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Asval: “No hay visos de que se vaya a levantar la moratoria antidesahucios”

La asociación que engloba a grandes y pequeños propietarios da por hecho que el Gobierno ampliará la prohibición de desahuciar a los inquilinos vulnerables a 2026

Los propietarios temen que se prolongue un año más la prórroga de los desahucios por impago del alquiler de familias vulnerables. Una medida que ya lleva cinco años en vigor y que el Gobierno podría ampliar en 2026.

«No hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar», ha afirmado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha pedido «mejorar la protección de la propiedad privada» para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler.

La directiva de la asociación asegura que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar. «Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler», ha recalcado Fernández.

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y
expira el próximo 31 de diciembre, aunque cabe la posibilidad de que el Gobierno vuelva a ampliar su vigencia.

Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas).

Los propietarios de momento tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.

Podemos quiere hacer la moratoria permanente

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado esta semana que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha detallado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria y que se incluyan en ella a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) pide la derogación urgente de la moratoria, a la que considera la “causante de la protección legal de los inquiokupas, que ante la inacción y dejadez de las responsabilidades de las administraciones públicas se aprovechan de la tesitura de considerarse personas vulnerables, aunque no sea cierto en muchos casos, y se perpetúan en viviendas que no son de su propiedad”. Dichas viviendas, añade la plataforma en un comunicado, “pertenecen en un 93% de los casos a familias trabajadoras y pensionistas que las tienen en alquiler como apoyo a su economía familiar y que necesitan dichos ingresos para su subsistencia”.

Según la PAO, “la legislación actual y las administraciones públicas derivan la responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a los propietarios o afectados por la ocupación e inquiocupación, quienes deben soportar la presencia de personas que, ya sea por necesidad, por fraude o por pertenecer a mafias que aprovechan la lentitud de los procesos, se niegan a abandonar las viviendas. Injusticias que provoca la propia vía judicial al tratarse de procesos largos, caros y sin consecuencias materiales para los okupas.

Y concluye que son las Administraciones Públicas las que deben responder y dotar de “alternativa habitacional a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no disponen de vivienda. En caso de no ser posible, por falta de vivienda pública disponible, las AAPP deberán buscar otras soluciones que aseguren el acceso a una vivienda digna a través de seguridad jurídica para los propietarios y recursos para las familias vulnerables, eliminando de esta ecuación a los miles de inquiocupas que se aprovechan de la legislación actual para vivir a costa de familias trabajadoras y pensionistas”.

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¿Vamos hacia un país de inquilinos? El alquiler pesa un 20% sobre el total

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, sobre todo los jóvenes · La capacidad de acceso a un hogar se vuelve inasumible · Cuatro expertos ofrecen soluciones.

 

Los elevados precios de las casas en venta, la falta de stock del sector y la lentitud de las nuevas promociones de obra nueva están provocando que los residentes españoles no puedan emanciparse o abandonar el mercado del alquiler y acceder a una vivienda en propiedad. Los últimos informes publicados por idealista demuestran cómo casi el 10% de las viviendas para arrendar duraron menos de 24 horas anunciadas, pese a registrar récord tras récord en cuanto a precios, por ello nos preguntamos: ¿Se está transformando España en un país de inquilinos?

Datos oficiales: el volumen del alquiler, en máximos

Los últimos datos oficiales son los ofrecidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) correspondientes a 2023, cuando aseguraron que había 2.384.573 contratos de arrendamientos firmados, un 4,9% más que el año anterior y un 55% más que en 2015 (1.309.137), cuando empezaron a registrar dicho parámetro, lo que demuestra un considerable incremento en el número de inquilinos en el país.

En esta misma línea, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que, durante 2024, el 20% de las propiedades que conformaban el parque residencial nacional se destinaban al alquiler, el dato más alto jamás registrado. Cabe destacar que este dato proviene de la unificación de alquileres a precio de mercado como los arrendamientos por debajo del mismo.

De los 19,3 millones de hogares que había en el país durante el pasado año, el 73,6% eran en régimen de propiedad, de las cuales dos tercios ya estaban completamente pagados, mientras que el resto continuaba con hipoteca. Por otra parte, el 6% de los hogares restantes son cesiones: inmuebles cuyos propietarios han cedido su uso a otra persona, los cuales suelen ser familiares y amigos, con el objetivo de facilitarles el acceso a una vivienda.

Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFYRE, asegura que “el problema de la vivienda es estructural, siempre lo hemos tenido, pero ahora se ha agravado por el crecimiento de la demografía. Este aumento se ha desarrollado en un plazo de tiempo muy corto, por lo que el mercado de la vivienda no ha tenido capacidad para responder a esta demanda”.

“Es cierto que la oferta es escasa y los precios están muy altos”, ha reconocido Salcedo, pero ha puesto el foco en los salarios, que los ha catalogado como “insuficientes, no solo para comprar, sino también para alquilar”.

El inquilino promedio alcanza los 36 años

Un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que la edad media del inquilino de larga estancia ha aumentado un 11,9% en el último lustro, hasta situarse en los 36 años, frente a los 32,16 años establecidos en 2020.

Este auge en la edad media está provocado por un considerable desequilibrio entre oferta y demanda. Desde FAI aseguran que la demanda ha caído un 27,6% y la oferta ha aumentado un 34,3% desde la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Además, este mismo informe establece que el precio medio mensual más demandado para una vivienda de alquiler en España se sitúa en 766,14 euros durante 2025, mientras que la renta media de los hogares demandantes se sitúa en los 895 euros. Estas cifras están provocando un “éxodo inmobiliario sin precedentes”: El 30,2% de la demanda se ha desplazado de las principales ciudades o capitales de provincias a la periferia.

José María Alfaro, presidente de FAI, ha reivindicado que el problema viene de muy atrás: “España dejó de planificar vivienda a raíz del comienzo de la burbuja inmobiliaria. Las promotoras y constructoras no levantaban vivienda protegida porque el valor del modulo era insuficiente, por lo que se decantaron por la vivienda libre, lo que desencadenó en la crisis de 2008. Tras ello, no se ha planificado nada en materia de vivienda, lo que ha desembocado en el problema que tenemos actualmente. Si a esto le sumas unos altos flujos migratorios, tanto nacionales como internacionales, pues acaba explotándote en tus propias manos”.

Más de dos años con caídas en la oferta

Hace casi dos años, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, aseguró en una tribuna titulada ‘Vamos hacia un país de inquilinos, ¿es bueno?’ que la oferta de viviendas, especialmente en alquiler, estaba reduciéndose considerablemente por las políticas adoptadas. Casi dos años después, el propio Zurdo ha manifestado que, finalmente, “estas medidas tan intervencionistas han perjudicado principalmente al inquilino, porque los arrendadores han reducido la oferta, lo que ha incrementado los precios y los requisitos para acceder a una vivienda, ya que, a día de hoy, hay muchos inquilinos que no pueden pasar los filtros”.

“Estamos ante un planteamiento equivocado, y se han dado cuenta tarde. Las medidas propuestas han atacado a los arrendadores, que, ante tanta limitación, han destinado su vivienda a otra finalidad, tanto al alquiler de temporada y de habitaciones como a la compraventa. Tenemos que estimular la oferta, no la demanda”, ha recalcado el directivo de la ANA, que cree que la Ley de Vivienda ha generado un efecto “muy negativo” en el mercado.

Sobre dicha Ley, Salcedo ha declarado que «solo ha añadido más dificultad a los problemas que ya había. Ha generado una mayor inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Además, las últimas medidas anunciadas por Sumar y Salvador Illa (presidente de la Generalidad de Cataluña), son un atentado contra la propiedad privad y la libertad de empresa y libertad”.

En este marco, los datos recogidos por idealista durante el último trimestre de 2024 afirman que el año cerró con una caída del 56% en la oferta de alquileres desde finales de 2020, registrando cuatro años consecutivos de caídas. Además, en ese mismo momento, la oferta de alquiler permanente registró una caída del 3% con respecto al tercer trimestre de 2024, convirtiéndose en el 14º descenso consecutivo.

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Helena Beunza, ha declarado que este auge en la demanda “responde a cambios demográficos, laborales y sociales, que han generado hogares más pequeños, mayor movilidad y una preferencia creciente por la flexibilidad que ofrece el alquiler”, por lo que, desde ASVAL catalogan esta evolución “como una señal de convergencia con los modelos europeos, donde el alquiler tiene un peso más equilibrado dentro del sistema residencial”.

‘Invertir en ladrillo’: un valor refugio inalcanzable para muchos

A lo largo de los años, la gran mayoría de las familias españolas han apostado por ‘invertir en ladrillo’, ya que la rentabilidad de las viviendas superaba con crecer el valor del IPC. Entonces, si para la sociedad actual, especialmente los más jóvenes, es prácticamente imposible adquirir una vivienda habitual, ¿cómo afectará esto al patrimonio futuro de los españoles?

Ante esto, Beunza ha declarado: “España ha construido históricamente su riqueza sobre la vivienda en propiedad. Si el peso del alquiler sigue creciendo, cambiará la estructura patrimonial de los hogares”.

En lugar de la vivienda, las familias españolas “diversificarán sus ahorros en otros activos como fondos de pensiones o inversiones financieras, lo que puede contribuir a una economía más sólida y menos dependiente del ciclo inmobiliario”, ha propuesto la presidenta de ASVAL, que ha manifestado que, “si este proceso se acompaña de estabilidad y seguridad en el mercado del alquiler, no tiene por qué implicar una pérdida de riqueza, sino una transformación positiva”.

Sobre las pensiones, Salcedo ha profundizado: «Imagínate si nuestros padres o abuelos no hubieran sido capaces de adquirir una vivienda en propiedad a lo largo de su vida. Con las pensiones que tienen sería imposible alquilar una vivienda a esa edad. Según el Banco de España, dos terceras partes de la riqueza nacional se encuentra en bienes e inmuebles, por tanto, la inversión en ladrillo es fundamental, gracias a ello, los españoles han mejorado su nivel de vida”.

