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Urgen a una solución para inquilinos y propietarios ante los datos que muestran una «asimetría» entre el crecimiento demográfico y la oferta de vivienda en la región

El Gobierno lanzó unas zapatillas en 2006 para que los jóvenes «patearan las calles» para encontrar vivienda; hoy esa generación ha sido expulsada del mercado y sube al 67% el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres.

«Obviamente no podemos conseguirte casa, pero de momento te ayudamos a buscarla». María Antonia Trujillo, la primera ministra de Vivienda de España, presentó exultante esa mañana de 2006, hace ahora 20 años, una de las campañas más recordadas -y discutidas- de la historia inmobiliaria de nuestro país. Se trataba de las Kelifinder, unas zapatillas deportivas para que los jóvenes, que decían no encontrar casa a precios asequibles, «se patearan las calles» para lograrlo.

La iniciativa apadrinada por el Consejo de la Juventud, pero financiada íntegramente por el Ministerio, recogía la estela de otras políticas enfocadas a la facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda de Trujillo, como las «soluciones habitacionales» y la construcción de los ya célebres «minipisos».

El Gobierno decidió regalar 10.000 pares de zapatillas Kelifinder y lanzó una gran campaña publicitaria en televisiones, radios y periódicos para dar a conocer un portal informativo enfocado a los jóvenes. Su tesis era simple: las ayudas estaban ahí, sólo había que patear las calles y encontrar la vivienda perfecta. El 90% de los jóvenes que conseguían emanciparse, dijo Trujillo, durante la presentación de las Kelifinder, lo hacían gracias a ayudas de su plan de vivienda, sólo había que «encaminarlos».

Vivía la ministra aquellos días de 2006 (y todo el país, por ser justos) de espaldas a la gran hecatombe inmobiliaria que dos años después cambiaría el horizonte para siempre. Eran otros tiempos. España se encontraba en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Se construía más vivienda que en Alemania, Francia e Italia juntos, y el mercado giraba casi exclusivamente en torno a la compraventa, especialmente de obra nueva. El alquiler era residual: apenas representaba un tercio de las búsquedas en los portales inmobiliarios y no era la opción preferida, pese a ser sensiblemente más barato.

La situación de los jóvenes ya era delicada entonces, aunque aún no se vislumbraba su actual expulsión del mercado. En 2004, un 48,5% de los españoles de entre 25 y 29 años vivía con sus padres. Hoy esa cifra se ha disparado hasta el 66,6%, según el último dato de Eurostat, que sitúa ese porcentaje en la UE estable en torno al 41% en los últimos 15 años. España ha pasado de ser el decimoquinto país con más jóvenes sin emancipar en la UE a ocupar el séptimo puesto, consolidando una brecha de cuatro años respecto a la media europea, donde los jóvenes se marchan de casa a los 26 mientras aquí lo hacen ya pasados los 30 años.

Santiago Calvo, doctor en economía por la Universidad de Santiago y profesor en la Universidad de las Hespérides es tajante al respecto: «No es que los jóvenes españoles quieran quedarse en casa de sus padres. Es que el mercado no les deja elegir». Calvo señala una «razón aritmética» demoledora: el indicador de accesibilidad de Banco de España (los años de renta bruta necesarios para comprar una casa tipo) casi duplica hoy los niveles de los años 90. «Comprar una vivienda cuesta hoy casi el doble que en los 90… Llevamos más de dos décadas por encima de lo que históricamente se consideraba normal», advierte.

El cambio de paradigma es total. En 2004, casi la mitad de los jóvenes (47,7%) vivía en propiedad; hoy, esa relación se ha invertido y el 49,8% debe recurrir al alquiler. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, recuerda que en la época de las Kelifinder el alquiler era una opción minoritaria y mucho más asequible: «En aquel momento todo el foco del mercado, de las administraciones y de los medios, estaba puesto en el mercado de compraventa… Alquilar una vivienda en Madrid en marzo de 2006 era un 40% más barato que comprarla».

Sin embargo, ese refugio se ha vuelto ahora el principal foco de tensión. Según Iñareta, «arrendar una vivienda en España resulta hoy un 62% más caro que en el primer trimestre de 2006». En capitales como Madrid o Barcelona los precios del alquiler se han incrementado un 49% y un 42%, respectivamente, muy por encima de lo que se ha encarecido la compraventa, con precios un 30% de media en el país por encima ya de los que había cuando se lanzaron las Kelifinder.

