se vuelve inasumible · Cuatro expertos ofrecen soluciones.

 

Los elevados precios de las casas en venta, la falta de stock del sector y la lentitud de las nuevas promociones de obra nueva están provocando que los residentes españoles no puedan emanciparse o abandonar el mercado del alquiler y acceder a una vivienda en propiedad. Los últimos informes publicados por idealista demuestran cómo casi el 10% de las viviendas para arrendar duraron menos de 24 horas anunciadas, pese a registrar récord tras récord en cuanto a precios, por ello nos preguntamos: ¿Se está transformando España en un país de inquilinos?

Datos oficiales: el volumen del alquiler, en máximos

Los últimos datos oficiales son los ofrecidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) correspondientes a 2023, cuando aseguraron que había 2.384.573 contratos de arrendamientos firmados, un 4,9% más que el año anterior y un 55% más que en 2015 (1.309.137), cuando empezaron a registrar dicho parámetro, lo que demuestra un considerable incremento en el número de inquilinos en el país.

En esta misma línea, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que, durante 2024, el 20% de las propiedades que conformaban el parque residencial nacional se destinaban al alquiler, el dato más alto jamás registrado. Cabe destacar que este dato proviene de la unificación de alquileres a precio de mercado como los arrendamientos por debajo del mismo.

De los 19,3 millones de hogares que había en el país durante el pasado año, el 73,6% eran en régimen de propiedad, de las cuales dos tercios ya estaban completamente pagados, mientras que el resto continuaba con hipoteca. Por otra parte, el 6% de los hogares restantes son cesiones: inmuebles cuyos propietarios han cedido su uso a otra persona, los cuales suelen ser familiares y amigos, con el objetivo de facilitarles el acceso a una vivienda.

Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFYRE, asegura que “el problema de la vivienda es estructural, siempre lo hemos tenido, pero ahora se ha agravado por el crecimiento de la demografía. Este aumento se ha desarrollado en un plazo de tiempo muy corto, por lo que el mercado de la vivienda no ha tenido capacidad para responder a esta demanda”.

“Es cierto que la oferta es escasa y los precios están muy altos”, ha reconocido Salcedo, pero ha puesto el foco en los salarios, que los ha catalogado como “insuficientes, no solo para comprar, sino también para alquilar”.

El inquilino promedio alcanza los 36 años

Un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que la edad media del inquilino de larga estancia ha aumentado un 11,9% en el último lustro, hasta situarse en los 36 años, frente a los 32,16 años establecidos en 2020.

Este auge en la edad media está provocado por un considerable desequilibrio entre oferta y demanda. Desde FAI aseguran que la demanda ha caído un 27,6% y la oferta ha aumentado un 34,3% desde la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Además, este mismo informe establece que el precio medio mensual más demandado para una vivienda de alquiler en España se sitúa en 766,14 euros durante 2025, mientras que la renta media de los hogares demandantes se sitúa en los 895 euros. Estas cifras están provocando un “éxodo inmobiliario sin precedentes”: El 30,2% de la demanda se ha desplazado de las principales ciudades o capitales de provincias a la periferia.

José María Alfaro, presidente de FAI, ha reivindicado que el problema viene de muy atrás: “España dejó de planificar vivienda a raíz del comienzo de la burbuja inmobiliaria. Las promotoras y constructoras no levantaban vivienda protegida porque el valor del modulo era insuficiente, por lo que se decantaron por la vivienda libre, lo que desencadenó en la crisis de 2008. Tras ello, no se ha planificado nada en materia de vivienda, lo que ha desembocado en el problema que tenemos actualmente. Si a esto le sumas unos altos flujos migratorios, tanto nacionales como internacionales, pues acaba explotándote en tus propias manos”.