Volviendo al mercado inmobiliario, los grandes impedimentos que alejan a los compradores de las viviendas son dos, aunque están entrelazados: los altos precios y la escasa oferta son los culpables de que el mercado del alquiler se encuentre en esta tesitura.

Para solventar este problema, todos los expertos concuerdan en un aspecto: aumentar la oferta. ¿Y esto cómo se consigue? Dando incentivos y atrayendo la inversión. Entre las soluciones hay tres que destacan por encima del resto: agilizar plazos administrativos, facilitar suelo y reducir impuestos. Con estas tres medidas, la oferta aumentaría, los precios descenderías, y los residentes en España podrán adquirir inmuebles para vivir y para incrementar su valor patrimonial.

Jóvenes

En este contexto, José Ramón Zurdo, ha declarado que, “donde más influyen estas nuevas políticas es en los jóvenes, la clase más frágil, que no es que no puedan comprar una vivienda, es que ni siquiera pueden acceder al alquiler por los altos requisitos que exigen los arrendadores ante el miedo de impago. Hay que ofrecer garantías o avales a esta generación para que puedan acceder a una casa”.

Sobre los jóvenes, Helena Beunza, ha recalcado que “deberían ser la prioridad absoluta en las políticas públicas de vivienda en España. Los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, crecen más rápido que los salarios, y la falta de oferta en las grandes ciudades hace que el esfuerzo económico sea insostenible. El acceso a la vivienda no puede seguir siendo el gran cuello de botella de una generación entera”.

Por su parte, Julián Salcedo ha enfatizado que «tenemos una de las generaciones más preparadas de nuestra historia, pero la realidad es que vivirán peor que sus padres, que, a su vez, sí han vivido mejor que sus respectivos padres. Aunque el Gobierno diga que España va como un cohete, la realidad es que los jóvenes no tienen poder adquisitivo. No es que no puedan pagar una vivienda, sino que no podrán tener un nivel de vida similar al de sus padres. Esto es muy preocupante».

Por otro lado, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, también ha recalcado: “Los jóvenes españoles se han acostumbrado a un elevado nivel de vida, han perdido la capacidad de ahorro y todos los ingresos lo destinan al gasto corriente. Esto también es grave para acceder a una vivienda”.

Impuestos

“España también debe reflexionar en torno a la excesiva incidencia de los impuestos sobre la propiedad. Estos gravámenes tienen un peso mucho mayor en nuestro país que en la OCDE, lo que reduce la capacidad efectiva de dar un uso más pleno a los derechos de propiedad. Bajar estos impuestos es posible con una apuesta por una mayor eficiencia en el gasto público, donde anteriores trabajos del IEE han detectado lagunas que ofrecen un amplio margen de mejora”.

En este apartado también entra en juego el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un indicador que analiza el entorno legal y político, la protección de la propiedad física y el blindaje de la propiedad intelectual para mostrar la garantía del Derecho a la Propiedad en los distintos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

España ocupa el puesto número 22 de los 37 participantes, y por debajo de la media de la OCDE (-4,3%) y la UE (-1,9%). Sobre ello, el IEE ha destacado: “En particular, la falta de acción para resolver la inseguridad jurídica y la tolerancia hacia la ocupación ilegal, así como las políticas intervencionistas en el sector de la vivienda, generan un entorno de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social.”

Principal problema del mercado del alquiler: la inseguridad jurídica

“El principal problema es que el parque residencial no está respondiendo a la alta demanda. En los últimos años, se ha desincentivado a los propietarios, tanto legal como fiscal. Recuperar las llaves de una vivienda en caso de impago no baja de los ocho meses de promedio y en algunos lugares supera el año y medio, esto ha provocado que muchos propietarios hayan destinado su inmueble a otro uso”, ha declarado Alfaro, que también ha manifestado que, “en una situación en la que la demanda es mucho mayor a la oferta, si ‘dopas’ a la demanda, lo único que vas a conseguir es que los precios sigan subiendo”.

Según el estudio titulado ‘El problema de la ocupación ilegal en España’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el año pasado se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en el país, un 61% más que hace una década. A esto, hay que sumarle el último análisis de idealista, en el que asegura que, según su propia base de datos, hay 23.000 viviendas anunciadas que están ocupadas ilegalmente, un 3% del total de la oferta de viviendas.

Desde el IEE afirman: “Los derechos de propiedad son una institución esencial para el desarrollo económico y tienen, asimismo, distintas implicaciones de máxima relevancia para la autonomía personal, la limitación del poder político y el fomento de la innovación y la creatividad. No sorprende, pues, que las economías que mejor protegen los derechos de propiedad sean casi 20 veces más ricas que aquellas con peor desempeño”.

Por su parte, José Ramón Zurdo, ha asegurado que, “para dar seguridad a sus clientes, hemos tenido que ofrecerles una alarma de forma gratuita durante la fase de más riesgo: la búsqueda de inquilinos. Muchos van con la intención de aprovechar el momento y okupar la casa”.

Propuestas profesionales para aumentar la oferta

Propuestas de FAI

Desde FAI, Alfaro ha apostado por poner a disposición suelos desaprovechados: “Este problema no se resuelve solo con terreno residencial, hay que poner a disposición suelos dotacionales que están en desuso y no sirven para nada”.

Otra de las medidas propuestas por el presidente de FAI son los “créditos blandos”. Esta iniciativa consiste en dar incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas antiguas con el objetivo de que estos inmuebles salgan al mercado del alquiler de larga duración con un precio moderado”.

Propuestas del IEE

Desde el IEE también proponen fomentar la colaboración entre administración y compañía: “La colaboración público-privada no solo asegura una ejecución más ágil y efectiva, sino que también optimiza el uso de los recursos disponibles al aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado. Este enfoque más eficiente no solo maximiza el impacto de las subvenciones, sino que también promueve la participación de diversos actores en la provisión de viviendas asequibles, generando beneficios tanto para el sector público como para el privado”.

“En particular, es crucial, entre estas medidas, resaltar aquellas destinadas al alquiler en lugar de a la compra de viviendas. Esta preferencia se justifica por el hecho de que el alquiler se destaca como una opción más efectiva para proporcionar vivienda a aquellos que realmente la necesitan, ya que permite adaptarse a las cambiantes circunstancias (renta, movilidad laboral, entre otras) de las familias a lo largo del tiempo. Enfocar este tipo de ayudas hacia la modalidad del alquiler no solo se orienta hacia la atención de las necesidades inmediatas de quienes requieren una vivienda asequible, sino que también contribuye a mantener el stock y a aumentar la oferta de viviendas protegidas en la medida en que pueda gestionarse a través de la colaboración público-privada por parte del sector privado”, concluyen desde el IEE.

Propuestas de la Agencia Negociadora del Alquiler

En esta misma línea, el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler propone “potenciar fiscalmente la compra, tanto de primera como segunda vivienda. Esto también aumentaría el alquiler, porque muchos inversores pondrían estos inmuebles al mercado”.

Además, José Ramón Zurdo también ha declarado que esta medida “aliviaría el problema de las pensiones: muchos propietarios podrían utilizar los ingresos de sus viviendas arrendadas para complementar su subsidio tras la jubilación, que en algunos casos son ridículas”.

Propuestas del Foro de Economistas Inmobiliarios

Por su parte, Salcedo recomienda una legislación que proteja, tanto al inquilino como al propietario, pero también ha asegurado que con “seguridad jurídica no basta, tenemos que incrementar la oferta de vivienda, tanto de obra nueva como existente, y esto se consigue con incentivos”.

“También debemos fomentar la vía de la rehabilitación: hay muchas viviendas que, por sus condiciones de habitabilidad, no pueden salir al mercado del alquiler. Además, tenemos que instaurar incentivos de tipo fiscal. Y, por último, las administraciones públicas deberían destinar más recursos a vivienda: la cuantía de ahora es manifiestamente insuficiente ante la situación tan grave en la que nos encontramos”, ha concluido el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

Propuestas de ASVAL

Desde ASVAL, Helena Beunza propone más seguridad jurídica, ofrecer incentivos fiscales y financieros y simplificar la gestión administrativa: “Debemos tener un marco estable y predecible que proteja tanto a inquilinos como a propietarios y atraiga inversión al mercado, premiar a quienes alquilar a precio asequible, facilitar la rehabilitación y construcción de vivienda en alquiler, y reducir plazos y trabas urbanísticas”.

“Es imprescindible contar con los propietarios privados, que son quienes hoy sostienen la mayor parte del parque de alquiler. La vivienda de nueva construcción requiere plazos largos de desarrollo, por lo que la única solución inmediata pasa por fomentar la puesta en alquiler de las viviendas existentes. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario: medidas y discursos que generan inseguridad y provocan la retirada de viviendas del mercado del alquiler. Si queremos un parque de vivienda asequible y suficiente, necesitamos políticas que activen la inversión, aporten confianza y multipliquen la oferta. Esa es la única vía para lograr un mercado del alquiler más equilibrado y accesible para todos”, ha concluida la presidenta de la presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

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Laura Fernández (ASVAL): “Si no somos capaces de atraer a inversores en vivienda asequible, lo vamos a tener muy difícil”

El futuro de las socimis y de los vehículos cotizados de inversión inmobiliaria estuvo en el centro del debate en la feria The District en Barcelona. En la mesa redonda “Socimis y bienes raíces cotizados: ¿Reinicio o reinvención?”, en la que participaron Santiago Navarro, CEO de Portfolio Stock Exchange, Ana de Luis, directora de incorporaciones de Abbaco Markets y la directora general de ASVAL, Laura Fernández, se lanzó una advertencia clara: sin capacidad para atraer a los grandes fondos hacia la vivienda asequible, España lo tendrá muy complicado para dar respuesta a las necesidades residenciales del país.