De alquiler sabe mucho Helena Beunza, presidenta de Asval, la asociación que aglutina a los propietarios de viviendas en alquiler, y quien fuera directora general de Vivienda en la primera legislatura de Pedro Sánchez. «En las últimas dos décadas, el modelo de vivienda en España ha vivido una transformación profunda. Hemos pasado de un sistema centrado casi exclusivamente en la propiedad a otro en el que el acceso a la vivienda -especialmente a través del alquiler- y las nuevas fórmulas habitacionales han ganado un protagonismo incuestionable», apunta. Para Beunza, este cambio no es casual y responde a una realidad social y económica distinta, marcada por una menor capacidad de compra, una mayor movilidad laboral y la necesidad, «cada vez más evidente, de una colaboración público-privada eficaz para generar oferta suficiente».

El futuro pasa, según la presidenta de Asval, «por la progresiva europeización de las políticas de vivienda en España». «Avanzamos hacia un modelo en el que el alquiler asequible y la rehabilitación del parque construido serán los pilares fundamentales, alineándonos con las mejores prácticas europeas. La clave estará en garantizar la financiación de estas dos líneas de actuación, imprescindible para consolidar un sistema más equilibrado, sostenible y verdaderamente accesible», apunta.

Aunque este arranque de 2026 hemos empezado a ver cierta fatiga en el ritmo de subida de los precios de la vivienda y en el volumen de compraventas, lo cierto es que la escalada se ha acelerado en los últimos meses. Para María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, se ha creado una «dualidad» insostenible en el mercado. «Estamos ante un hito histórico… observamos cómo el mercado ha completado un ciclo de 20 años para situarse en un nuevo escenario de máximos». Y para Matos, el dato más alarmante es la velocidad a la que lo ha hecho en el último año: «Un salto del 26% en el precio nacional en apenas 12 meses, un ritmo de aceleración que no habíamos visto en toda la serie histórica».

Para el catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y de digitalización de Funcas, Francisco Rodríguez, el cambio ha ido mucho más allá de una cuestión cuantitativa. «Hace veinte años se popularizó la idea de las Kelifinder, como si el acceso a la vivienda dependiera esencialmente del esfuerzo individual: buscar más, caminar más, insistir más. Aquella imagen, que entonces ya resultaba discutible, tenía algo revelador: desplazaba un problema estructural hacia el comportamiento del individuo».

Dos décadas después, a ojos de Rodríguez, «hemos sustituido las zapatillas por algoritmos», ya que se han reducido casi a cero los costes de búsqueda y se ha multiplicado la información disponible para el ciudadano. Sin embargo, el diagnóstico de fondo sigue siendo el mismo para este economista: «No es un fallo de búsqueda, sino de mercado y la brecha entre oferta y demanda persiste, y en muchos casos se ha intensificado».

«Lo que ha cambiado no es la naturaleza del problema, sino la forma de experimentarlo. Antes el coste era físico; hoy es cognitivo y competitivo. Podemos ver más viviendas que nunca, comparar en tiempo real y reaccionar con rapidez, pero acceder a ellas sigue siendo extraordinariamente difícil. La fricción no ha desaparecido: simplemente se ha trasladado, de los pies a las expectativas», concluye Rodríguez.

Pese a que la España de 2006, aquella de las Kelifinder y los minipisos de Trujillo, y la de hoy se parecen poco, todavía se perciben ciertos paralelismos. «Una de las similitudes entre ambos momentos es la ceguera y la negativa de las administraciones para reconocer el fracaso de sus políticas», acota el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta. «En 2006, como ahora, desde las administraciones públicas también se trataba de menospreciar y se acusaba de agoreros a quienes denunciamos, ya a finales de 2004 mediante la edición del libro La burbuja inmobiliaria, que el sector se acercaba peligrosamente a una burbuja. En aquel momento la polarización también estaba presente, enfrentando a ‘burbujistas‘ y ‘nuncabajistas‘. El tiempo, claro, dio la razón a los primeros».

