El ‘Observatorio Social de la Vivienda’ en Madrid, en imágenes
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Haz click para leer la noticia completaEl Foro Cañada Blanch 2026 reclama un giro urgente en la política de vivienda y señala el «modelo de Viena» como brújula para una ciudad como Valencia
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Haz click para leer la noticia completaLa receta del modelo Viena para vivienda asequible en Valencia: limitar beneficios y regular el precio del suelo
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Haz click para leer la noticia completaEspaña necesita una política de vivienda a la altura del reto
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Haz click para leer la noticia completaVivienda: El verdadero progresismo es aumentar la oferta
El debate sobre vivienda está entrando, por fin, en una nueva fase en Europa. Frente a planteamientos simplistas o puramente ideológicos, cada vez más países están asumiendo una realidad básica: garantizar el acceso a una vivienda asequible exige aumentar de forma decidida la oferta.
Ese cambio de enfoque resulta especialmente relevante porque durante demasiado tiempo el debate público en España ha girado más alrededor de cómo intervenir el mercado que de cómo generar más vivienda. Sin embargo, la realidad es contundente: cada vez hay menos vivienda disponible allí donde más se necesita, los precios continúan tensionados y amplias capas de renta media encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda asequible.
El problema no es la falta de diagnósticos. El problema es seguir evitando la conclusión más evidente: sin un incremento masivo y sostenido de la oferta no habrá solución posible. Y eso exige abandonar prejuicios ideológicos y asumir que movilizar inversión privada no es una anomalía ni una concesión al mercado, sino una condición imprescindible para ampliar el parque de vivienda asequible.
En este contexto, la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda supone un avance positivo, pero claramente insuficiente. España arrastra un déficit estructural de vivienda que exige mucho más que medidas parciales o anuncios coyunturales: requiere una estrategia sostenida de aumento de oferta, seguridad jurídica y movilización de inversión a gran escala.
Los países europeos con políticas de vivienda más consolidadas han entendido que aumentar la oferta exige combinar inversión pública y capacidad de movilización del sector privado. El debate ya no está en si debe existir colaboración público-privada, sino en cómo diseñarla de forma eficaz para generar más vivienda asequible. Incluso gobiernos cuyo carácter progresista no está en duda, como el del Reino Unido, están impulsando ambiciosas políticas de incremento de oferta con objetivos masivos de construcción de vivienda, reformas urbanísticas y el desarrollo de una nueva generación de ciudades y grandes desarrollos residenciales. Todo ello acompañado, además, de importantes reformas de protección al inquilino. Es decir, más protección, sí; pero también más oferta.
Y precisamente ahí España necesita avanzar con mayor determinación. En este sentido, el nuevo Plan incorpora incentivos para fomentar el alquiler asequible, lo que supone un avance positivo. Pero todavía estamos lejos de contar con un modelo de alquiler asequible incentivado plenamente desarrollado, estable y previsible.
Ese debería ser uno de los grandes objetivos de la política de vivienda en España: construir un sistema capaz de atraer inversión y movilizar vivienda asequible a gran escala de manera sostenida. Porque sin oferta suficiente no habrá solución posible. Y para generar esa oferta resulta imprescindible crear un entorno de confianza que permita desarrollar proyectos a largo plazo.
Europa está además consolidando una concepción más amplia y operativa de la vivienda asequible en el ámbito de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), incorporando también a hogares de renta media con dificultades de acceso. La adecuada incorporación de este marco en España puede convertirse en una oportunidad decisiva para dotar de seguridad jurídica y viabilidad económica a los modelos de alquiler asequible incentivado.
Precisamente, la seguridad jurídica es hoy uno de los elementos más determinantes. La vivienda en alquiler requiere inversiones intensivas y a largo plazo. Sin estabilidad normativa, sin reglas claras y sin coherencia regulatoria, será muy difícil atraer el capital necesario para aumentar el parque de vivienda asequible. La fragmentación de instrumentos y la incertidumbre regulatoria no solo ralentizan proyectos; también reducen la capacidad del sistema para responder a la urgencia social existente.