Fernández advirtió de que existe una preocupación generalizada por la regulación en España. “Nuestros socios también tienen reglas en otros mercados y lo asumen. Lo malo es que la regulación en España es cambiante e insegura”, señaló, subrayando que esta inseguridad normativa actúa como freno para el capital internacional.

Además, lamentó que las socimis se hayan convertido en un chivo expiatorio del problema habitacional: “Por alguna razón las socimis o los vehículos de inversión están muy penalizados por la crisis de vivienda que vivimos. Creo que debemos educar para entender las socimis”.

La directora general de ASVAL recordó que el gran problema del país es de escala. “El número de casas que necesitamos es grande, y en España no tenemos suficientes vehículos que puedan hacer frente a estas necesidades. Necesitamos vehículos disponibles, que estén regulados, sean transparentes y que tengan beneficios, claro”, explicó.

En Europa, apuntó, ya se están viendo movimientos para redirigir inversión hacia la vivienda asequible, un modelo que España debería aprovechar: “Hay un movimiento muy importante en Europa ahora, un objetivo para canalizar mucha inversión a la vivienda asequible, y se está consiguiendo. En España, si no somos capaces de atraer a este tipo de inversores, lo vamos a tener muy difícil”.

Laura Fernández también denunció la falta de respaldo por parte de algunas instituciones: “Tenemos falta de apoyo de algunas instituciones y está impactando”. Y alertó de que las modificaciones continuas en el régimen socimi minan la confianza de los inversores: “Muchas modificaciones en el régimen socimi, y esto impacta de manera negativa en el capital que quiere invertir en España a través de estos vehículos”.

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Entra en vigor el ITP del 20% para grandes tenedores en Cataluña, la estocada final a la vivienda asequible

Hoy entra en vigor un importante cambio fiscal en Cataluña que afecta a las compraventas de viviendas de más de 600.000 euros, a los grandes tenedores que lleven a cabo operaciones inmobiliarias y a la adquisición de edificios completos de viviendas, sin distinguir en este caso entre grandes o pequeños propietarios. Todos ellos se enfrentan a una subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Los cambios vienen recogidos en el Decreto ley 5/2025, que salió publicado en el Diario Oficial autonómico el 26 de marzo y que entró en vigor al día siguiente, pero que establecía un plazo de tres meses para la puesta en marcha de algunas medidas. El texto fue convalidado por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 7 de mayo.

Así, mientras el fin de la bonificación del 70% del ITP para las empresas inmobiliarias que revenden los inmuebles en un plazo de hasta tres años lleva activo desde entonces (lo que se conoce como ‘flipping’ en el mundo inmobiliario), este 27 de junio se hacen efectivos tanto la subida del gravamen para las transacciones de inmuebles de más de 600.000 euros como la imposición de un tipo de hasta el 20% para los grandes propietarios inmobiliarios, considerando como tales a aquellas personas físicas o jurídicas con más de 10 inmuebles de uso residencial o con una superficie construida superior a 1.500 m2 de uso residencial en Cataluña. O bien, al menos cinco inmuebles si estos se encuentran en una zona que haya sido declarada como mercado residencial tensionado. Actualmente, esta comunidad autónoma cuenta con 271 municipios catalogados oficialmente como zonas tensionadas.

Los cambios en el ITP en Cataluña

Como recuerdan desde la consultora Grant Thornton, “hasta ahora, existían dos tramos en función del valor del inmueble: un 10% para inmuebles con un valor inferior a 1 millón de euros y un 11% para valores superiores”, pero, “con la entrada en vigor de esta nueva normativa, se establece una tarifa progresiva que incrementa la tributación de manera proporcional al valor del inmueble. En consecuencia, las transmisiones tributarán al tipo medio resultante de aplicar esta tarifa, lo que supone un incremento relevante en los costes fiscales de aquellas operaciones cuyo valor supere los 600.000 euros”.

Así quedan los nuevos tipos del ITP en Cataluña a partir de este 27 de junio, recogidos en el artículo 5.1 del DL5/2025, que modifica el artículo 641-1 del Libro sexto del Código Tributario de Cataluña:

2025 | Nuevos tramos de ITP en Cataluña

Tramos aprobados por la Generalitat de Cataluña y convalidados por el Parlament

Tabla con 4 columnas y 4 filas. Ordenado de forma ascendente
0 0 600.000 10%
600.000 60.000 300.000 11%
900.000 93.000 600.000 12%
1.500.000 165.000 En adelante 13%

Por otro lado, el tipo impositivo aplicable escala al 20% a las transmisiones de bienes inmuebles de uso residencial cuando el comprador sea un gran tenedor, salvo en determinados supuestos excepcionales: cuando el adquirente sea un promotor social o una entidad sin ánimo de lucro o cuando el inmueble se destine a una finalidad social.

En el caso de operaciones basadas en la compra de un edificio residencial completo, el tipo aplicable también es un 20%, independientemente de que el adquiriente sea o no un gran tenedor, salvo para promotores sociales, entidades sin ánimo de lucro o adquisiciones con destino social. O bien, si se trata de personas físicas que adquieran un edificio con un máximo de 4 viviendas, siempre que las destinen a su vivienda habitual o la de sus familiares.

Además de estas subidas fiscales, el decreto incluye una modificación de la edad de los jóvenes que hasta ahora disfrutaban del tipo reducido del 5% en la adquisición de vivienda habitual, pasando de 32 a 35 años. A ello se añade la puesta en marcha de un tipo reducido del 5% en la adquisición de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista.

Desincentivo a la inversión y freno al desarrollo de oferta

Diferentes actores del sector inmobiliario, desde consultoras hasta despachos de abogados y asociaciones de propietarios, llevan meses alertando del impacto que puede tener este incremento fiscal para la inversión en el mercado residencial catalán, así como del peligro de que impida crear más oferta residencial, sobre todo asequible; y ello acabe presionando todavía más los precios de la vivienda en Cataluña.

“Nuestra valoración es clara: desde 2020, ASVAL lleva apostando por medidas incentivadoras que generen confianza y que permitan mantener los niveles de rentabilidad adecuada para propietarios. Esta rentabilidad, según los datos del propio MIVAU, ha caído casi un punto porcentual desde 2018 y sitúa al alquiler residencial de larga estancia como uno de los segmentos menos rentables dentro de los distintos ‘asset class’ inmobiliarios. En este entorno, la introducción de medidas altamente penalizadoras y complejas en su aplicación generan un impacto negativo en el propietario, agravando una situación preocupante de desaparición de la oferta existente”, explica a idealista/news Laura Fernández, general manager de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).

Por otro lado, Marta Martín, abogada de AM2 Legal, reconoce que “está todavía por ver qué pasará exactamente a partir de hoy”, aunque afirma que en los últimos meses se han cancelado varias operaciones inmobiliarias de gran envergadura en las que su despacho estaba trabajando.

“Esta medida es recaudatoria y confiscatoria, con escaso efecto real positivo en el mercado de la vivienda”, afirma la letrada, en alusión a las razones que esgrimió el Govern catalán cuando anunció los cambios normativos incluidos en el Decreto ley 5/2025. Según el equipo de gobierno regional, el objetivo es establecer una “fiscalidad más justa y más progresiva” para “corregir los desequilibrios que muchas veces genera el mercado», así como dar respuesta «a los retos sociales que tenemos delante», como atender la emergencia habitacional.

Para la abogada, sin embargo, la subida del ITP en Cataluña no solo es una medida con afán recaudatorio, sino que su planteamiento “ataca al que puede poner vivienda en alquiler en el mercado, en lugar de verle como la solución al problema. Cortedad de miras o populismo, podemos llamarlo como queramos”.

La visión de Carolina Pérez, directora de la oficina de Barcelona en Colliers, va en esa misma línea. “Desde nuestra experiencia como consultora especializada, podemos confirmar que la nueva medida ya ha tenido un impacto directo en el mercado, incluso antes de su entrada en vigor”. Y cita como ejemplo a las operaciones de compraventa de edificios completos, en las que han “cómo algunos potenciales compradores han optado por retirarse sin plantear siquiera una propuesta a la baja que compense este incremento, mientras que en otros casos se han intentado negociar ajustes en precio que no han sido aceptados por la parte vendedora o bien abren camino a una negociación con el fin de llegar a acuerdos, que perjudican a ambas partes”.

Con este escenario sobre la mesa, Pérez se muestra contundente: “Se trata de una medida estructural que introduce una alteración significativa en un mercado ya tensionado, y con claras señales de desaceleración. Es un nuevo escenario que ya se está materializando, dificultando aún más la viabilidad de las transacciones y elevando la percepción de riesgo entre los inversores”.

Desde la consultora CBRE, por su parte, ya alertaron hace semanas de que el nuevo panorama “desincentiva la compra de viviendas para rehabilitar y/o para destinarlas al mercado del alquiler”, lo que impedirá generar más oferta en un mercado que ya arrastra un elevado desequilibrio por la escasez de viviendas disponibles arrendar para satisfacer a la fuerte demanda actual.

Por su parte, Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, cree que la subida fiscal “no va a llevar a que el mercado de alquiler se incremente, si ese es el objetivo. Y, evidentemente, no fomenta la inversión, sino todo lo contrario”.

Cambios en la normativa a la vista y la petición del sector

A pesar de que el sector anticipa un impacto negativo para la inversión y la generación de nueva oferta de vivienda asequible, confía en que haya cambios a corto plazo que logren revertir la situación.

Actualmente se está tramitando un proyecto de ley en el Parlamento de Cataluña, que se espera que entre en fase de enmiendas de manera inminente, para corregir algunos aspectos del texto inicial.

