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Cuestionan la subida de impuestos y los nuevos requisitos a quien tenga más de cinco pisos

Los acuerdos en materia de vivienda suscritos entre el Govern y los comunes han causado malestar y preocupación entre empresarios y sector inmobiliario.
Tanto, que la imagen de ejecutivo business friendly con la que saludaron la investidura de Salvador Illa empieza a ser cuestionada. Así lo deslizaron ayer el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Libré, y el de la asociación de promotores y constructores (APCE), Xavier Vilajoana, en una comparecencia en la que cargaron con dureza contra algunas delas políticas residenciales que  impulsa la Generalitat.

El motivo del enfado ha sido la batería legislativa que aprobó el martes pasado el Consell Executiu, en la que se incluye un decreto ley que, entre otras cuestiones,
prevé la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores (aquellos que tengan cinco o más pisos), sanciones a quien oculte información y la ampliación del derecho de compra preferente (tanteo y retracto) dela administración. También, el aumento del impuesto a grandes tenedores,
con el incremento del de transmisiones patrimoniales, para el que se crean nuevos tramos impositivos, tal y como presentó la consellera de Economía, Alicia Romero, el jueves pasado junto a la líder delos comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. Según el decreto que explicaron, se duplicará el tope máximo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP)del 10% al20%.

“Van en la dirección contraria de lo que pretenden”, insistieron Sánchez Llibre y Vilajoana durante su intervención desde la sede de Foment. Consideran que la nueva legislación, de aprobarse tal y como está prevista, “encarecerá” la vivienda en un momento en que los precios ya están subiendo debido a la falta de oferta y una demanda al alza.

“Queremos que la Generalitat escuche a los profesionales del sector y evitar que este decreto ley se apruebe” en las condiciones que se ha redactado, añadió el presidente de la patronal de las grandes empresas catalanas. Si no hay cambios, la medida se con validará en el Parlament e nel periodo de un mes. Por su parte, Vilajoana, visiblemente enojado, tachó estas iniciativas de la Generalitat de “ignorancia suprema” y lamentó que se demonice al sector. “Están trasladando su responsabilidad al sector privado”, insistió el presidente de APCE, al considerar que las diferentes administraciones no han invertido lo suficiente en vivienda pública en los últimos años.

Los empresarios lamentan que, tal y como están elaboradas estas medidas, se considerará gran tenedor también a un promotor de vivienda, y no solo al que adquiera los inmuebles en propiedad. De esta manera, sostienen, se aumentará la carga impositiva sobre la construcción y, por tanto, el precio final de los pisos. “El 25% de los costes de construcción son impuestos”, precisó Vilajoana. Desde que se dio a conocer este punto, afirmó, se ha disparado la preocupación y el desconcierto en el sector, con promotores que están frenando actividad al no saber seguro si a ellos se les considerará grandes tenedores también.

El presidente de Foment y el de los promotores piden que no solo se escuche a los comunes y ERC

Al empresariado le ha sorprendido asimismo que el Govern de Salvador Illa esté aumentando impuestos, cuando, recuerdan, el president se comprometió a no subirlos. Y observan cómo los socios de investidura le están marcando el paso en políticas de gran peso como la vivienda. “ERC y los comunes le han dado la investidura a Salvador Illa, pero a la hora de diseñar las políticas de futuro, pedimos que también escuchen al sector privado y a los especialistas para implementar una palanca económica”, reflexionó el presidente de Foment.

También en el lado de los propietarios de pisos ha saltado la alarma. Desde Asval, la asociación que agrupa 6.000 propietarios de vivienda en alquiler, de loscualesel95%sonparticulares y el resto empresas, consideran que aumentar el IPT “no contribuye a solucionar el déficit de vivienda existente”. Por ello, exigen que esta medida no se aplique a las viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo o a la mejora energética. Por su parte, la Asociacio de Propietaris de Catalunya recuerda que la comunidad ya tiene “el ITP más caro del Estado”. “La Generalitat no tiene política de vivienda propia, la que están aplicando es la de ERC y los comunes”, concluye su presidente, Sergi Llagostera.