Más de dos años con caídas en la oferta

Hace casi dos años, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, aseguró en una tribuna titulada ‘Vamos hacia un país de inquilinos, ¿es bueno?’ que la oferta de viviendas, especialmente en alquiler, estaba reduciéndose considerablemente por las políticas adoptadas. Casi dos años después, el propio Zurdo ha manifestado que, finalmente, “estas medidas tan intervencionistas han perjudicado principalmente al inquilino, porque los arrendadores han reducido la oferta, lo que ha incrementado los precios y los requisitos para acceder a una vivienda, ya que, a día de hoy, hay muchos inquilinos que no pueden pasar los filtros”.

“Estamos ante un planteamiento equivocado, y se han dado cuenta tarde. Las medidas propuestas han atacado a los arrendadores, que, ante tanta limitación, han destinado su vivienda a otra finalidad, tanto al alquiler de temporada y de habitaciones como a la compraventa. Tenemos que estimular la oferta, no la demanda”, ha recalcado el directivo de la ANA, que cree que la Ley de Vivienda ha generado un efecto “muy negativo” en el mercado.

Sobre dicha Ley, Salcedo ha declarado que «solo ha añadido más dificultad a los problemas que ya había. Ha generado una mayor inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Además, las últimas medidas anunciadas por Sumar y Salvador Illa (presidente de la Generalidad de Cataluña), son un atentado contra la propiedad privad y la libertad de empresa y libertad”.

En este marco, los datos recogidos por idealista durante el último trimestre de 2024 afirman que el año cerró con una caída del 56% en la oferta de alquileres desde finales de 2020, registrando cuatro años consecutivos de caídas. Además, en ese mismo momento, la oferta de alquiler permanente registró una caída del 3% con respecto al tercer trimestre de 2024, convirtiéndose en el 14º descenso consecutivo.

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Helena Beunza, ha declarado que este auge en la demanda “responde a cambios demográficos, laborales y sociales, que han generado hogares más pequeños, mayor movilidad y una preferencia creciente por la flexibilidad que ofrece el alquiler”, por lo que, desde ASVAL catalogan esta evolución “como una señal de convergencia con los modelos europeos, donde el alquiler tiene un peso más equilibrado dentro del sistema residencial”.

‘Invertir en ladrillo’: un valor refugio inalcanzable para muchos

A lo largo de los años, la gran mayoría de las familias españolas han apostado por ‘invertir en ladrillo’, ya que la rentabilidad de las viviendas superaba con crecer el valor del IPC. Entonces, si para la sociedad actual, especialmente los más jóvenes, es prácticamente imposible adquirir una vivienda habitual, ¿cómo afectará esto al patrimonio futuro de los españoles?

Ante esto, Beunza ha declarado: “España ha construido históricamente su riqueza sobre la vivienda en propiedad. Si el peso del alquiler sigue creciendo, cambiará la estructura patrimonial de los hogares”.

En lugar de la vivienda, las familias españolas “diversificarán sus ahorros en otros activos como fondos de pensiones o inversiones financieras, lo que puede contribuir a una economía más sólida y menos dependiente del ciclo inmobiliario”, ha propuesto la presidenta de ASVAL, que ha manifestado que, “si este proceso se acompaña de estabilidad y seguridad en el mercado del alquiler, no tiene por qué implicar una pérdida de riqueza, sino una transformación positiva”.

Sobre las pensiones, Salcedo ha profundizado: «Imagínate si nuestros padres o abuelos no hubieran sido capaces de adquirir una vivienda en propiedad a lo largo de su vida. Con las pensiones que tienen sería imposible alquilar una vivienda a esa edad. Según el Banco de España, dos terceras partes de la riqueza nacional se encuentra en bienes e inmuebles, por tanto, la inversión en ladrillo es fundamental, gracias a ello, los españoles han mejorado su nivel de vida”.

Volviendo al mercado inmobiliario, los grandes impedimentos que alejan a los compradores de las viviendas son dos, aunque están entrelazados: los altos precios y la escasa oferta son los culpables de que el mercado del alquiler se encuentre en esta tesitura.