Con la actualización “se pretenden aclarar algunas cuestiones que no han quedado claras de la norma, y que pueden aliviar un poco la situación, ya que ahora mismo hay hasta tres posibles interpretaciones distintas para la definición de gran tenedor según la norma (fiscal, retractos y controles de renta)”, afirma la general manager de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), quien considera que “es una buena noticia” que se esté intentando “corregir algunas de las cuestiones confusas de la norma”.

El proyecto de ley que se está tramitando también abre la posibilidad de introducir mejoras que vayan alineadas con el objetivo de la medida, que es fomentar la vivienda en alquiler.

Desde ASVAL están proponiendo ideas a los diferentes grupos políticos en este sentido y defienden ir un paso más allá. “Es fundamental que se incorporen incentivos específicos para fomentar el alquiler de larga duración, con reducciones de ITP para las transmisiones de viviendas que posteriormente vayan a destinarse al alquiler residencial (buy-to-let). Este tipo de bonificaciones ya existen en otras comunidades autónomas como Asturias. Por otro lado, tenemos uno de los parques de viviendas más envejecidos de Europa, con una tasa de renovaciones del 0,2% (muy lejos del 2-3% requerido por la Unión Europea) y con más de 9.4 millones de hogares con necesidades urgentes de rehabilitación. Por tanto, desde Asval hemos pedido recuperar la reducción del 70% del ITP en las compras de viviendas para su posterior reventa, siempre y cuando se realicen actuaciones de mejora energética. Estas medidas permitirían seguir movilizando vivienda vacía o en desuso, contribuyendo con ello a mejorar, en cantidad y en calidad, el número de viviendas disponibles en el mercado”, concluye Laura Fernández.

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Helena Beunza (Asval): “Hay que parar ya el discurso contra la propiedad y la inversión en vivienda”

La presidenta de Asval vaticina más subidas de precios, descarta un Pacto de Estado en vivienda y alerta de la inseguridad e incertidumbre en el sector. Y pide unos ayuntamientos fuertes y ágiles para implementar las políticas públicas en esta materia.

 

Helena Beunza (1973) lleva poco más de un año al frente de Asval, una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que nació en 2020 al calor del desarrollo del mercado del arrendamiento en España y cuyo objetivo es conseguir un sector profesional y transparente.

Valenciana de nacimiento y licenciada en Derecho, en la especialidad de Derecho Público, Beunza ha desempeñado diferentes cargos públicos relacionados con el mercado de la vivienda a lo largo de su trayectoria profesional. Fue directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana, vicepresidenta de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y también secretaria general de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, cuando se produjo su cese.

En esta entrevista con idealista/news, la presidenta de Asval alerta de la inseguridad e incertidumbre jurídica que se ha instalado en el mercado del alquiler y de que la tendencia es que los precios sigan subiendo. En su opinión, es necesario contar con los propietarios particulares y profesionales para que haya más oferta y evitar una ruptura del mercado a corto plazo. También pide acabar con lo que califica como «el discurso punitivo» contra la propiedad y la inversión en vivienda, y terminar con la búsqueda de un culpable a la actual crisis habitacional que arrastra España. Beunza descarta que haya un Pacto de Estado en vivienda como reclama el sector y cree que sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles no se podrán implementar las políticas públicas de vivienda.

¿Qué hace exactamente Asval?

Asval es una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que trabaja y defiende la existencia de un sector de alquiler profesional, transparente y claramente determinado y fijado en el interés tanto de los inquilinos como de los propios propietarios. Trabajamos porque este mercado de alquiler funcione adecuadamente y vaya creciendo desde un punto de vista profesional, que es lo que necesita este país.

¿Cómo y cuándo surgió Asval?

Asval nació en el año 2020, cuando realmente se empezó ya a notar el desarrollo de la vivienda en alquiler en España. Como bien sabéis, el alquiler es un régimen de tenencia que, si bien tuvo una importancia fundamental en los años 40 del siglo pasado, debido a las políticas del régimen franquista fue perdiendo fuerza y posteriormente empezó a recuperar su papel durante los años 2010-2011, cuando los planes estatales de vivienda giraron y empezaron a fomentar la vivienda en alquiler y la rehabilitación. Fue el gran punto de inflexión en nuestro país, porque en ese momento eran los planes de vivienda los que marcaban las líneas de actuación.

Cuando esto empieza a cristalizar en un incremento del porcentaje de españoles que vivimos en alquiler, obviamente empiezan a aparecer las asociaciones tanto de propietarios como por supuesto también las asociaciones de inquilinos. Vinieron las dos de la mano del desarrollo del mercado de alquiler en España.

Recientemente has cumplido un año al frente de Asval. ¿Cómo ha sido este este periodo?

Pues ha sido un año apasionante porque, además, ha coincidido con importantísimos cambios en materia de vivienda. Y, por lo tanto, ha sido una actividad constante que además se ha incrementado en nuestro caso con el trabajo interno de la asociación. La asociación estaba constituida y tenía una base importante de asociados, pero es cierto que hemos trabajado mucho la democratización interna de la asociación y un nuevo modelo de gobernanza en el que haya más participación de todos los asociados. Como consecuencia, hemos creado grupos de trabajo y hemos establecido nuevas propuestas de valor tanto para nuestros asociados particulares como para nuestros asociados institucionales. Esto ha supuesto un trabajo muy intenso, pero muy satisfactorio.

¿En qué consisten estos grupos de trabajo?

Hemos creado seis grupos de trabajo en las principales áreas donde hay algo que decir en este momento. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo de ‘build to rent’, tenemos otro grupo de trabajo de temas regulatorios y también tenemos otro grupo de trabajo de rehabilitación, porque Asval también ha iniciado una línea de trabajo muy importante en rehabilitación.

Lo que nos permiten los grupos de trabajo es que nuestros asociados pueden formar parte de ellos y que se intercambien información y criterios. También se trabajan los documentos que luego presentamos ante las Administraciones, lo cual nos asegura que son documentos bien trabajados y que, además, han sido generados desde un punto de vista participativo de toda la asociación.

¿Cuántos asociados tiene Asval? ¿Cuál es su perfil? 

Aproximadamente tenemos unos 6.000 asociados, de los cuales el 95% son personas físicas; es decir, propietarios particulares.

¿Cómo ves actualmente el mercado de la vivienda en España? En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas?

En Asval estamos preocupados por la situación actual del mercado de la vivienda en España y fundamentalmente por la situación del mercado del alquiler. Existe una tensión muy importante entre la oferta y la demanda que va acrecentándose. Y no estamos siendo capaces de revertir esta situación.

Y, además, las cifras y las proyecciones demográficas que nos da tanto el INE como otros estudios solo nos llevan hacia una conclusión y es que esta tensión va a seguir acrecentándose, sobre todo en el segmento del alquiler asequible. Y es este segmento del alquiler asequible el que el que hay que conseguir impulsar en nuestro país y, desde luego, a través de la adopción de medidas diferentes a las que se están adoptando hasta ahora.

De las medidas que se están adoptando actualmente, ¿cuáles crees que van mejor encaminadas? 

Hay medidas positivas que se están adoptando en el momento y son todas aquellas que van destinadas al incremento de la oferta y a la atracción de la inversión necesaria para incrementar esa oferta.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha tenido iniciativas muy interesantes y que además han sido exitosas. Creo que se está haciendo un trabajo muy importante en el Instituto de Crédito Oficial y hay que reconocerlo.

También son importantes las medidas de movilización del suelo público, los concursos de derechos de superficie o concesiones. Es cierto que todavía queda mucho que trabajar en estos concursos porque sabemos que algunos de ellos están quedando desiertos, pero esta también es una línea de trabajo de Asval.

Como asociación, nos estamos reuniendo con las diferentes asociaciones del sector público para ir trabajando y para ir consiguiendo pliegos que satisfagan el interés general, por supuesto, pero que también sean pliegos que no se queden desiertos. Piensa que cada pliego desierto, para aquellos que conocemos la Administración, sabemos que es un año de trabajo de muchísimos funcionarios, que además es un bien escaso hoy en día en la administración y una frustración para los políticos que tuvieron la voluntad y la valentía de desarrollar este proceso. No nos lo podemos permitir. Hay que trabajar este campo y eso no nos debe hacer abandonar la voluntad de crecer en el alquiler asequible a través del suelo público. Debemos de seguir trabajando en ello, pero estas iniciativas también son muy positivas.

¿Cuáles no son positivas? 

Las que no son tan positivas son aquellas en las que se están estableciendo índices de precios de alquiler que no responden a la realidad, que no son índices de mercado; y las limitaciones o malos usos de la figura del control de precios, cuyas consecuencias se están viendo ya y solo van a acrecentar la situación de falta de vivienda en alquiler existente.

Un ejemplo lo tenemos en Cataluña, donde recientemente hemos conocido el balance del primer año de los topes de precios. El Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se han congratulado de que hay más contratos y están cayendo los precios, pero el sentir general del mercado es el contrario. ¿Cómo lo valoráis en Asval?

La valoración que hacemos en Asval del primer año de vigencia del control de precios en Cataluña no es positiva. Pero, antes de hablar de ello, déjame que te traslade mi máxima preocupación por lo que se está llamando ya la guerra de cifras. Estamos entrando en una situación que no ayuda nada a la tranquilidad del sector ni ayuda nada a la despolarización. Esta guerra de cifras solo está consiguiendo polarizarnos todavía más.

«Me preocupa la guerra de cifras. Estamos entrando en una situación que no ayuda nada a la tranquilidad del sector»

Yo entiendo que en algunos casos uno necesita cifras para legitimar su relato, pero lo que no se puede es torcer las cifras. Realmente creo que ahí hay una línea roja que hemos cruzado y hay que explicarlo. Hay que decirlo.