A ello se suma una cuestión de fondo que rara vez se aborda con suficiente claridad: en demasiadas ocasiones, los propietarios están asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente. Por eso, cualquier mecanismo de protección debe venir acompañado de sistemas de compensación claros, efectivos y adecuadamente dotados desde el punto de vista presupuestario. Solo así podrá garantizarse un reparto equilibrado de responsabilidades y preservar la confianza en el sistema.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda avanza en la buena dirección. Pero la gravedad del problema exige ir mucho más allá. Será necesario reforzar la ambición presupuestaria, consolidar un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y garantizar un entorno regulatorio estable que permita movilizar inversión y aumentar la oferta de forma sostenida.
Porque el diagnóstico ya no admite dudas: sin más vivienda —y sin más vivienda asequible— no habrá solución. Y el tiempo corre en contra.
Helena Beunza, presidenta de ASVAL
ASVAL obre una comissió permanent a Catalunya
Amb l’objectiu de generar confiança «i mobilitzar el parc d’habitatge cap al lloguer, amb seguretat jurídica, estabilitat normativa i diàleg constant», l’Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha obert una comissió permanent a Catalunya que lideraran Laura Fernández, directora general d’ASVAL, i Carlos Muñoz, representant a Catalunya. Com va recordar Helena Beunza, presidenta d’aquesta associació, ASVAL va néixer el 2020 amb l’objectiu de promoure un model d’habitatge transparent, professional i equilibrat que generi confiança entre ciutadans, institucions i actors del sector. «No és només un repte econòmic, sinó social, territorial i de cohesió, que exigeix rigor, responsabilitat i acords entre totes les parts de l’ecosistema de l’habitatge», ha explicat.
I és que, segons Beunza, «Catalunya compta amb entitats i professionals més sòlids que la resta d’Espanya, cosa que facilitarà la col·laboració. El repte és massa gran per abordar-lo en solitari i és un desafiament europeu: la Comissió Europea impulsa un pla d’habitatge assequible, reconeixent l’accés a l’habitatge com a gran problema del nostre temps». Carlos Muñoz va insistir que propietaris i inquilins «no són adversaris», sinó parts d’un mateix mercat.
Cuatro de cada diez hogares catalanes en alquiler destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda
El mercado del alquiler en Catalunya respira de media general algo mejor en los últimos años, pero con un persistente «desequilibrio entre la oferta nueva que entra en el mercado y la demanda que se genera«, según ha expuesto Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, durante la presentación del estudio Los cambios en la accesibilidad al alquiler en Cataluña en 2024: mejora ligera y gran dispersión por niveles de ingresos, presentado este martes por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Según los datos desglosados, la población ha aumentado en 600.000 personas entre 2016 y 2024 mientras que el nuevo parque de alquiler construido ha crecido en 70.000 viviendas. Además, «esta absoluta asimetría entre oferta y demanda no es un fenómeno transitorio, todas las previsiones de crecimiento demográfico del país apuntan a que estos 120.000 nuevos inmigrantes que llegan anualmente a Catalunya no se frenarán en los próximos años. Simplemente porque el mercado de trabajo, los necesita«, ha argumentado Oliver. A esto se le añade que la generación ‘baby boomer’ (50-67 años) se jubilará sin relevo nativo debido a la caída de la natalidad, forzando la necesidad de más inmigración incluso sin crecimiento económico. El peso de la población inmigrante en la ocupación catalana -ha continuado- supera ya el 30% (con datos de 2024), «con el 97% de los nuevos trabajos cubiertos por personas nacidas fuera de España».
En este contexto, Oliver ha explicado que la ratio media de alquiler sobre la renta familiar ha bajado (del 27% al 24%) porque los ingresos disponibles de los hogares arrendatarios crecen más con la economía (un 21% más). Ahora bien, ha advertido de las enormes desigualdades al analizar grupos específicos de población. De este modo, cuatro de cada diez hogares catalanes en alquiler gastan más del 30% de su renta al pago de la vivienda. «Mejora la media, pero se extiende el drama en los hogares de ingresos bajos. No es un mercado, hay que analizar diferentes mercados», ha dicho Oliver.