Los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España afloran una dinámica perversa que se ha ido haciendo más grande generación tras generación. Y es que las cohortes de población nacidas antes de 1965 llegaron a tasas de propiedad de una vivienda superiores al 80% en la etapa central de su vida y las mantuvieron estables. La nacida entre 1966 y 1975 fue la primera que no consolidó ese patrón, aunque llegó al 79% en torno a los 40 años, sin seguir subiendo. Los nacidos entre 1976 y 1985 partieron ya de posiciones más bajas, alcanzando el 62% a los 30 años y se estabilizaron en torno al 67-71%.

La gran brecha llego con los nacidos entre 1986 y 1995, los que hoy tienen entre 31 y 40 años. A los 26 años, solo el 32% era propietario, diez puntos menos que la cohorte anterior a esa misma edad. Con 36 años llegan el 45%. Si esta tendencia se mantiene, esta generación alcanzará a los 45 años con una tasa de propiedad entre 20 y 25 puntos por debajo de lo que tenían sus padres a la misma edad.

Desde aquellas Kelifinder, España lleva 20 años construyendo menos vivienda de la que necesita. «El control de alquileres, lejos de abaratar el acceso, ha expulsado oferta del mercado en las zonas donde se ha aplicado», advierte Santiago Calvo. «Lo que hace falta, más construcción, menos burocracia, más seguridad jurídica para los arrendadores, no tiene el atractivo político de una medida visible a corto plazo. Pero es lo único que ha funcionado históricamente en los países donde los jóvenes pueden emanciparse a los 22 años y pagar un alquiler razonable. No hay secreto ni modelo exótico: hay suelo, hay permisos y hay viviendas», advierte.

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Helena Beunza

La respuesta a la crisis energética no puede pasar por reducir la oferta de vivienda ni por alejarse del enfoque europeo basado en estabilidad y aumento del parque de alquiler

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha reactivado las tensiones energéticas y la presión inflacionaria en Europa, obligando a los gobiernos a actuar con rapidez para proteger a los hogares más vulnerables. En este contexto, España ha optado por intervenir directamente el mercado del alquiler mediante un real decreto-ley que limita la actualización de rentas y establece prórrogas obligatorias de contratos.

La urgencia de la respuesta no debe impedir un análisis riguroso de su contenido y de sus efectos previsibles.

La experiencia demuestra que este tipo de intervenciones, lejos de mejorar el acceso a la vivienda, terminan reduciendo la oferta disponible y excluyendo a los hogares más vulnerables. Ante mayores restricciones e inseguridad jurídica, muchos propietarios optan por retirar viviendas del mercado o no incorporarlas. El resultado es un mercado más pequeño, menos accesible y más excluyente.

Las medidas adoptadas son, además, de gran alcance. La limitación de la actualización de rentas al 2% hasta finales de 2027 y la introducción de prórrogas obligatorias de contratos de hasta dos años suponen una intervención directa tanto en los precios como en la duración contractual del alquiler, alterando de forma sustancial su funcionamiento.

Este enfoque presenta, además, un rasgo relevante: no se articula a través de instrumentos focalizados en los hogares en situación de vulnerabilidad, sino mediante medidas de carácter general que afectan al conjunto del mercado, con independencia de la situación económica de arrendadores y arrendatarios. Ello refuerza su impacto sobre la oferta disponible y limita su eficacia desde el punto de vista distributivo.

A ello se añade un elemento que no debería pasarse por alto. Incluso si este real decreto-ley no llegara a ser convalidado, su mera aprobación ya genera efectos relevantes. La introducción de medidas de esta naturaleza incrementa la percepción de riesgo regulatorio, introduce ruido y retrasa decisiones de inversión. En un mercado especialmente sensible a la seguridad jurídica, esto tiene un impacto inmediato: menor disposición a poner vivienda en alquiler y mayor cautela por parte de los propietarios. Es decir, efectos contractivos sobre la oferta incluso antes de su aplicación efectiva.

Frente a esta intervención, los países de nuestro entorno están adoptando una estrategia distinta. La respuesta europea se está centrando en el origen del problema -el shock energético- mediante el apoyo a los sectores más afectados.