En España tenemos un problema de transparencia con las cifras en el sector inmobiliario y esto lo vengo diciendo desde 2018. No hemos conseguido generar mayor transparencia en el sector inmobiliario. Desde 2018 ya podríamos haber conseguido algo, pero es que el paso siguiente ha sido torcer determinadas cifras y eso no puede ser.

Un ejemplo es el porcentaje de personas que viven en alquiler por debajo del precio de mercado. Todos sabemos que en España esa cifra no es la que se refiere a personas que viven en un alquiler asequible porque las políticas públicas han desarrollado ese mercado de alquiler asequible. Básicamente porque en estos años no se ha hecho vivienda pública y no se ha puesto vivienda de alquiler privada en el mercado por parte de los inversores institucionales.

«En España tenemos un problema de transparencia con las cifras en el sector inmobiliario»

Toda la vivienda en alquiler que se ha puesto en el mercado durante los últimos años ha sido gracias a los propietarios particulares. Y esto no lo digo yo, no lo dice Asval, esto lo dice el Banco de España y hay que reconocer al propietario particular, el importante papel que está teniendo para poder dar solución habitacional a muchas personas que están buscando un alquiler.

¿Hay que ayudar más a los pequeños propietarios?

Hay que apoyar a este propietario particular porque toda oferta que venga de nueva construcción va a tardar años y, por lo tanto, mientras conseguimos alcanzar ese nuevo incremento de viviendas, necesitamos contar con el propietario particular y necesitamos que mantengan sus viviendas en alquiler. Y necesitamos a aquellos que retiraron sus viviendas en determinado momento por esta crisis que hay de creencia en las instituciones públicas. Tenemos que recuperar su confianza y esto va a ser fundamental para que a corto plazo no haya una ruptura absoluta del mercado del alquiler.

Volvamos al caso de Cataluña…

Respecto a Cataluña, es cierto que la oferta ha descendido y también es cierto que se habla de que existen más viviendas en alquiler que hace un año, pero hay que contextualizar todas las cifras. El problema en España es que el mercado en alquiler está en vías de desarrollo y, por lo tanto, cada año existe un incremento muy importante de las personas que viven en alquiler. Pero estamos reduciendo la oferta y necesitamos que esa oferta de viviendas en alquiler crezca mucho más rápido de lo que está creciendo. Y este dato sí que es incontestable.

A esto se añade la sensación que nos trasladan nuestros asociados que están en Cataluña. En Asval no solo tenemos propietarios, sino que tenemos también asociados que participan a lo largo de todo el proceso de la generación de una vivienda en alquiler. Gente que gestiona suelo, entidades que hacen ‘build to rent’, patrimonialistas y por supuesto gestores del alquiler. Y, cuando hablas con estos gestores del alquiler, te trasladan su preocupación por el hecho de que cuando se pone una vivienda en alquiler, el número de llamadas y de solicitantes que hay por esas viviendas ha incrementado exponencialmente. Creo que ya estamos en alrededor de 280.

¿Qué sucede? Sucede que si tú tienes 280 personas que quieren alquilar tu vivienda, no hay ninguna manera de asegurar que esa vivienda la alquile el que tiene mayor necesidad. Seguramente no será el que tiene la mayor necesidad, sino que será el que le dé mayor seguridad al propietario dentro de un escenario en el que el propietario sabe que si esa persona deja de pagar le va a costar un año y medio recuperar su vivienda. Es en este escenario en el que es fundamental incrementar la oferta de viviendas en alquiler y que haya un impulso por el sector público, pero que además se fomente que el particular mantenga sus viviendas en el mercado de alquiler.

¿Qué medidas habría que tomar para que haya más viviendas de alquiler y más inversión? 

Hay una primera que es fundamental y es el parar ya el discurso punitivo contra la propiedad y contra la inversión en materia de vivienda. Esto es tirarse piedras contra su propio tejado.

Tan solo lo puedo entender en un escenario en el que uno necesita que haya un malvado en la película. Y primero fueron los mal llamados fondos buitre, luego fueron las socimis, pero es que ahora ya son los rentistas. Esta búsqueda continua de encontrar el malo de la película de manera además equivocada y de generar confrontación que solo la puedo entender desde el punto de vista de buscar un rédito político, porque no existe ninguna otra razón para ello. Es lo que se tiene que cortar de raíz.

«Esta búsqueda continua de encontrar el malo de la película se tiene que cortar de raíz»

Y entiendo que hay determinados partidos que esto está dentro de su ADN, pero hay otros partidos que están en el Gobierno que no deberían de asumir este discurso ni deberían de asumir ya por la propia responsabilidad política que tienen, ni deberían de asumir esta confrontación entre propietario y arrendatario. Todo lo que sea continuar polarizando nuestra sociedad ya sabemos dónde acaba y es un sitio muy peligroso que a nadie le gusta. Y creo que todos deberíamos de tener un poquito de responsabilidad frente a estos discursos.

¿Crees que realmente hay inseguridad e incertidumbre jurídica en España? 

Sí, existe falta de seguridad jurídica y existe incertidumbre en nuestro país para todos, incluso para el inversor extranjero, al que ya se le ha dicho además que no quieren que venga. Yo no iría a un país en el que se me dice que no se me quiere.

Hace falta seguridad jurídica porque se han complicado tanto y se han enfangado tanto los temas legales de alquiler que hoy en día un particular es absolutamente incapaz de poner por sus propios medios una vivienda en alquiler y gestionarla, que era algo que había pasado siempre en nuestro país. Necesitas un asesoramiento porque los contratos se han complicado muchísimo y las incidencias que te pueden pasar también se han complicado muchísimo.

Por otro lado, la sensación de inseguridad jurídica es algo que nos trasladan continuamente nuestros asociados. Nosotros hacemos una encuesta anual sobre cuáles son los principales problemas que tienen y sus inquietudes. Y el primer problema y la primera inquietud de nuestros asociados es la inseguridad jurídica y el riesgo de falta de pago y de inquiokupación. Nos lo han dicho nuestros asociados de una manera clara y directa.

«Existe falta de seguridad jurídica y existe incertidumbre en nuestro país»

Al hilo de lo que comentas, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios a colectivos vulnerables. ¿Cómo valoráis esta nueva ampliación del plazo?

La prórroga de los desahucios la valoramos desde el punto de vista objetivo, como no puede ser valorada de otra manera. Esto es una situación que se creó dentro de un marco de excepcionalidad. La excepcionalidad ya no existe, así que por pura lógica deberían decaer esas medidas que tuvieron su sentido en un momento determinado, al igual que los límites a los incrementos interanuales de los alquileres del 2% y el 3%. Y aquí quiero poner en valor la reacción y la actitud de los propietarios en este país.

Los propietarios han asumido sin ningún tipo de problema esas limitaciones al incremento, porque se entendió que estábamos en una situación compleja para la sociedad, mientras que no están funcionando los mecanismos legales en caso de falta de pago y no están funcionando los mecanismos públicos que deberían de ponerse en marcha cuando se detecta esta situación.

¿Qué tipo de mecanismos en concreto son los que crees que están fallando?

Los mecanismos que yo considero que están fallando es la previsión que se hizo de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento para desarrollar las medidas para detectar a las familias vulnerables.

Siempre que se establece una medida que implica mayor trabajo en la Administración y, no viene acompañada de recursos públicos, esa medida está abocada al fracaso. Y esto es lo que ha pasado con la intervención de los servicios sociales, que es el primer paso. Los servicios sociales no están diciendo si esa familia es vulnerable y, por lo tanto, el tema se va alargando, alargando y alargando.

Pero luego, en caso de que consigas una declaración de vulnerabilidad, la Administración no está activando sus mecanismos. Quien está obligado a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para proveer de vivienda a las familias vulnerables es la Administración pública, no lo olvidemos. No es el sector privado.

Y aquí entra en juego otra cifra que es la de la inversión pública en vivienda, que es una cifra del Ministerio de Vivienda.

La inversión pública en España está en 34 euros por habitante, mientras que la inversión pública de la media europea está en 160 euros por habitante y en países como Irlanda, que son países que aplicaron el control de precios y se están planteando ya dejar de aplicarlo porque han visto las consecuencias negativas, cuentan con más de 300 euros de inversión por habitante.

Es decir, en un país en el que la inversión pública en vivienda es 34 euros por habitante, lo primero que hay que solucionar es esa cifra. Y lo segundo que hay que solucionar es el hecho de que el parque público de viviendas en España es el 1,7% de las viviendas del país. Otra cifra también dada por el Ministerio.

El parque público es 1,7% y en países como por ejemplo Francia o Alemania están en una media muy diferente a la nuestra. De manera que creo que uno tiene que ser humilde y reconocer lo que lo diferencia los países de su entorno e intentar en primer lugar solucionar esos temas. Porque además en España sí que tuvimos mayor inversión pública en vivienda. En el año 2011-2012 se consiguió incrementar considerablemente la partida de gasto en vivienda, pero luego fue descendiendo y nunca ya se ha recuperado. Eso es para mí un dato fundamental, junto con el del porcentaje de vivienda pública de 1,7%.

En los últimos años se está hablando de una inversión récord en vivienda, pero es gracias a los fondos europeos Next Generation…

Claro, son los fondos Next Generation. Cuando hablamos de los fondos europeos y están los fondos FEDER, que son estructurales y luego hay fondos coyunturales como los Next Generation. Y a nadie se le ocurre cuando habla de su gasto público en una partida meter partidas que son completamente coyunturales y que responden a un momento concreto. Es muy poco serio.

¿Qué es más importante, topar los precios de los alquileres o aumentar la oferta?

Desde luego, aumentar la oferta. Puedo entender que en algún momento puntual en el tiempo y en el espacio sea necesario hacer alguna actuación que sea restrictiva. Lo puedo entender perfectamente porque siempre lo he dicho, el mercado de la vivienda es un mercado regulado desde su inicio. No podemos pretender ir a un mercado completamente liberalizado porque nunca ha sido así, ni en nuestro país ni en los países de nuestro entorno. Y, además, es cierto que la vivienda es fundamental para que las personas puedan desarrollar su modo de vida. Eso no lo podemos olvidar, pero incrementar la oferta es absolutamente necesario. Y no ya solo y no ya en nuestro país, sino en el resto de países europeos.