De un 45% a un 19%
Los datos presentados exponen que si se analiza el tercio con menos ingresos, los hogares destinan el 45% de los sueldos al alquiler mientras que en el tercio de más renta este porcentaje se reduce hasta el 19%. Los hogares con menos de 1.500 euros mensuales abonan el 44% de su renta en alquiler; si ganan menos de 1.000 euros, llega al 50%, quedándoles apenas el 35% tras gastos básicos como luz y agua. «¿Hay que aplicar la misma norma para quien paga el 45% de sus ingresos que para el que paga el 19%?», ha cuestionado Oliver, crítico con los controles generalizados de precios.
El estudio -elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, EPA y proyecciones poblacionales del INE- indica que las famílias que viven en pisos de alquiler han pasado del 22% del total en 2021 (672.000 hogares) al 29% en 2024 (unos 907.000 hogares) en Catalunya. Este aumento revela, a su vez, una marcada desigualdad: los ingresos medios de los hogares en alquiler son «sistemáticamente inferiores» a los de propiedad, con el 38% de las familias más pobres concentradas en régimen de alquiler debido a su menor riqueza acumulada.
Otro de los datos destacados en el informe presentado hace referencia al perfil de riesgo que domina en el tercio bajo de los ingresos: un 63% son inmigrantes (56% total alquiler); un 44%, dirigidos por mujeres; 57% unipersonales y notable presencia de mayores de 50 años. En esta línea, el autor del estudio ha señalado que los problemas de acceso de la gente joven es «sin duda un problema», pero no debe olvidarse tampoco que muchos de estos hogares son de personas de más de 50 años, «un inconveniente que se agravará cuando estas personas abandonen el mercado laboral y su nivel de ingresos disminuya».
La decana del Instituto del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo Ros, ha alertado durante su intervención que el acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana en Catalunya, agravada por la «sobrerregulación» de los últimos tres años, que ha tensionado el mercado inmobiliario sin resolver los problemas estructurales de oferta y demanda.
Vallejo ha aprovechado para reclamar «un pacto de Estado donde las fuerzas políticas dejen de lado su ideología y trabajen por una postura equilibrada sobre el derecho a la vivienda» con equidad entre propietarios e inquilinos, datos objetivos y consenso político a largo plazo. «Si cada vez que legislamos agrandamos el desequilibrio entre propietarios y arrendatarios, lo que seguro no encontraremos es esa seguridad jurídica que todos reclamamos», ha sentenciado.
Asval crea una comisión permanente en Cataluña para trabajar en la seguridad jurídica del alquiler
Urgen a una solución para inquilinos y propietarios ante los datos que muestran una «asimetría» entre el crecimiento demográfico y la oferta de vivienda en la región
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha creado una comisión permanente en Cataluña para «garantizar un mercado de alquiler con seguridad jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos».
Lo ha anunciado este martes en la sede del Illustre Collegi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), cuya decana, Cristina Vallejo, ha manifestado que el acceso a la vivienda se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos, en concreto, en Cataluña, que ha atribuido a una «sobrerregulación» en los últimos tres años. «Necesitamos un Pacto de Estado donde las fuerzas políticas dejen de lado su ideología y trabajen por el derecho a la vivienda», ha reivindicado la decana en declaraciones recogidas por Europa Press. Y ha subrayado que desde el ICAB se han planteado varias propuestas legislativas en este sentido.
El economista Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha presentado un informe sobre los cambios en la accesibilidad al alquiler en Cataluña en 2024 y ha manifestado que existe una «asimetría» entre el crecimiento demográfico y la oferta de vivienda. Los datos reflejan un fuerte aumento de familias en alquiler en la región entre 2021 y 2024, pasando del 22% al 29% del total (de 670.000 a 907.000), lo que sitúa el alquiler catalán entre 2018 y 2024 en el entorno del 24% del total español. Detrás de este «choque de demanda» está como base fundamental la inmigración.