Para solventar este problema, todos los expertos concuerdan en un aspecto: aumentar la oferta. ¿Y esto cómo se consigue? Dando incentivos y atrayendo la inversión. Entre las soluciones hay tres que destacan por encima del resto: agilizar plazos administrativos, facilitar suelo y reducir impuestos. Con estas tres medidas, la oferta aumentaría, los precios descenderías, y los residentes en España podrán adquirir inmuebles para vivir y para incrementar su valor patrimonial.

Jóvenes

En este contexto, José Ramón Zurdo, ha declarado que, “donde más influyen estas nuevas políticas es en los jóvenes, la clase más frágil, que no es que no puedan comprar una vivienda, es que ni siquiera pueden acceder al alquiler por los altos requisitos que exigen los arrendadores ante el miedo de impago. Hay que ofrecer garantías o avales a esta generación para que puedan acceder a una casa”.

Sobre los jóvenes, Helena Beunza, ha recalcado que “deberían ser la prioridad absoluta en las políticas públicas de vivienda en España. Los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, crecen más rápido que los salarios, y la falta de oferta en las grandes ciudades hace que el esfuerzo económico sea insostenible. El acceso a la vivienda no puede seguir siendo el gran cuello de botella de una generación entera”.

Por su parte, Julián Salcedo ha enfatizado que «tenemos una de las generaciones más preparadas de nuestra historia, pero la realidad es que vivirán peor que sus padres, que, a su vez, sí han vivido mejor que sus respectivos padres. Aunque el Gobierno diga que España va como un cohete, la realidad es que los jóvenes no tienen poder adquisitivo. No es que no puedan pagar una vivienda, sino que no podrán tener un nivel de vida similar al de sus padres. Esto es muy preocupante».

Por otro lado, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, también ha recalcado: “Los jóvenes españoles se han acostumbrado a un elevado nivel de vida, han perdido la capacidad de ahorro y todos los ingresos lo destinan al gasto corriente. Esto también es grave para acceder a una vivienda”.

Impuestos

“España también debe reflexionar en torno a la excesiva incidencia de los impuestos sobre la propiedad. Estos gravámenes tienen un peso mucho mayor en nuestro país que en la OCDE, lo que reduce la capacidad efectiva de dar un uso más pleno a los derechos de propiedad. Bajar estos impuestos es posible con una apuesta por una mayor eficiencia en el gasto público, donde anteriores trabajos del IEE han detectado lagunas que ofrecen un amplio margen de mejora”.

En este apartado también entra en juego el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un indicador que analiza el entorno legal y político, la protección de la propiedad física y el blindaje de la propiedad intelectual para mostrar la garantía del Derecho a la Propiedad en los distintos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

España ocupa el puesto número 22 de los 37 participantes, y por debajo de la media de la OCDE (-4,3%) y la UE (-1,9%). Sobre ello, el IEE ha destacado: “En particular, la falta de acción para resolver la inseguridad jurídica y la tolerancia hacia la ocupación ilegal, así como las políticas intervencionistas en el sector de la vivienda, generan un entorno de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social.”

Principal problema del mercado del alquiler: la inseguridad jurídica

“El principal problema es que el parque residencial no está respondiendo a la alta demanda. En los últimos años, se ha desincentivado a los propietarios, tanto legal como fiscal. Recuperar las llaves de una vivienda en caso de impago no baja de los ocho meses de promedio y en algunos lugares supera el año y medio, esto ha provocado que muchos propietarios hayan destinado su inmueble a otro uso”, ha declarado Alfaro, que también ha manifestado que, “en una situación en la que la demanda es mucho mayor a la oferta, si ‘dopas’ a la demanda, lo único que vas a conseguir es que los precios sigan subiendo”.

Según el estudio titulado ‘El problema de la ocupación ilegal en España’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el año pasado se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en el país, un 61% más que hace una década. A esto, hay que sumarle el último análisis de idealista, en el que asegura que, según su propia base de datos, hay 23.000 viviendas anunciadas que están ocupadas ilegalmente, un 3% del total de la oferta de viviendas.