En materia de vivienda, la línea es clara: mantener la estabilidad regulatoria y evitar medidas que puedan deteriorar la oferta. Incluso en aquellos países con sistemas de control más desarrollados, no se están introduciendo nuevas capas de intervención que agraven la escasez existente. De hecho, países como Irlanda, que han aplicado controles de rentas en los últimos años, están introduciendo mecanismos de flexibilidad para corregir su impacto sobre la oferta, evitando así una mayor contracción del mercado, eliminando las zonas de mercado tensionado y permitiendo que los nuevos contratos se realicen a precios de mercado.

Este enfoque responde a una orientación estratégica que también se consolida a nivel comunitario. La agenda europea de vivienda se basa en aumentar la oferta, movilizar inversión, reforzar la colaboración público-privada y garantizar seguridad jurídica. El objetivo es ampliar el mercado de vivienda asequible, no restringirlo.

En este contexto, las medidas adoptadas en España no solo resultan ineficaces desde el punto de vista económico, sino que nos sitúan en una posición de divergencia respecto al marco europeo. Una divergencia que debilita nuestra capacidad para atraer inversión y dar respuesta a un problema estructural.

La vivienda es un pilar esencial de la cohesión social y del desarrollo económico. Precisamente por ello, no puede convertirse en el terreno de políticas que, lejos de resolver el problema, lo agravan.

Hoy más que nunca, España necesita alinearse con la estrategia europea: proteger a las personas sin erosionar el mercado, garantizar estabilidad regulatoria y apostar por un crecimiento sostenido de la oferta de vivienda asequible.

No es momento de tomar atajos que reducen el mercado. Es momento de reforzarlo.

Porque cuando el mercado se reduce, la exclusión aumenta.

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Helena Beunza es presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).

La presidenta de la asociación de propietarios del alquiler y ex secretaria general de Vivienda del Gobierno pide volcarse en construir vivienda en alquiler asequible y alerta de la indefensión del pequeño propietario.

¿Cómo de grave es el problema de la vivienda en nuestro país?

Es grave. No estamos ante un problema coyuntural de precios, estamos ante un problema estructural de falta de vivienda y esto se soluciona solamente con medidas estructurales de largo plazo y medidas que cuesta su implementación. Es necesario centrarse en el incremento de la oferta de vivienda asequible. Y esto lo dicen la OCDE y los expertos de la Comisión Europea: hay que generar masivamente vivienda asequible.

Eso necesita una gran inversión.

Para eso necesitamos el capital privado, tanto el que tiene lucro limitado como el sin ánimo de lucro. Piensa que hay una previsión ya demográfica de que seremos 53 millones en el 2030 y después, hasta el 2039, se sumarán otros 3,7 millones más. De manera que ya no es que partamos del déficit ya establecido en 700.000 viviendas, sino que ese déficit cada año va subiendo y no estamos creciendo, obviamente, al ritmo necesario en generación de vivienda.

Usted estuvo en la sala de máquinas del Gobierno: fue secretaria general de Vivienda entre 2018 y 2020, ¿ve la crisis hoy peor que al llegar?

Hoy es más grave porque ese déficit de vivienda se va acumulando y además porque las previsiones demográficas también han cambiado mucho. España es un país que va a recibir mucha gente en los próximos años. Nuestra economía necesita de esta inmigración, pero tenemos que ser capaces de darles una solución habitacional. La necesitan tanto los jóvenes españoles como las personas que están viniendo al país. Y no lo estamos consiguiendo.

Se han puesto ya algunas medidas, como límites a los precios. ¿Cómo diría que están funcionando?

Empezamos a poder hacer un balance porque ya hay datos de varios trimestres acumulados. Es cierto que ha habido un descenso en los precios, un descenso que cada vez va siendo más limitado, pero que viene fundamentalmente causado porque el stock que se está poniendo en alquiler cada vez es de menor tamaño y de peor calidad. Estos controles de precios, tal y como se han definido, lo que están generando es una reducción del stock de vivienda en alquiler y que la que se está poniendo en alquiler sea más pequeña y peor.

Dice «tal y como se han definido», ¿podían haberse diseñado límites de una manera más adecuada?

Otros países que han establecido medidas de control de precios lo han hecho siempre como algo muy definido tanto en el tiempo como en el espacio y lo han acompañado, además, de una dotación presupuestaria muy amplia para impulsar la oferta y contrarrestar efectos perniciosos. Aquí, de momento, no hemos visto medidas que hayan conseguido incrementar la oferta.