Recientemente, el comisario de vivienda Dan Jørgensen hablaba en su comparecencia ante el Parlamento Europeo de cuestiones muy claras. Cuestiones como la necesidad de impulsar la inversión extranjera, la necesidad de contar con las asociaciones de propietarios para la definición de las políticas, la necesidad de contar con la administración municipal y de reforzar la administración municipal para que intervenga directamente en la provisión de vivienda…

«No podemos pretender ir a un mercado completamente liberalizado, pero incrementar la oferta es absolutamente necesario»

Todas esas medidas yo las entiendo perfectamente y las respaldo y creo que debemos de ir hacia allí. Debemos de ir hacia las medidas que se están planteando a nivel de Unión Europea, porque además si viene el famoso Plan de Vivienda europeo nos tendremos que adaptar a líneas de actuación que marquen desde la Comisión Europea y creo que ese es el camino. Y ahí podremos debatir también un tema que es esencial, que es el de la fiscalidad de la vivienda en alquiler.

¿En qué incidirías concretamente?

Incidiría en muchísimas cosas, pero sobre todo incidiría en el IVA, que además es una cuestión a tratar a nivel europeo. Pero si conseguimos modular ese IVA a lo largo de todo el proceso de producción de la vivienda en alquiler, nos encontraremos con una situación muchísimo más positiva para la generación de ese parque de vivienda de alquiler asequible, aunque por supuesto tiene que venir acompañado de otras medidas, como por ejemplo la flexibilización de los trámites burocráticos, el impulso definitivo para la generación de suelo y para la promoción de vivienda en alquiler, etcétera, etcétera.

El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de avales para para propietarios e inquilinos. Aunque todavía tienen que desarrollarse los detalles, ¿puede ser una medida positiva?

Es difícil pronunciarse sobre una medida cuando no se conocen los datos. En principio me parece positiva. La idea es positiva. Sin embargo, si se articula a través de mecanismos que no reflejan la realidad del mercado, nunca va a ser implementada. Y me explico.

Si se establece alrededor del índice de referencia de precios de alquiler, va a ser muy difícil que se implemente. ¿Por qué? Porque no es un índice de mercado, como lo dice también el Banco de España. Es un índice que si quieres lo puedes llamar un índice de asequibilidad, pero no es en ningún caso un índice de mercado.

Siempre que quieres fomentar determinada actuación de los particulares puedes exigir una cierta reducción de precios. Pero respecto del índice de mercado, no puedes actuar sobre valores que no son los que hoy en día se están dando.

Y luego la otra cuestión es analizar cómo va a funcionar ese aval, si va a funcionar automáticamente en el primer momento de impago o si realmente vas a tener que esperar un año/un año y pico para que funcione. Y en ese caso tampoco va a funcionar, porque, como ya sabemos, la gran mayoría de propietarios que tienen viviendas en alquiler son pequeños propietarios con una o dos viviendas que no se pueden permitir el lujo de esperar un año o un año y pico para cobrar el aval en caso de impago del inquilino. Las grandes corporaciones sí, ellas seguramente se lo podrán permitir, pero el pequeño propietario no.

«La gran mayoría de propietarios no se puede permitir el lujo de esperar un año para cobrar el aval»

En los foros de vivienda se habla mucho de la necesidad de llegar a un Pacto de Estado en vivienda. ¿Lo ves factible?

Ya en 2018 hablaba yo de un pacto de Estado y estamos en 2025 y creo que debemos de ser realistas. No va a haber un Pacto de Estado en vivienda porque alguien ha decidido que sea el ‘pimpampum’ político de los próximos años. Y cuando los votos de determinada formación política dependen de que, de que siga existiendo este problema, no va a haber ninguna voluntad de acercamiento. No tengo ninguna duda.

«Debemos de ser realistas. No va a haber un Pacto de Estado en vivienda»

En varios puntos de la entrevista has mencionado 2018, año en el que eras secretaria general de Vivienda del Gobierno. ¿Tuviste entonces algún tipo de acercamiento con la oposición o fue algo que se quedó en el aire?

Yo hablaba con todo el mundo. Las conversaciones se tenían con todos. Era un momento completamente diferente en el que la situación no estaba ni tan crítica como ahora, ni el debate tan polarizado. En algún momento pensé que sería posible llegar a un acuerdo, pero rápidamente vi que no. Me di cuenta de que esto iba a ser utilizado por determinadas fuerzas políticas para su interés particular y no para defender el interés general.

¿De qué medidas estás más orgullosa durante tu etapa en el Ministerio? 

De la medida que más orgullosa estoy es de la movilización del suelo público del Estado para conseguir el alquiler asequible. Fue en ese momento cuando empezamos a trabajar con SEPES para analizar qué suelo residencial tenían en su cartera y para dotar a SEPES de los medios necesarios para su urbanización y puesta en el mercado. Es un camino que ha continuado y que además han empezado a desarrollar municipios y comunidades autónomas. Por tanto, estoy muy orgullosa de esa línea de trabajo.

¿Qué aplicas en tu día a día de aquella época?

En mi día a día aplico cosas que vienen de mis diferentes experiencias en mi trayectoria. He estado en el sector público y en el sector privado en numerosas ocasiones.

Soy funcionaria de carrera y en el sector público he estado a nivel municipal durante muchos años. A nivel autonómico fui la directora general del EVHA, que es la empresa pública de la Generalitat Valenciana de Gestión de Vivienda y Suelo. En esa época fui también la vicepresidenta de AVS, que es la Asociación Española de Empresas Públicas de Vivienda y Suelo, y luego ya estuve en el Ministerio, de manera que mi trayectoria viene marcada por el acumulativo de todas esas experiencias en el sector público.

En España es fundamental saber cómo funcionan tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Obviamente es fundamental en materia de vivienda, porque además los fondos públicos vienen de la Administración central, pero al final quienes los gestionan y quienes implementan las políticas son las comunidades autónomas y las entidades locales. Por lo tanto, hay que conocer profundamente estas administraciones también para saber si una medida u otra es factible o se va a quedar en el cajón.

Precisamente muchas voces del sector inmobiliario ponen el foco en los ayuntamientos y en su lentitud, porque al final son quienes dan el visto bueno para movilizar suelos. ¿Estás de acuerdo? 

Los ayuntamientos son fundamentales. Yo soy muy municipalista y además creo que están llenos de grandes profesionales y grandes políticos que se preocupan muchísimo por sus ciudadanos.

Creo que la administración local ha sido la gran vapuleada en este país desde el año 2013 y que necesitamos recuperarla, necesitamos dotarla de financiación adecuada y necesitamos dotarla de recursos humanos para la implementación de estas políticas. Hemos de ser conscientes de que sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles nunca podremos implementar las políticas de vivienda. Esta reivindicación de la administración municipal creo que en España es una asignatura pendiente.

«Sin unos ayuntamientos fuertes y ágiles nunca podremos implementar las políticas de vivienda»

¿Seguiremos viendo subidas de precios de la vivienda y el alquiler? 

Nos abocamos a un escenario de precios al alza y, lo que más me preocupa, nos abocamos a un escenario de personas viviendo en condiciones que no son las adecuadas.

Vosotros mismos en idealista lo habéis detectado también. Hay un incremento del alquiler de habitaciones y una familia no debe de vivir en una habitación. En España vamos a recibir en los próximos años a un alto número de inmigrantes, que además son necesarios en nuestro país para mantener el crecimiento económico que tenemos, y debemos ser capaces de encontrar una solución habitacional no solo para nuestros jóvenes, que son muy importantes, sino también para todas esas personas que van a venir a nuestro país y que tenemos la obligación de acogerlos con dignidad. Y ese es un tema que me preocupa mucho. No pueden vivir en habitaciones ni pueden vivir en condiciones de salubridad que no son las adecuadas. Déjame que me remita otra vez al comisario Jørgensen, que ha dicho que es necesario conseguir viviendas no solo asequibles, sino también dignas. Y también lo dice nuestra Constitución.

«Nos abocamos a un escenario de precios al alza y de personas viviendo en condiciones que no son adecuadas»

Otra de las consecuencias del control de precios, que además está plenamente estudiado y se han visto las consecuencias claras, es la falta de incentivación a la rehabilitación de los inmuebles. En nuestro país tenemos un gran reto. Por un lado, está el reto de la asequibilidad, pero por otro lado está el reto de la rehabilitación y estas medidas desde luego no ayudan a que sigamos rehabilitando nuestro parque de viviendas.

«En nuestro país tenemos el reto de la asequibilidad y de la rehabilitación»

Sobre la rehabilitación de viviendas y edificios, se habla mucho de que no terminan de despegar los fondos europeos. No sé vuestros asociados también tienen esa percepción…

Respecto al tema de rehabilitación, es cierto que no estamos alcanzando los objetivos que nos habíamos propuesto y que tenemos que dar un nuevo pensamiento a estas cuestiones. Esto viene acompañado también de otra reclamación clásica del sector que es la agilización de los trámites burocráticos, que han impedido que funcionen con la agilidad necesaria las ayudas a la rehabilitación.

Por otro lado, reivindicamos la existencia de medidas específicas para la rehabilitación de las viviendas en alquiler. Y esto también es un tema que está estudiando la Comisión Europea. Los propietarios de vivienda en alquiler necesitan tener el fomento necesario para poder impulsar esa rehabilitación de sus viviendas, sin por ello subir el precio del alquiler, que es la situación deseable. Y esta es una línea que no se ha trabajado lo suficientemente y que esperamos entablar en breve una conversación fluida con el Ministerio.

