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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España (Asval), ha presentado este miércoles el proyecto Life Inspire-US que, junto con Testa Homes, Fundació EuroPace, Almond Real Estate, Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI), Urbhe y la Universidad de Alicante, tiene como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler asequible en España.

La presentación del proyecto, que tiene una duración de 36 meses y finalizará en 2028, ha tenido lugar en la feria inmobiliaria The District, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El proyecto se enmarca en el programa Life-Clean Energy Transition de la Comisión Europea, y busca ofrecer soluciones integrales para mejorar la eficiencia energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad en viviendas en alquiler, contribuyendo así a la descarbonización del sector residencial.

HELENA BEUNZA

«La rehabilitación en España se ha incrementado en un año un 47% en España, pero estamos a un nivel muy inferior al que deberíamos, pues se calcula que unos 8 millones de viviendas en España deberían ser rehabilitadas de aquí a 2030», ha explicado la presidenta de Asval, Helena Beunza, durante la presentación.

Ha añadido que los edificios constituyen el 40% del consumo energético de la UE y el 36% de las emisiones de CO2, y la UE pretende duplicar la tasa anual de renovación energética para 2030, por lo que el objetivo del proyecto de Asval es «apoyar al propietario de las viviendas de alquiler, que es el impulsor de la rehabilitación».

LAURA FERNÁNDEZ

Por su parte, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha asegurado que, actualmente, «no hay ningún proyecto de rehabilitación que vaya a este segmento de vivienda de alquiler asequible» y ha detallado que el proyecto consta de tres fases.

La primera aborda el análisis y la investigación de la situación de la vivienda, la segunda corresponde a la implementación para testear a través de los proyectos piloto si ese análisis teórico es real, y la tercera es la apertura de una ventanilla única en la que Asval «se convierte en punto de referencia para los propietarios».

Esta ventanilla única no es una oficina técnica, ha precisado Fernández, sino que pone la experiencia de Asval al servicio de los propietarios de viviendas en materia de servicios financieros, técnicos, jurídicos o de sensibilización, respondiendo al principal reto que, según Asval, tiene el sector: el ‘split incentive dilemma’, la falta de incentivos para invertir en mejoras de la eficiencia energética.

Entre los objetivos del proyecto destacan mejorar la eficiencia energética de viviendas privadas en alquiler, facilitar la toma de decisiones entre copropietarios y fomentar la participación de los inquilinos, crear asociaciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del servicio, reducir cargas financieras, logísticas y legales en los procesos de rehabilitación, y promover la rehabilitación energética en barrios vulnerables.

CONSEJO ASESOR

Inspire-US cuenta con un Consejo Asesor integrado por seis expertos entre los que se encuentran: el catedrático de Derecho Administrativo, Julio Cesar Tejedor; el ceo de Green Building Council España, Bruno Sauer; la especialista en sostenibilidad y ciudades inteligentes, Ines Leal; el arquitecto y experto en planificación urbanística y regeneración José Antonio Granero; el Assistant Professor Maastricht University School of Business and Economics, Juan Palacios, y el presidente de AVS Euskadi, Luiskar Delgado.

El proyecto se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid en diferentes tipos de propiedades: edificios multifamiliares de propietarios institucionales (130 viviendas, 580 habitantes); viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales (5 viviendas, 22 habitantes), y viviendas unifamiliares de pequeños propietarios (5 viviendas, 22 habitantes).

El co-ceo de Almond, Miguel Morales, cuya empresa se encarga del proyecto piloto en viviendas individuales en Madrid, ha destacado la labor de Inspire-US en barrios vulnerables.

TESTEO

Los pilotos permitirán validar un modelo escalable a nivel español, con el objetivo de mejorar la calificación energética de los inmuebles desde la clase E a la clase B, además de testear esquemas innovadores de financiación.

Cada piloto incluirá diagnósticos energéticos, implementación de mejoras (aislamiento térmico, sistemas renovables), monitoreo y evaluación, así como la recopilación de los datos conseguidos para implementar los roadmaps.

Reclama no sobrerregular, dar seguridad jurídica y afrontar las ocupaciones

El sector inmobiliaria ha pedido al próximo Govern de la Generalitat que trabaje por aumentar la oferta de vivienda disponible y por la colaboración público-privada; dar seguridad jurídica y no sobrerregular, y afrontar las ocupaciones.

Han coincidido en eso, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce; la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, y la presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza.