Desde el IEE afirman: “Los derechos de propiedad son una institución esencial para el desarrollo económico y tienen, asimismo, distintas implicaciones de máxima relevancia para la autonomía personal, la limitación del poder político y el fomento de la innovación y la creatividad. No sorprende, pues, que las economías que mejor protegen los derechos de propiedad sean casi 20 veces más ricas que aquellas con peor desempeño”.

Por su parte, José Ramón Zurdo, ha asegurado que, “para dar seguridad a sus clientes, hemos tenido que ofrecerles una alarma de forma gratuita durante la fase de más riesgo: la búsqueda de inquilinos. Muchos van con la intención de aprovechar el momento y okupar la casa”.

Propuestas profesionales para aumentar la oferta

Propuestas de FAI

Desde FAI, Alfaro ha apostado por poner a disposición suelos desaprovechados: “Este problema no se resuelve solo con terreno residencial, hay que poner a disposición suelos dotacionales que están en desuso y no sirven para nada”.

Otra de las medidas propuestas por el presidente de FAI son los “créditos blandos”. Esta iniciativa consiste en dar incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas antiguas con el objetivo de que estos inmuebles salgan al mercado del alquiler de larga duración con un precio moderado”.

Propuestas del IEE

Desde el IEE también proponen fomentar la colaboración entre administración y compañía: “La colaboración público-privada no solo asegura una ejecución más ágil y efectiva, sino que también optimiza el uso de los recursos disponibles al aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado. Este enfoque más eficiente no solo maximiza el impacto de las subvenciones, sino que también promueve la participación de diversos actores en la provisión de viviendas asequibles, generando beneficios tanto para el sector público como para el privado”.

“En particular, es crucial, entre estas medidas, resaltar aquellas destinadas al alquiler en lugar de a la compra de viviendas. Esta preferencia se justifica por el hecho de que el alquiler se destaca como una opción más efectiva para proporcionar vivienda a aquellos que realmente la necesitan, ya que permite adaptarse a las cambiantes circunstancias (renta, movilidad laboral, entre otras) de las familias a lo largo del tiempo. Enfocar este tipo de ayudas hacia la modalidad del alquiler no solo se orienta hacia la atención de las necesidades inmediatas de quienes requieren una vivienda asequible, sino que también contribuye a mantener el stock y a aumentar la oferta de viviendas protegidas en la medida en que pueda gestionarse a través de la colaboración público-privada por parte del sector privado”, concluyen desde el IEE.

Propuestas de la Agencia Negociadora del Alquiler

En esta misma línea, el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler propone “potenciar fiscalmente la compra, tanto de primera como segunda vivienda. Esto también aumentaría el alquiler, porque muchos inversores pondrían estos inmuebles al mercado”.

Además, José Ramón Zurdo también ha declarado que esta medida “aliviaría el problema de las pensiones: muchos propietarios podrían utilizar los ingresos de sus viviendas arrendadas para complementar su subsidio tras la jubilación, que en algunos casos son ridículas”.

Propuestas del Foro de Economistas Inmobiliarios

Por su parte, Salcedo recomienda una legislación que proteja, tanto al inquilino como al propietario, pero también ha asegurado que con “seguridad jurídica no basta, tenemos que incrementar la oferta de vivienda, tanto de obra nueva como existente, y esto se consigue con incentivos”.

“También debemos fomentar la vía de la rehabilitación: hay muchas viviendas que, por sus condiciones de habitabilidad, no pueden salir al mercado del alquiler. Además, tenemos que instaurar incentivos de tipo fiscal. Y, por último, las administraciones públicas deberían destinar más recursos a vivienda: la cuantía de ahora es manifiestamente insuficiente ante la situación tan grave en la que nos encontramos”, ha concluido el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

Propuestas de ASVAL

Desde ASVAL, Helena Beunza propone más seguridad jurídica, ofrecer incentivos fiscales y financieros y simplificar la gestión administrativa: “Debemos tener un marco estable y predecible que proteja tanto a inquilinos como a propietarios y atraiga inversión al mercado, premiar a quienes alquilar a precio asequible, facilitar la rehabilitación y construcción de vivienda en alquiler, y reducir plazos y trabas urbanísticas”.