¿Qué medidas serían las primeras que tomarías si volvieras a tener un cargo en el Ministerio de Vivienda?

Bueno, cuando una es secretaria general de Vivienda de lo primero que se da cuenta es de que de lo que pensaba que podía hacer va a poder hacer un 40%, porque lo demás depende de otros ministerios, como Hacienda.

De manera que, si tuviese la facultad de que otros ministerios actuaran según mis indicaciones, lo primero que haría sería reformar el régimen fiscal. No tendría ninguna duda. Lo cual también necesitaría, por cierto, un pacto en el Congreso que hoy en día sería imposible. Así que, si hablo de medidas posibles con el escenario actual, me centraría en trabajar en un Plan Estatal de Vivienda serio y que fomentara realmente el alquiler y la rehabilitación. Y no tendría ninguna duda en trabajar internamente dentro del Gobierno para conseguir el incremento presupuestario que se merece un Ministerio de Vivienda.

«Lo primero que haría sería reformar el régimen fiscal y trabajar en un Plan de Vivienda serio»

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ASVAL aboga por el desarrollo del parque de vivienda asequible

En el contexto de un mercado inmobiliario caracterizado por su complejidad y diversidad, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE España), ha señalado que el mayor riesgo para el sector es la ignorancia a la hora de legislar y proyectar políticas públicas de vivienda. Durante la segunda edición del ‘Real Estate Financing Forum’, Vilajoana insistió en que el mercado de la vivienda en España es heterogéneo y las soluciones deben adaptarse a las realidades específicas de cada territorio.

Vilajoana subrayó la importancia de consultar al sector privado antes de tomar decisiones legislativas. «Cuando uno legisla sin preguntar al sector privado, tiende a equivocarse», afirmó. Esta falta de entendimiento y la tendencia a la «prueba y error» en la legislación actual podrían tener consecuencias adversas para un mercado que ya se encuentra en una situación de desajuste entre oferta y demanda.

Helena Beunza, presidenta de Asval, coincidió en el diagnóstico de Vilajoana y añadió que España enfrenta un déficit de vivienda acumulado que afecta a todas las capas de la sociedad. «Estamos en una situación donde la problemática de la vivienda va más allá de las capas más vulnerables», señaló. Beunza enfatizó la necesidad de abordar el problema desde diversas vertientes, incluyendo el desarrollo del suelo y la creación de un parque de alquiler asequible.

Desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Santiago Novoa ofreció datos esperanzadores sobre las tendencias de inversión. «En apenas siete meses, ICO ha financiado más operaciones en vivienda asequible que en los 30 años anteriores», destacó. Sin embargo, señaló que las entidades bancarias han mostrado cierto reticencia al acceder a estas líneas de financiación, indicando que aún necesitan tiempo para adaptarse y actuar.

El tema del alquiler asequible también ocupó un lugar central en la discusión. Beunza señaló que, aunque España es un país de propietarios, el alquiler está cobrando protagonismo. No obstante, las medidas de limitación de precios implementadas, particularmente en Cataluña, se han traducido una disminución de la oferta y podrían llevar a un aumento de precios a largo plazo.

Vilajoana también puso de relieve que el mercado de alquiler en España no está adecuadamente dimensionado y que se confunde frecuentemente la vivienda pública con la de protección. «La vivienda protegida no es pública; es construida por privados», precisó. Además, criticó los altos costes impositivos, como el IVA aplicado al modelo Build to Rent (BTR), afirmando que encarecen la vivienda asequible en un 20% solo por este concepto.

Por último, los participantes hicieron un llamado a fortalecer la seguridad jurídica en la propiedad y a mejorar la agilidad administrativa. La falta de suelo adecuadamente gestionado y la complejidad de los trámites legales fueron identificadas como grandes barreras para el desarrollo inmobiliario.

Con un panorama que demanda tanto claridad como innovación, las voces del sector instan a una colaboración más estrecha entre el sector público y privado.

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El mercado teme que vuelva la suspensión de los desahucios y alerta del clima de inseguridad

Diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimintos, tras el no del Congreso.

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago del alquiler a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024, dentro del Real Decreto-Ley 9/2024.

La primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de este año salió adelante gracias a los votos de PP, Vox y Junts, y dejó sin efecto la paralización de los desahucios por alquiler prevista hasta el 31 de diciembre de 2015 con efectos inmediatos, así como la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte público o la ampliación de las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar la eficiencia energética.

Sin embargo, los expertos jurídicos y en arrendamientos no descartan que el Ejecutivo vuelva a plantear muchas de esas medidas y que puedan salir adelante en la Cámara Baja si se votan de forma individual.

Desde PP y Junts ya han anunciado que votarán a favor de la subida de las pensiones y las bonificaciones al transporte si llegan al Parlamento como iniciativas individuales, en vez de dentro del bautizado decreto ‘ómnibus’ que mezclaba muchas y muy diferentes propuestas.

De momento, la oposición no se ha pronunciado sobre las medidas incluidas en el escudo social que el Gobierno aprobó para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, entre las que se encuentran la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de colectivos vulnerables y la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares con menos recursos.Sin embargo, Podemos sí ha reclamado la aprobación de un decreto urgente para mantener las medidas sociales, a las que cataloga como “imprescindibles” en aras de evitar el «altísimo daño» que provocan a la ciudadanía.

Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press porque el Gobierno lleve «si puede ser» esta semana al Consejo de Ministros el mismo real decreto ‘ómnibus’ que decayó el pasado miércoles. Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado contraria a llevar el decreto ‘ómnibus’ por trozos al Congreso de los Diputados, como algunas formaciones políticas han pedido al Gobierno para asegurar que algunas medidas salgan adelante. Y fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) confiesan a idealista/news que no se puede descartar que vuelva a plantearse tal iniciativa. Una posibilidad que ya está valorando el sector inmobiliario y jurídico.

Arantxa Goenaga, socia y abogada del despacho AF Legis, cree que “el Gobierno querrá volver a legislar esa prórroga», aunque valora de forma positiva la derogación del decreto ómnibus, al considerar que “los propietarios vuelven a tener sus derechos y si hay una sentencia o un procedimiento judicial tiene que continuarse y finalizar porque es la tutela judicial efectiva». Por eso, adelanta, «vamos a solicitar la reanudación de todos estos procedimientos”.

Esta posibilidad la contempla igualmente Marta Martín, abogada de  AM2 Legal, quien confiesa que su sensación, «como la de muchos otros, es que el Gobierno volverá a intentar suspender los desahucios, porque es la manera fácil y barata de proveer de vivienda a las familias vulnerables, ya que quien pone el escudo social son los propietarios y no la Administración».

Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario de referencia en Barcelona, también ve factible que próximamente se vuelva a plantear la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago del alquiler para colectivos vulnerables. “Desde mi punto de vista, no me cabe duda de que el Gobierno de Pedro Sánchez peleará todo lo que sea posible por aprobar nuevamente estas medidas”.

Según Unsain, “las medidas sobre la vivienda son la bandera de la legislatura del PSOE” y además está condicionado tanto por su socio de Gobierno (Sumar) como por Esquerra Republicana, un apoyo habitual en la legislatura, “quienes están totalmente comprometidos con el tema de la okupación y van a seguir presionando todo lo que puedan para conseguir que se apruebe por otras vías legales y burocráticas que ampara la ley”. No obstante, añade el experto inmobiliario, “la aritmética parlamentaria juega un papel crucial, y la posición de Junts (que votó en contra la semana pasada) será determinante para el futuro de estas iniciativas”.

En esa misma línea, José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), cree que “el proceso aún no ha concluido” y teme que próximamente se vuelvan “a presentar las medidas no convalidadas hasta que finalmente sean aprobadas”.

Y alerta de que, si así fuera, aumentaría la incertidumbre en el mercado del alquiler. “Independientemente de la postura frente al contenido de las medidas, considero que este tipo de acciones transmiten, especialmente a los arrendadores e inversores en vivienda, un mensaje de inseguridad”, afirma Zurdo, para añadir que “esta situación genera un escenario anómalo, en el que, durante breves periodos, dejan de estar suspendidos los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables, para posteriormente volver a reimplantarse dichas suspensiones”.

El abogado recuerda que este fenómeno no es nuevo. “Ya ocurrió en 2018 con el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, que introdujo modificaciones en los arrendamientos, como aumentar su duración de tres a cinco años. Sin embargo, el 22 de enero de 2019, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados no convalidó dicho decreto, lo que provocó que, desde el 24 de enero de 2019, la duración de los arrendamientos regresara nuevamente a tres años. Más tarde, con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuya entrada en vigor se estableció para el 6 de marzo de 2019, volvió a fijarse la duración de los contratos en cinco años”, sostiene.

Para el CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, este tipo de cambios “desincentivan a los arrendadores e inversores del mercado de alquiler de viviendas, llevándolos hacia otros mercados o modalidades de alquiler menos intervenidos. Como consecuencia, se reduce la oferta, lo que impide que las rentas del alquiler disminuyan”.

Además de afectar a los generadores de oferta, Zurdo también cree que tiene un impacto negativo para los profesionales del derecho, “quienes se ven obligados a mantenerse atentos a estos constantes cambios normativos para garantizar la correcta aplicación de las leyes”.

Montserrat Junyent, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), la patronal inmobiliaria, hace esa misma lectura, y añade que “el peor escenario para un abogado es la inseguridad jurídica que se deriva de este tipo de situaciones”. En su opinión, “es probable que se vuelvan a aprobar medidas de este tipo” y alerta de que “el exceso de actividad legislativa en materia arrendaticia propicia también esa inseguridad”.

Respecto a la inseguridad jurídica, la abogada de AM2 Legal subraya que «este desbarajuste legislativo no ha hecho sino agravar la situación del mercado del alquiler en España». Y recuerda que «en Cataluña llevamos padeciéndolo desde 2015. Cuantas más leyes restrictivas de la propiedad privada se dictan, más difícil es acceder a una vivienda para familias con escasos recursos».