XAVIER VILAJOANA (APCE)

Vilajoana pide flexibilizar la regulación urbanística; un pacto Generalitat-ayuntamientos-promotores públicos y privados, para hacer ya pisos de venta y alquiler «con un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores»; agilizar los plazos de tramitación de licencias de edificación y de tramitación de planeamientos urbanísticos; y movilizar suelo de reserva de VPO y de equipamientos.

Ha añadido que «los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan» perjudican al parque de vivienda catalán: por eso considera un fracaso la medida del 30% de reserva de VPO en Barcelona, y constata también una reducción de la oferta de pisos en alquiler, que atribuye a la Ley de Vivienda y al reciente Decreto Ley de alquileres de temporada.

En cuanto a las ocupaciones, ha reclamado una regulación «rápida y efectiva» en los casos de ocupación de vivienda sin título habilitante, que incluya a las personas jurídicas y que deje de amparar situaciones de ilegalidad, como es el caso de Catalunya.

EDUARD MENDILUCE (ANTICIPA Y ALISEDA)

Mendiluce pide más oferta y dar acceso a los más vulnerables, pero el sector público «carece de la capacidad presupuestaria» para lograrlo, por lo que plantea una relación estable y acuerdos público-privado, y pide a la Administración: un programa de incentivo de alquiler a largo plazo para dueños de vivienda vacía y un programa de concesión a 75 años sobre suelo privado para alquiler asequible con reversión a la Administración a cambio de un arrendamiento mínimo garantizado.

Además ha destacado que el FMI y el Banco de España instan a priorizar políticas que fomenten la oferta, «dejando atrás medidas intervencionistas» como los controles de precios de la Ley de Vivienda.

Ante la ocupación, ve a Catalunya como una anomalía europea obligando a alquileres sociales para «personas que no han acreditado debidamente su vulnerabilidad», lo cual causa inseguridad jurídica y que los dueños retiren pisos del mercado, y además plantea colaboración público-privada para regularizar la situación de familias vulnerables que ocupen un piso, pero a la vez pide endurecer penas en el CP.

MARÍA MATOS (FOTOCASA)

Para Matos es la época económicamente más difícil de Catalunya para comprar o alquilar, por lo que hay que equilibrar precios y frenar las grandes subidas: pide colaboración público-privada para construir más pisos asequibles, apostar por la regeneración urbana del parque de vivienda, y consensuar con el sector una seguridad jurídica que dé estabilidad al mercado.

Y no prevé que la oferta aumente pronto: Barcelona tiene más oferta de piso compartido que de piso entero para alquilar; la oferta de alquiler está bajo mínimos; el mercado de compra «se está calentando a un ritmo muy significativo» (la mayoría de distritos de las ciudades más pobladas superan precios de la burbuja de 2007); el desequilibrio oferta-demanda es muy alto; más de la mitad de promotores y constructores han parado su inversión, y más del 10% ha trasladado su actividad.

También alerta de que el temor a la ocupación hace que el dueño retire su piso del mercado, baje la oferta en Catalunya cerca del 15% y suban los precios (12% en alquiler y 4% en compra): ante eso, pide a la Administración una solución para los vulnerables, «sin trasladar la responsabilidad a los propietarios»; un cambio legislativo para frenar esta ilegalidad, y dar así imagen de estabilidad del sector.

HELENA BEUNZA (ASVAL)

Beunza prioriza aumentar la oferta, sobre todo en régimen social y asequible, pero las políticas públicas no lo incentivan: por eso pide más inversión pública y programas de colaboración público-privada «a través de los cuales se movilice vivienda ya existente», así como suelo privado para ampliar este parque.

Ve una sobrerregulación y cree que es una de las grandes causas del problema de acceder a un piso, pero, una vez en vigor la Ley de Vivienda, «lo importante es que toda regulación se lleve a cabo de forma equilibrada» y con datos realistas, y ha añadido que el problema se agrava con el decreto del Govern de abril que amplía la contención de precios a todos los alquileres salvo los vacacionales, porque cree que no nació del diálogo entre los afectados ni tiene rigor jurídico.

Reprocha a la Administración catalana permisividad con la ocupación en vez de «ofrecer una solución, en colaboración con el sector privado, a aquellas familias vulnerables que están ocupando de forma ilegal», y defiende asegurar el cumplimiento de los mecanismos legales para facilitar al dueño que recupere su vivienda.