¿Y dotación presupuestaria?

Creo que hay una voluntad palpable de incrementar la consignación presupuestaria de vivienda, pero partimos de una situación muy lejana a la del resto de países que sí que tienen este control de precios. Es decir, el gasto medio en vivienda por habitante en nuestro país, según los datos del Ministerio, está en 34 euros por vivienda. En Irlanda, por ejemplo, que también ha tenido medidas de control, hay un gasto medio de alrededor de 360 euros. Estamos, por tanto, todavía muy lejos.

El escaso parque público no es contrafuerte, ¿no?

Efectivamente, también afecta el escaso parque público que tenemos. Estamos legislando como si tuviésemos un gran parque de vivienda, pero realmente estamos ejecutando las políticas con un parque muy lejano al de los países de nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que al final los propietarios se han convertido en el escudo social. Se les están imponiendo una serie de cargas para solucionar una situación que debería de ser responsabilidad del Estado.

Las medidas de control de precios se están aplicando en unas CCAA, con Cataluña a la cabeza, pero no en otras. ¿Se ha generado otra brecha social, dos Españas, en vivienda?

Desde luego se está generando una situación muy diferente respecto a la inversión y la generación de vivienda en alquiler asequible en función de esta situación. ¿Por qué? Porque para generarla necesitamos inversión privada. Con solo inversión pública no se va a conseguir y la privada tiene una retracción en aquellas zonas donde se está aplicando el control de precios. Cualquiera que tenga un amigo o un familiar que ha buscado piso de alquiler en Barcelona sabe perfectamente cuál es esta situación. Ya no es lo que digan los portales, es lo que están viviendo las familias y los jóvenes en sus propias carnes. Es una situación muy compleja porque, a la vez que se están estableciendo estas dos realidades, también estamos viendo otro movimiento, la centralización.

¿A qué se refiere?

Estamos acudiendo a una situación de centralización de las políticas de vivienda, en la gestión y la ejecución. Creo que esto merece una reflexión cuando hay voces alertando de que es necesario que mantengamos la Europa de las regiones, el municipalismo, etcétera, etcétera. Es cierto que es necesario que exista una normativa común a nivel nacional, pero también es cierto que estamos en un país descentralizado en el que las políticas de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas.

¿Percibe un deterioro en la sensación de seguridad jurídica a ojos de los inversores?

Se está generando una situación de inseguridad, no solo ya respecto a los inversores, sino también respecto del pequeño propietario. Este es esencial para generar oferta de una manera rápida y para que ponga su vivienda en alquiler, necesitamos que tenga esa sensación de seguridad y de estabilidad, sensación de protección del derecho de propiedad. Y respecto del inversor institucional, noticias como, por ejemplo, la falta de protección de la vivienda en los casos de ocupación o la lentitud de nuestros procesos, no ayudan. La necesidad que tenemos de flexibilizar y de agilizar todos los procedimientos administrativos está actuando como una losa sobre nuestra competitividad y capacidad de innovación.

Esta semana el Ejecutivo ha planteado una medida para cubrir posibles impagos de jóvenes o familias vulnerables. ¿No es positiva?

Esta es una iniciativa que ya se anunció a principios de año. Toda iniciativa que parta de la protección del propietario para nosotros es positiva, pero es necesario que vaya bien acompañada de una clara consignación presupuestaria y de un mecanismo que realmente cumpla la finalidad para la que ha sido creado.

¿Por qué no les convence el índice al que se referencian los precios?

El Serpavi, que es el sistema del índice de precios que va a ser necesario, no es un índice de mercado, esto ya se ha reconocido por el Banco de España y numerosos estudios técnicos. Es un índice, en su caso, de asequibilidad y por lo tanto, políticamente, no se puede utilizar diciendo que el que alquile por debajo del Serpavi estará protegido, porque eso no significa que alquile por debajo del mercado. Es un índice de asequibilidad con datos de hace dos años y que tampoco es transparente.

Casa 47 ya opera. ¿Era necesaria una empresa pública estatal?

Yo siempre he sido defensora del sector público. Fui vicepresidenta de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y fui directora general de la entidad pública empresarial en la Comunidad Valenciana. Conozco perfectamente cómo funciona el sector público. Lo realmente necesario es que tengamos un sistema jurídico por el que estas empresas puedan gestionar los parques públicos y generarlos de una manera ágil.