“Es imprescindible contar con los propietarios privados, que son quienes hoy sostienen la mayor parte del parque de alquiler. La vivienda de nueva construcción requiere plazos largos de desarrollo, por lo que la única solución inmediata pasa por fomentar la puesta en alquiler de las viviendas existentes. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario: medidas y discursos que generan inseguridad y provocan la retirada de viviendas del mercado del alquiler. Si queremos un parque de vivienda asequible y suficiente, necesitamos políticas que activen la inversión, aporten confianza y multipliquen la oferta. Esa es la única vía para lograr un mercado del alquiler más equilibrado y accesible para todos”, ha concluida la presidenta de la presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

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El sector inmobiliario teme «listas negras»de grandes tenedores

Arrendadores, agentes de la propiedad inmobiliaria y cámaras de propiedad urbana ven excesivamente «intervencionista» los registros de grandes tenedores y de pisos vacíos y ocupados.

El sector inmobiliario está muy preocupado ante las nuevas medidas en materia de vivienda que ha anunciado la Generalitat. Entre ellas, el registro de grandes tenedores, cuyo decreto para regularlo prevé aprobar el Govern antes de que concluya este mes. En este punto, entidades del sector advierten del daño que podría comportar la difusión de «listas negras» si no se hacen anónimos los datos que se harán públicos.

Así lo dicen en las diferentes alegaciones que han presentado entidades como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API)de Barcelona y el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

El decreto que ultima la Generalitat regulará el registro de grandes tenedores y ampliará el alcance del de pisos vacíos y ocupados. Asval, que aglutina a 6.000 caseros de toda España que, en su conjunto, poseen más de 100.000 viviendas, reclama que datos como la información de carácter económico, el estado de ocupación, los litigios, las cláusulas hipotecarias o la referencia catastral que deberán aportar los propietarios «solo estén disponibles para autoridades competentes en un entorno seguro, y que el acceso público se limite a datos agregados y anonimizados». «El proyecto reglamentario presenta un enfoque intervencionista que impone cargas excesivas a los arrendadores y vulnera principios básicos de proporcionalidad», asegura Asval.

La entidad también asegura que hay información que deberán facilitar que es muy difícil conocerla con precisión, como la fecha exacta en la que un inmueble ha sido ocupado, así como su diferenciación entre una acción «pacífica consentida» u otra «irregular no consentida». Todas estas nuevas cargas administrativas y la posibilidad de que parte de estos datos sean públicos va a «desincentivar la participación de los propietarios en políticas de colaboración», concluye.

En este punto, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya no sólo ve «excesivos» los datos que los dueños deberán aportar. Asegura que va a ser muy fácil su «identificación indirecta» y que las «listas negras» vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.

Por esta razón, los API de Barcelona avisan de que «la intensidad de la intervención propuesta podría comportar efectos no deseados», como que los pisos que están vacíos no se acaben poniendo en el mercado de alquiler y que se opte por la venta ante la complejidad burocrática.

Otra queja de los API de Barcelona hace referencia al concepto de vivienda vacía, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La última definición incluye también viviendas en construcción que estén ejecutadas en más de un 80%, según indica otra de sus alegaciones al borrador del nuevo decreto.

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‘La suspensión de los desahucios en España: pasado, presente y futuro’: cómo y cuándo pedir la compensación para propietarios afectados

Asval, Vivara y CIM Tax & Legal dan las claves sobre cómo pedir la compensación para propietarios afectados por la suspensión de desahucio.