Más del 40% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos totales a pagar el alquiler, explican los expertos: los hogares más pobres (de ingresos inferiores a 1.500 euros al mes) pagan de media un 44% de su renta, frente a los que ingresan más de 3.000 euros, que destinan un 19%.
Asimismo, existe una mayor dificultad de accesibilidad para el 33% de las familias de menos ingresos, unipersonales y las presididas por personas de referencia que son inmigrantes, mujeres o que tienen más de 50 años.
Confianza y seguridad jurídica
La presidenta de Asval, Helena Beunza, ha recordado que si bien la entidad nació en 2020 y ya estaba presente en Cataluña, la voluntad ahora con esta comisión es fortalecer su presencia y colaborar con todas las instituciones para contribuir a un modelo que genere «confianza» para los ciudadanos, las instituciones y todos los actores implicados en el mercado de las viviendas de alquiler.
Ha añadido que el acceso a la vivienda es «uno de los más grandes desafíos de nuestro tiempo» y ha recordado que desde Europa se deben impulsar políticas, las soluciones se deben construir desde el territorio y, en este sentido, ha reclamado seguridad jurídica, estabilidad normativa y diálogo.
Carlos Muñoz, el delegado de Asval en Cataluña, ha subrayado que «propietario e inquilino no son adversarios» y que lo que se necesita es encontrar un equilibrio, por lo que uno de los ejes del trabajo de la asociación pivota en torno a la seguridad jurídica. «Necesitamos un marco jurídico claro, estable y previsible, que se traduzca en confianza para todo el mundo», ha reclamado, y ha insistido en que propietarios e inquilinos comparten un interés común: que el mercado de alquiler funcione.
Además, sobre el decreto que contempla la prórroga de los contratos de alquiler, ha dicho que no se convalidará y que no contribuye a la seguridad jurídica, lo que generará «conflictividad», que es lo que no quieren ni propietarios ni inquilinos.
Por último, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha señalado que la entidad es útil y necesaria en Catalunya y ha insistido en que pese a ser una asociación joven ha conseguido tener un «impacto real». En este sentido, ha puesto en valor que Asval participe en el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya y que colabore con AMB y con el Institut Català d’Energia, entre otros, y ha dicho que la asociación no está para la foto, sino para trabajar y ofrecer propuestas que mejoren la situación actual del mercado.
Asval pide en Europa más seguridad jurídica y aumentar la oferta de alquiler asequible en España
El ‘lobby’ de los propietarios con viviendas en alquiler ha participado en una reunión de la Comisión Europea sobre la materia
El ‘lobby’ de propietarios con vivienda en alquiler, Asval, ha participado en la reunión de trabajo organizada por la Comisión Europea Housing Task Force en el marco del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible. Durante el encuentro, en el que han participado las principales asociaciones europeas y nacionales en materia de vivienda, la asociación ha compartido su visión sobre el mercado del alquiler, y ha mostrado su voluntad a contribuir en el diseño de futuras iniciativas europeas, como el propio Plan Europeo de Vivienda.
Durante la sesión, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha recordado la importancia de generar un marco regulatorio estable, fomentar la colaboración público-privada y promover medidas que incrementen la oferta de vivienda asequible de forma sostenible.
«Apoyamos plenamente el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda asequible. Sin embargo, la evidencia en varios mercados europeos demuestra que las políticas excesivamente restrictivas —como los controles rígidos de alquiler o las limitaciones desproporcionadas a la actividad de alquiler— pueden ser contraproducentes. En lugar de mejorar la asequibilidad, a menudo reducen la oferta, desalientan la inversión y acaba perjudicando a los mismos hogares que pretenden proteger». ha defendido Fernández durante su intervención.
Asimismo, la directora general de Asval ha pedido un gasto público adecuado en vivienda y que las adminstraciones se basen en datos reales y transparentes a la hora de tomar decisiones. «Las políticas deben diseñarse cuidadosamente, ejecutarse con precisión y contar con mecanismos sólidos para mitigar las consecuencias no deseadas», ha dicho, al mismo tiempo que ha priorizado la seguridad jurídica como pilar fundamental para el mercado.