¿Qué hace falta para eso?

Hay cuatro o cinco puntos de dolor, que son fundamentales, como determinadas modificaciones en la ley de subvenciones o en la ley de contratos, que de verdad facilitarían que todas las empresas públicas que hay en España, que son muchísimas, y que llevan prestando y promoviendo vivienda desde hace muchísimo tiempo, pudieran de verdad poner toda su maquinaria en funcionamiento. Lo que hace falta es que todos municipios y CCAA pongan la maquinaria a trabajar y para eso es necesario escucharlos y dotarlos de los mecanismos necesarios para que la colaboración público privada de estas empresas sea ágil y una realidad. Es decir, que el sector público actúe, por un lado, pero también que actúe como impulsor de la inversión privada. El capital público debe conseguir movilizar inversión privada y acompañarla.

¿Qué podemos esperar de los precios en 2026? ¿Seguirán subiendo?

Como la situación en la que estamos es un desajuste entre la oferta y la demanda, lo natural es que siga un incremento de los precios hasta que seamos capaces de generar esta oferta de vivienda en alquiler asequible o incluso de vivienda en propiedad asequible. Lo cierto es que la capacidad de los españoles está llegando a un límite que va más allá de lo razonable. Y esto no es beneficioso para nadie, ni para el sector público, ni para el privado, ni para los propietarios, ni para los inquilinos. Va a seguir creciendo el precio, pero de una manera más comedida.

Las cifras de ocupación oscilan mucho según a quien se pregunta…

Cuando se miran los datos de fuerzas y cuerpos de seguridad, puede parecer que ya no hay tanta ocupación, pero lo que está ocurriendo es que si se acude a la institución jurídica que debería solucionar los problemas de ocupación, nos encontramos con procedimientos que pueden tardar 18 o 24 meses. ¿Por qué? Porque se basa todo en la existencia de un informe de servicios sociales sobre la vulnerabilidad de la familia.

¿Y no lo ve necesario?

Obviamente, es necesario discernir quién es vulnerable y quién no. Y al que es vulnerable, darle la protección que se merece. Pero los servicios sociales no están preparados para emitir todos estos informes y el sistema no está funcionando. Por lo tanto, los particulares, y eso se ve claramente en la encuesta anual que hacemos, no acuden al sistema judicial para defender su propiedad, sino que llegan a acuerdos con los okupas o intentan soluciones ajenas a las instituciones jurídicas. Y eso, desde luego, es muy preocupante.

Con esta necesidad que tenemos, ¿cómo se puede explicar al ciudadano el bloqueo de la ley del suelo?

Es el fiel reflejo de la polarización política en la que nos encontramos. Es un texto con unas medidas consensuadas con el que, además, el sector privado no solo está de acuerdo, sino que ha impulsado que se apruebe. Y no conseguimos sacarlo hacia adelante. Esto merece una importante reflexión por parte de todos.

¿Qué medidas fiscales echa de menos para estimular la oferta?

La recaudación de los impuestos sobre vivienda y patrimonio llega en España a un 12 o un 14% cuando el gasto público está en un nivel tan bajo. Es decir, tenemos un sistema fiscal que grava la vivienda en lugar de impulsar la generación de la vivienda asequible. Hay una batería de medidas sobre las que también existe unanimidad, como es trabajar con el IVA, avanzar en la deducción del IRPF y en los impuestos societarios. Hay que conseguir que ese capital se destine a generar alquiler asequible.

¿Qué espera del plan de Vivienda que la Comisión Europea presentará este martes?

Lo veo muy interesante. Creo que realmente vamos a un cambio de paradigma.

¿En qué sentido?

La vivienda se va a ver como infraestructura social necesaria de los países, al igual que la energía u otras cuestiones fundamentales.

¿Y qué implica?

Parece algo muy técnico, pero es algo muy importante porque al definir vivienda como un servicio económico de interés general, podamos ir a ese sistema coste/renta en la fijación de las rentas y que no se consideren ayudas de Estado o que no haya que comunicarlo como tal. Esto facilita considerablemente la inversión privada y va a tener un impacto importante. El plan europeo se basa fundamentalmente en la inversión privada para generar ese grueso de ese parque de vivienda en alquiler asequible