Las propuestas para paliar la crisis residencial que PSOE y PP han presentado han levantado una pizca de optimismo en el sector inmobiliario y los economistas que analizan este mercado. “Por fin se han puesto de acuerdo en algo”, coinciden los consultados. El acceso a la vivienda es un problema de primera magnitud en España y los dos grandes partidos lo identifican como tal. De ahí que promotores, propietarios, inquilinos y analistas reclamen un gran pacto de Estado, con unas pocas medidas imprescindibles que resistan la polvareda política y los cambios de Gobierno.

“Necesitamos un gran consenso político, si los dos partidos aceptan que hay un problema con la vivienda entre el colectivo de jóvenes y en las rentas bajas, se ha de llegar a acuerdos perdurables; porque este déficit, sobre todo de alquiler asequible, no se arregla sin medidas que no duren al menos una generación”, señala el catedrático Josep Oliver, que analiza el mercado inmobiliario desde hace años. “Ambos aportan medidas positivas, aunque falta la concreción; pero valoramos que identifiquen la necesidad de aprobar una nueva ley del suelo”, señala Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, también pone en valor este punto que ha vuelto a poner sobre la mesa el PP. La que presentó el PSOE en su momento, similar a la que quiso impulsar el Gobierno de Mariano Rajoy, parecía concitar un consenso suficiente, pero la trifulca partidista la dejó en el tintero. Ahora, señalan desde el sector habitacional, urge actualizar la normativa para movilizar suelo y terrenos de una forma más ágil. Es necesario, insisten, para acortar los plazos de edificación y simplificarlos.

Hacer política habitacional es caro, se echa en falta un compromiso económico

La música suena bien a falta de plasmarla en una partitura; por eso entre los profesionales del inmobiliario y en la academia ha sorprendido también que ninguna de las dos baterías de propuestas vengan acompañadas con un compromiso económico. “Hacer política de vivienda es caro, se necesita mucho dinero; por eso echamos en falta que ni el PSOE ni el PP marquen un mínimo de la inversión pública que estarían dispuestos a movilizar, qué porcentaje de los Presupuestos generales del Estado”, subraya Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. “Sólo con leyes –añade– no lo conseguiremos”.

Para Sala, las nuevas propuestas del PSOE son una especie de rectificación de la política de vivienda que el Gobierno de coalición ha seguido hasta la fecha, marcada con la batuta de Sumar. “Es la constatación de que la ley de Vivienda no soluciona el problema de acceso, hace falta estimular la oferta”.

Y para ello es necesario una mayor seguridad jurídica, destacan desde el sector. José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, observa en este sentido coincidencias entre socialistas y populares, con medidas dirigidas a asegurar el cobro de los alquileres en caso de impago. Las ventajas fiscales que aportan ambos partidos han sido, asimismo, bien recibidas.

Valoran las medidas fiscales de ambos partidos y coincidencias con la ley del Suelo

Ahora bien, Montalvo ve algún problema con la medida estrella del PP: la reducción del impuesto de transmisión patrimonial del 10% al 4%, para los jóvenes. Si bien podría ser un estímulo en una situación de equilibrio entre oferta y demanda, “aplicarla ahora, con el déficit de vivienda que arrastramos, podría producir un incremento de los precios”, sostiene.

Dudas genera también la empresa pública que defiende el PSOE. “No produce más oferta y no parece el modelo más eficiente”, sostienen desde el sector. Tampoco ven muy relevante el incremento de hasta el 100% del gravamen fiscal que deben pagar los ciudadanos extracomunitarios que no residan en España cuando compran una casa. Son pocos y enfocados al mercado del gran lujo.

¿Lo que piden todos los eslabones del mercado residencial? Más colaboración público-privada, entre administraciones, y estabilidad. El sector público tiene complicado resolver el problema solo, insisten, y menos sin un presupuesto claro.

Un cargo de Vivienda sugiere recuperar la ayuda a la compra y la deducción por vivienda habitual

El subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez, sugirió este miércoles recuperar la ayuda estatal a la entrada para la compra de una vivienda y la deducción por vivienda habitual.

Así lo indicó en su participación en la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario de Esade Alumni bajo el título ‘Ley de Vivienda un año después: avances y retos’, en la que lamentó el “gran error” que se ha cometido, a su juicio, en la última década por haber priorizado en exclusiva la rehabilitación y el alquiler y se haya perdido el foco en la vivienda en propiedad.