La suspensión de los desahucios, nacida en 2020 como parte del «escudo social» del Covid-19, ha sido prorrogada seis veces y sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Se trata de «una medida excepcional y justificada en el tiempo» que, según el conjunto de propietarios, «no se puede convertir en estructural». Cinco años después, el debate continúa: ¿debería mantenerse como herramienta de protección social o debería avanzarse hacia un equilibrio que también garantice la seguridad jurídica de los propietarios?

Esta es la x que ha tratado de despejar ‘La suspensión de los desahucios en España. Pasado, presente y futuro‘, una sesión organizada este martes por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) y Vivara, que ha contado con la participación de Laura Fernández, directora general de AsvalOriol Payà i Majó, chief operating officer (COO) de Vivara Carlos Muñoz, socio del bufete de abogados CIM Tax & Legal, especializado en gestión de patrimonio.

Aunque la suspensión ha evitado desahucios en familias vulnerables, el problema de acceso estructural a la vivienda sigue sin resolverse. Por la no-existencia de un parque público de vivienda, «el propietario no debe ser el que soporte las consecuencias negativas de que no haya un sistema público que esté dando la respuesta que debe a los inquilinos que no tienen alternativa habitacional».

En este contexto, la falta de compensaciones efectivas ha trasladado el problema al propietario, y la medida ha ido reduciendo la oferta de alquiler de larga duración. El gran reto es garantizar protección social, sin debilitar la confianza en el mercado.

Entre otras cuestiones, el encuentro ha abordado cómo se ha llegado a la situación actual, qué implica la suspensión para propietarios e inquilinos, cómo funciona la compensación para propietarios y qué escenarios se abren para 2026, tanto si se levanta como si se amplía.

¿Por qué es un tema importante?

La medida, lanzada por el gobierno en 2020 con el RDL 11/2020 como respuesta a la emergencia social de la pandemia, aplica a desahucios arrendatarios y ocupaciones sin títulos justos, e implica la paralización de los desahucios de todas las personas que están en una situación de arrendamiento de la propiedad.

En aquel contexto, también otros países como Francia, Alemania o Reino Unido optaron por esta medida que «tiene un objetivo muy claro: evitar una situación de desamparo en un momento tan crítico como la crisis del Covid-19». Sin embargo, a día de hoy, «España es el único país en el que se ha seguido prorrogando la medida«, explica Laura Fernández, directora general de Asval.

Se trata de «una medida controvertida» que hace entrar en debate dos derechos protegidos por la Constitución: el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, explica Oriol Payà i Majó.

«Seguimos hablando de este tema porque todavía sigue vigente esta suspensión». Pese a las sucesivas ampliaciones, la medida «nunca ha aprobado el Congreso como tal, sino que se ha hecho por parte del gobierno, como RDL», pudiendo aprobarse directamente sin enmiendas.

No obstante, las dos últimas prórrogas introducen un matiz importante: se condicionó a que, en lugar de aprobarse como RDL, se tramitara como proyecto de ley, para que el Congreso pudiera debatir y modificar el texto. A dos meses de finalizar el año, el sector aún desconoce cuál será el desenlace.

¿A quién protege la suspensión y cuál es el procedimiento?

La norma «no aplica a todos los desahucios», sino a los «desahucios de arrendatarios que estén en situación de vulnerabilidad«, y se aplica en dos casos: «los desahucios por falta de pago y los desahucios por expiración del plazo», matiza Carlos Muñoz.

¿Requisitos? La suspensión protege a quienes estén en situación de desempleo, de ERTE; registren una caída de los ingresos de un 40%; o tengan unos ingresos de hasta tres veces el IPREM, 1800 euros por hogar, (cinco veces, en casos de hijos, discapacidad o personas mayores). Además, la cantidad pagada por renta + suministros no debería superar el 35% de los ingresos familiares.

Además, la norma contempla también la vulnerabilidad económica del propietario. «Si un propietario también está en esta situación, se protegería -según la norma- antes al propietario que al arrendatario», añade el abogado.