Como insiste Marta Martín, «España es un país de pequeños propietarios y estos necesitan seguridad jurídica para seguir arrendando. Los propietarios necesitan confiar en que, si sus arrendatarios dejan de pagar la renta, podrán recuperar sus viviendas en un plazo razonable. Son dos derechos constitucionales, el de la propiedad privada y el de la tutela judicial efectiva; y deben ser respetados».

En su opinión, el clima de incertidumbre también está afectando a las personas jurídicas (empresas), y pone como ejemplo que muchas «han dejado de promover vivienda en alquiler porque se encuentran maniatadas ante una ocupación o un impago. En Cataluña, los propietarios de más de 15 inmuebles (personas físicas) o más de 10 (personas jurídicas) no sólo no pueden echar al arrendatario moroso, sino que han de proporcionarle un alquiler social. ¿Alguien espera que esto promueva el aumento de viviendas en alquiler? ¿Desde cuándo una persona jurídica ha de renunciar forzosamente al ánimo de lucro? ¿Acaso alquilar viviendas es una actividad ilícita?».

Además, Martín añade que «desde 2020, el Gobierno ni tan siquiera ha puesto los medios para pagar las compensaciones que debían recibir los propietarios que se han visto forzosamente impedidos de recuperar sus viviendas, pues no olvidemos que junto con la suspensión se estableció el derecho del propietario a ser compensado (por mandato del art 33 Constitución), pero las compensaciones han brillado por su ausencia».

Para la abogada, «mucho está tardando la UE en obligar a España a respetar el derecho a la propiedad privada, que sí es un derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (art.17)».

Las críticas también llegan desde la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recalca que en el momento en el que decae el decreto ómnibus «la responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales que necesitan las familias vulnerables es del Estado del Estado y de las Administraciones Públicas. Y no entendemos por qué quieren volver a aprobar el decreto, porque lo que están haciendo es derivar esa responsabilidad hacia los pequeños propietarios, que están manteniendo a estas familias vulnerables».

Para Bravo, la medida es «una capa de humo para no dejar ver que el Gobierno actual no está ofreciendo los recursos necesarios a servicios sociales para atender a estas familias y que no hay vivienda social en España”. Por tanto, y en vez de «enfocar el verdadero problema tal cual es», el Gobierno tiene la necesidad de aprobar de nuevo la paralización de los desahucios «para seguir tapando las carencias de la estructura del Estado y derivar otra vez a los pequeños propietarios toda la responsabilidad».

Desde la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) también opina que «la inseguridad jurídica generada por la moratoria desincentiva a los propietarios a alquilar sus viviendas, lo que podría reducir la oferta y empeorar las condiciones de acceso para los inquilinos», e insiste en que la «prolongación indefinida de la moratoria vulnera el derecho de los propietarios a recuperar sus viviendas».

Además, sus datos ponen en evidencia la falta de efectividad de los servicios sociales, encargados de ofrecer una alternativa habitacional a los hogares con menos recursos. «En la práctica totalidad de los casos derivados a servicios sociales, éstos no intervienen, alegando la falta de recursos disponibles para atender a los afectados (99% de los casos, según datos recabados por ASVAL).
Y cuando sí intervienen, no ofrecen soluciones efectivas: solo el 3% de los casos en los que se interviene, la respuesta ha consistido en un alojamiento permanente. En el resto de los casos donde hay intervención, la ayuda más extendida consiste en subsidios económicos mínimos que no resuelven el problema estructural», exponen desde la asociación de propietarios.

Dudas sobre la fórmula que se podría utilizar

El Gobierno tendría varias maneras de volver a llevar al Congreso la paralización de los desahucios y lanzamientos por impago del alquiler de hogares vulnerables, como otro Real decreto-ley, un real decreto o un proyecto de ley. También podría plantearse una proposición de ley por parte de un grupo parlamentario.

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler no descartan que se presente como un decreto, mientras que la abogada de AF Legis asegura que no tiene claro si «lo hará nuevamente por la vía del Real Decreto, que no corresponde porque no hay una urgencia cuando llevan cinco años con la suspensión y porque es evidente que quien tiene que aprobarlo es el Parlamento”.

Una opinión que comparte la letrada de AM2 Legal, quien insiste en que «desgraciadamente, la vía del real decreto ley no la descarto en absoluto». Según Marta Martín, «no se dan las razones de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, y además, prohibir desahucios atenta claramente contra el derecho de propiedad (art.33 CE), lo cual es un límite que los reales decretos leyes no deberían traspasar (no cabe el RDL para regular materias que afecten al Título I CE), pero el Gobierno nos tiene acostumbrados a reales decretos leyes que se saltan el art 86 CE a la torera. Las exposiciones de motivos que lo justifican son pura fantasía».

«¿Había razones de extraordinaria y urgente necesidad durante la pandemia? Podemos entender que sí las había, pero ya no las ha habido después. Quien tiene que proveer de vivienda a las familias vulnerables es el Estado, no los particulares. Y mucho menos hacerlo gratis, como hasta ahora. Estamos frente a una clara confiscación de derechos que ha pasado de ser una solución de emergencia a ser una solución estructural», añade Martín.

Para la abogada, el escenario más factible es que el Ejecutivo vuelva a intentar «aprobar un ‘decreto ómnibus’ (colando la suspensión de desahucios por la puerta de atrás), que no que intenten aprobar la suspensión de desahucios a través de un real decreto ley individual (que requeriría su propia ratificación parlamentaria) o un proyecto de ley, que sería lo correcto, con su correspondiente tramitación parlamentaria y periodo de enmiendas».

Otra posible alternativa sería que un grupo parlamentario presente una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, aunque esta vía es mucho más lenta que un decreto ley urgente de inmediata aplicación, ya que primero debe dar su conformidad el Gobierno, que dispone de 30 días para ello, y luego se debe debatir su toma en consideración. En caso afirmativo, debe tramitarse en ponencia, en comisión y en el Pleno de la Cámara Baja, lo que se retrasaría varios meses antes de una potencial aprobación.

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La Unión Europea tendrá por primera vez un Comisario de Vivienda

La crisis de vivienda no sólo afecta a España, sino a toda Europa. Y para ayudar a resolver el problema, el próximo ejecutivo de la Unión Europea contará, por primera vez, con un comisario responsable de la vivienda. Dan Jørgensen, de Dinamarca, ha sido nombrado para el cargo. Su función será atraer inversiones en vivienda y fomentar la reducción de los costes en la construcción.

Aunque la UE no tiene competencias directas en este ámbito, puede poner en marcha iniciativas. El futuro Comisario Europeo de Vivienda debería, por ejemplo, desarrollar un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que debería proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros en materia de inversión. Además, este plan también debería incluir una estrategia para el sector de la construcción centrada en la reducción de costes y la mejora de la productividad, según ha publicado el diario portugués «Jornal de Negócios».

Paralelamente, el futuro Comisario de Vivienda deberá trabajar con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para crear una plataforma paneuropea de inversiones en favor de la construcción. También tendrá que trabajar para flexibilizar las ayudas públicas a la vivienda social, resolver los problemas relacionados con el alojamiento de proximidad y mejorar el uso de las viviendas existentes.

La necesidad de elegir un Comisario de Vivienda quedó claramente reflejada en la carta de misión que Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, entregó al Comisario designado Dan Jørgensen (socialdemócrata y también propuesto para la cartera de Energía). «Millones de jóvenes y familias luchan por encontrar una vivienda asequible en toda Europa. Tenemos que hacer frente a esto urgentemente ayudando a los Estados miembros a abordar los factores estructurales y desbloquear la inversión pública y privada», reza la carta citada por el mismo diario.

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Asval nombra presidenta de la asociación a Helena Beunza

La Junta Rectora también ha designado directora general a la experta inmobiliaria Laura Fernández

La Junta Rectora de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha designado a Helena Beunza como nueva presidenta en sustitución de Joan Clos, que culminó en diciembre su mandato tras liderar la asociación desde 2020. La decisión será ratificada en las próximas semanas por la Asamblea General de la asociación.

Asval ha procedido igualmente a la renovación de sus otros cargos directivos, con la designación de la directiva experta en el sector inmobiliario Laura Fernández como directora general en sustitución de María Andreu, que acabó en diciembre también su mandato.

Helena Beunza es licenciada en Derecho y experta en Estudios Urbanos y Regionales por la London School of Economics. Ha sido, entre otros cargos, directora general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), el organismo de la Generalitat Valenciana encargado de las políticas de vivienda social, y Secretaria General de Vivienda en el Ministerio de Fomento entre los años 2018 y 2020.

Por su parte, Laura Fernández es experta en el sector inmobiliario. Así lo contrastan sus 20 años de experiencia laboral en el sector, donde ha ostentado diferentes cargos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Laura Fernández está especializada en Derecho Privado y ha sido abogada fiscal en Clifford Chanche.

La Junta Rectora de Asval ha querido agradecer tanto a Joan Clos como a María Andreu su “excelente labor” al frente de la asociación, y “poner de relieve los avances conseguidos en defensa de los arrendadores, en medio de condiciones difíciles”. Asimismo, la Junta Rectora de Asval ha mostrado su predisposición a colaborar en el desarrollo técnico de la Ley de Vivienda, y considera necesario implementar medidas que ayuden a la construcción de un parque de vivienda social y asequible, a través de programas de colaboración público-privada.

Asval fue fundada en 2020 para promover el desarrollo del sector de la vivienda en alquiler en España, en línea con el resto de países de la Unión Europea, y desde su creación ha crecido en asociados hasta situarse actualmente en más de 6.000 miembros entre asociados particulares y empresas del sector, posicionándose como el referente de los propietarios de vivienda en alquiler.