Menéndez mostró su apoyo a complementar los recientemente aprobados avales hipotecarios para la primera compra de jóvenes y familias con menores a cargo con estas dos medidas. La ayuda estatal a la entrada consistiría en un importe que serviría para cubrir parte de los gastos fiscales y administrativos que se deben asumir en la compraventa de un inmueble.

Asimismo, la deducción por compra de vivienda habitual debería ser recuperado de forma “moderada” y “escalada” en función del valor del inmueble. Rechazó, en cambio, la subsidiación de préstamos para que un comprador de vivienda protegida tuviera ayuda para el pago de la cuota hipotecaria porque es un sistema “complejo” para ser asumido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. “Yo lo haría si fuera el ministro, pero no lo soy”, apuntó.

El representante ministerial recordó en el 2013, tras la crisis financiera, había un “consenso generalizado en toda España” de que había centrar los esfuerzos en rehabilitación y alquiler, y, a su juicio, las “consecuencias” de esa postura “en parte es lo que ha motivado el problema de la vivienda ahora”.

“En cuanto haya un equilibrio entre el mercado del alquiler y el mercado de la compra, lógicamente ambos se compensarán y conseguiremos que el alquiler también se modere. A lo mejor sube un poco el de la compra, pero se moderan los dos”, señaló.

COLABORACIÓN-PÚBLICO PRIVADA

La presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), Helena Beunza, centró su valoración sobre la Ley de Vivienda en la necesidad de desarrollar los artículos que mandatan el fomento de la colaboración público-privada, para lo cual esperan la próxima creación del Consejo asesor de la Vivienda.

Además, tienen la “mano tendida” a las comunidades autónomas para realizar una implementación “adecuada” de la norma”. En su opinión, el sector “tiene muy claro que quiere entrar y qué necesita para entrar” en la construcción de vivienda asequible.

Desde Vivienda, Menéndez afirmó que la colaboración público-privada se debe realizar tanto en suelos públicos como en los privados. En los primeros, a través de fórmulas como los derechos de superficie o las concesiones demaniales, en línea con lo que ha realizado la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE.

En cuanto a los suelos privados, su apuesta es por llegar a acuerdos que consistan en dar ayudas para promover viviendas y que durante un plazo de 15 años se alquilen con rentas limitadas, como es la propuesta del Ayuntamiento de Madrid. Otra opción sería ceder el suelo privado a la administración y que esta lo explotase durante 75 años a través de un derecho de superficie.

Por otro lado, el director de Estudios en el Instituto de Estudios Económicos, Carlos Ruiz, destacó la importancia de que haya “previsibilidad” para el sector privado” y animó también a que en estos procesos de colaboración público-privada participen los grandes tenedores y contribuyan a aumentar el parque de vivienda asequible.

También reclamó que “hay que hacer mucho” en el sector público sobre el problema de la okupación, que está “acotado a una problemática social” y para lo que se debe responder con un “mayor acceso a vivienda asequible para todo tipo de colectivos” y “siempre que no se vulnere el derecho a la propiedad”.

REGULACIÓN PENDIENTE

El representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha repasado algunas de las cuestiones que el departamento de Isabel Rodríguez tiene pendiente de regular en los próximos meses. Afirmó que la línea de 4.000 millones para que promotores privados y públicos construyan vivienda asequible estará listo en “uno o dos meses”.

Además, la propuesta de índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe presentar al Ejecutivo para servir de referencia en la subida anual de los precios de los contratos de alquiler en vigor como sustitución al IPC será “más suave” que este indicador y debe ser aprobado mediante un cambio normativo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Menéndez espera que esté aprobado en el primer trimestre del año que viene.

Por su parte, sobre la regulación de los alquileres temporales, indicó que la norma que se propondrá en el grupo de trabajo que ya ha mantenido dos reuniones y que está pendiente de presentar unas conclusiones, se centrará en que este tipo de alquileres se justifiquen con más detalle, estableciendo el domicilio habitual y aportando la causa que motiva esa tipología de contrato.

(SERVIMEDIA)19-JUN-2024 13:23 (GMT +2)JMS/gja

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