En el caso de las ocupaciones sin título, la suspensión del desahucio solo aplicaría en el caso de que el propietario sea gran tenedor, es decir, «que tenga un número de viviendas superior a 10», sin distinguir entre zonas tensionadas y no tensionadas.

Para suspender un desahucio, el arrendatario ha de solicitar la suspensión al juzgado y aportar la documentación que acredite la vulnerabilidad; el juez solicita un informe a los Servicios Sociales (10-15 días); se dicta auto de suspensión o continuación del proceso y, finalmente, la Administración debe ofrecer una alternativa habitacional.

¿Cómo impacta la medida en los propietarios?

A la hora de ofrecer esta ‘alternativa habitacional’, el problema es que «no hay medios». Fernández explica que «el sistema debería funcionar de manera que el inquilino vulnerable, una vez verificada su situación, recibiera una respuesta por parte de los SS».

Sin embargo, por saturación y falta de recursos, la respuesta no llega en los plazos adecuados, o cuando sí dan contestación, realmente los SS no pueden ofrecer esta alternativa habitacional debido a la «insuficiencia clarísima de parque social de vivienda». De esta forma, Asval asegura que «se traslada al propietario la obligación de mantener una situación a su costa, lo que evidencia que hay un fallo del sistema».

Se trata de «una de las medidas que más desincentiva a la hora de poner en alquiler una vivienda«, provocando que «los propietarios están dejando de confiar en el sistema«, advierte la asociación.

De acuerdo a la experiencia de los socios, la mayoría de recuperaciones de la posesión se resuelven por vía extrajudicial. Los procedimientos se suspenden y, finalmente, se solucionan mediante un acuerdo que suele incluir un desembolso económico: una ‘compensación’ para que el inquilino abandone la vivienda.

«Esto demuestra que el sistema judicial no está siendo efectivo, no está funcionando para su propósito, que es proteger al propietario en situaciones como esta», opina la directiva.

Las compensaciones a los propietarios: una promesa pendiente

Para equilibrar la balanza, una de las novedades es que se prevé una compensación para estos propietarios que tienen que mantener la situación a pesar de que el inquilino no les pueda seguir pagando, por falta de respuesta de los SS o de la Administración. «En estos RDL que se han ido aprobando, se ha ido prorrogando también el derecho a pedir la compensación». Así, el nuevo plazo para solicitarla termina el 31 de enero de 2026.

«Hay muchos propietarios que tienen un procedimiento suspendido, y que no saben que pueden pedir una compensación». En 2024, el 80% de los propietarios afectados aún no había iniciado el trámite de compensación, según datos de Asval.

Este mecanismo de compensaciones ayuda a «mitigar el impacto para el propietario», pero «no cubre el 100% del ingreso que deja de percibir el propietario». Además, es un proceso burocrático y, en muchos casos, aún no se paga por falta de presupuesto público.

Lejos del coste, los propietarios también critican la idea de «tener que hacer de escudo social de manera forzosa», ya que «quieren disponer libremente de su vivienda», comenta Fernández.

Aunque quizá no sea la solución «perfecta», la profesional opina que «es una pena que en la práctica no se esté utilizando», e insiste: «animamos a todos los propietarios a que activen este mecanismo«. Para facilitar el proceso, la asociación ha publicado en su web una circular informativa, en función de cada CCAA.

Teoría y práctica de las compensaciones, según las CCAA

La compensación está prevista para los casos en los que la Administración no encuentre una alternativa habitacional: «la gran mayoría«, asegura Muñoz. El Estado establece la norma (debe cubrir la renta media de mercado + gastos corrientes), pero las comunidades autónomas hacen efectivas las compensaciones.

Cada cual, lo hace a su manera. Por ejemplo, Cataluña cubre hasta el índice de referencia catalán, así que en muchas ocasiones será inferior a la renta que debería haber estado cobrando el propietario. En Madrid, sin embargo, se establece el índice del Serpavi (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler), ya utilizado para las limitaciones de los alquileres.

