El debate sobre vivienda está entrando, por fin, en una nueva fase en Europa. Frente a planteamientos simplistas o puramente ideológicos, cada vez más países están asumiendo una realidad básica: garantizar el acceso a una vivienda asequible exige aumentar de forma decidida la oferta.
Ese cambio de enfoque resulta especialmente relevante porque durante demasiado tiempo el debate público en España ha girado más alrededor de cómo intervenir el mercado que de cómo generar más vivienda. Sin embargo, la realidad es contundente: cada vez hay menos vivienda disponible allí donde más se necesita, los precios continúan tensionados y amplias capas de renta media encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda asequible.
El problema no es la falta de diagnósticos. El problema es seguir evitando la conclusión más evidente: sin un incremento masivo y sostenido de la oferta no habrá solución posible. Y eso exige abandonar prejuicios ideológicos y asumir que movilizar inversión privada no es una anomalía ni una concesión al mercado, sino una condición imprescindible para ampliar el parque de vivienda asequible.
En este contexto, la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda supone un avance positivo, pero claramente insuficiente. España arrastra un déficit estructural de vivienda que exige mucho más que medidas parciales o anuncios coyunturales: requiere una estrategia sostenida de aumento de oferta, seguridad jurídica y movilización de inversión a gran escala.
Los países europeos con políticas de vivienda más consolidadas han entendido que aumentar la oferta exige combinar inversión pública y capacidad de movilización del sector privado. El debate ya no está en si debe existir colaboración público-privada, sino en cómo diseñarla de forma eficaz para generar más vivienda asequible. Incluso gobiernos cuyo carácter progresista no está en duda, como el del Reino Unido, están impulsando ambiciosas políticas de incremento de oferta con objetivos masivos de construcción de vivienda, reformas urbanísticas y el desarrollo de una nueva generación de ciudades y grandes desarrollos residenciales. Todo ello acompañado, además, de importantes reformas de protección al inquilino. Es decir, más protección, sí; pero también más oferta.
Y precisamente ahí España necesita avanzar con mayor determinación. En este sentido, el nuevo Plan incorpora incentivos para fomentar el alquiler asequible, lo que supone un avance positivo. Pero todavía estamos lejos de contar con un modelo de alquiler asequible incentivado plenamente desarrollado, estable y previsible.
Ese debería ser uno de los grandes objetivos de la política de vivienda en España: construir un sistema capaz de atraer inversión y movilizar vivienda asequible a gran escala de manera sostenida. Porque sin oferta suficiente no habrá solución posible. Y para generar esa oferta resulta imprescindible crear un entorno de confianza que permita desarrollar proyectos a largo plazo.
Europa está además consolidando una concepción más amplia y operativa de la vivienda asequible en el ámbito de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), incorporando también a hogares de renta media con dificultades de acceso. La adecuada incorporación de este marco en España puede convertirse en una oportunidad decisiva para dotar de seguridad jurídica y viabilidad económica a los modelos de alquiler asequible incentivado.
Precisamente, la seguridad jurídica es hoy uno de los elementos más determinantes. La vivienda en alquiler requiere inversiones intensivas y a largo plazo. Sin estabilidad normativa, sin reglas claras y sin coherencia regulatoria, será muy difícil atraer el capital necesario para aumentar el parque de vivienda asequible. La fragmentación de instrumentos y la incertidumbre regulatoria no solo ralentizan proyectos; también reducen la capacidad del sistema para responder a la urgencia social existente.
A ello se suma una cuestión de fondo que rara vez se aborda con suficiente claridad: en demasiadas ocasiones, los propietarios están asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente. Por eso, cualquier mecanismo de protección debe venir acompañado de sistemas de compensación claros, efectivos y adecuadamente dotados desde el punto de vista presupuestario. Solo así podrá garantizarse un reparto equilibrado de responsabilidades y preservar la confianza en el sistema.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda avanza en la buena dirección. Pero la gravedad del problema exige ir mucho más allá. Será necesario reforzar la ambición presupuestaria, consolidar un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y garantizar un entorno regulatorio estable que permita movilizar inversión y aumentar la oferta de forma sostenida.
Porque el diagnóstico ya no admite dudas: sin más vivienda —y sin más vivienda asequible— no habrá solución. Y el tiempo corre en contra.
Helena Beunza, presidenta de ASVAL