Aunque el abogado conoce casos de «compensaciones acordadas», reconoce no haber visto todavía «ninguna efectivamente pagada». En la capital, sin embargo, la experiencia de los socios de Asval confirma que sí ha comenzado a tramitarse el pago.

«En Madrid, ahora mismo, la compensación se puede pedir desde el momento en el que tengas la suspensión concedida, independientemente de que ya hayas recuperado o no la vivienda». Así, los meses pendientes hasta recuperar la propiedad también quedarían cubiertos.

En la práctica habitual, «muchos propietarios prefieren esperar a recuperar la vivienda, para no pedirlo antes de tiempo», ya que al comenzar los trámites de la compensación, «la Administración interpreta que el expediente ya está cerrado, y no es así». En todo caso, importante cumplir con los plazos.


A partir del 1 de enero de 2026 se abren dos posibles escenarios: que la suspensión se prorrogue o que se levante definitivamente.

Escenario A: prórroga de la suspensión

En el escenario A, con la prórroga de la suspensión, se mantendrían la protección a inquilinos vulnerables y la inseguridad jurídica, y podrían haber más ampliaciones a nivel plazos, o nuevos criterios de vulnerabilidad.

En este caso, la recomendación sería revisar si el propio caso sigue cumpliendo las condiciones de la suspensión, habría que valorar la solicitud o la ampliación de la compensación económica, se debería planificar el impacto fiscal de rentas no percibidas y convendría reforzar la gestión profesional o el seguro de impago para nuevos contratos.

Escenario B: levantamiento de la suspensión

En el escenario B, con el levantamiento de la suspensión, se reanudarían automáticamente los procedimientos paralizados, y posiblemente se produciría una congestión judicial y tensiones sociales iniciales.

En este caso, la recomendación es mantener el contacto con el abogado para la reactivación del procedimiento; actualizar contratos, garantías y coberturas antes de iniciar nuevos alquileres; si hubo suspensión previa, solicitar compensación y conservar la documentación; evaluar la situación del inquilino y priorizar soluciones negociadas. Además, se contempla un proceso de conciliación para los grandes tenedores.

En su última estimación, a cierre de 2024, Asval calculó unos 60.000 desahucios suspendidos. Un año después, puede que muchos de esos desahucios ya no estén suspendidos porque se han resuelto extraoficialmente, pero pueden haberse sumado otros tantos.

Las AAPP siguen todavía sin alternativa habitacional que ofrecer, así que el levantamiento de la suspensión puede también acabar provocando un problema importante a nivel práctico, señala Fernández.

A medio plazo, la perspectiva cambia. El Plan Estatal de Vivienda ya contempla una línea específica en esta dirección, que consiste en alquilar como administración pública esas viviendas, para ponerlas a disposición de los inquilinos. Por ejemplo, el Plan Reviva del Ayuntamiento de Madrid acepta la cesión de viviendas por parte de propietarios particulares para poderlas destinar a estos casos.

Hacia un sistema equilibrado y sostenible

A problemas complejos, soluciones varias. Para lograr un sistema equilibrado y sostenible, las voces expertas en alquiler proponen, en un primer lugar, ampliar el parque público de vivienda en España, que actualmente representa solo el 2,5% del total, frente al 9-30% de otros países europeos. Para alcanzar la media europea, en nuestro país deberían construirse unas 300.000 viviendas públicas.

Además, el sector insta a crear un fondo estatal de compensación inmediata; a revisar protocolos claros para SS; a incentivar la mediación y los seguros de alquiler.

Casi ya en 2026, la suspensión de los desahucios sigue en el centro del debate: entre la protección social y la seguridad jurídica. En un contexto de tensiones sociales y falta de vivienda asequible, el desafío será diseñar un marco que garantice la protección a los más vulnerables sin minar la confianza de los propietarios. La clave, coinciden los expertos, está en devolver al sistema un equilibrio que hoy sigue pendiente.